Viviendas para los acaudalados

Leímos en El Mercurio del sábado 13 de junio pasado la crónica “Viviendas de lujo no sienten la crisis: aumenta venta en verde”, en donde se informa que ese tipo de inmuebles, de entre las UF 21.000 y UF 50.000, se venden con mucha facilidad y que la mayoría de sus compradores las pagan en efectivo. Tengamos en cuenta que cincuenta mil uefes son 2 millones de dólares. Lo anterior no nos extraña en absoluto porque la minoría de la población en este país neoliberal concentra la riqueza en forma vergonzosa, tal como lo sentenció últimamente la CEPAL. Todas esas viviendas faraónicas están localizadas en el sector oriente de Santiago, específicamente en las comunas de Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes y algunas de ellas se construyeron en zonas admirables por su entorno natural, aunque más allá de los límites urbanos.

Es más, también hemos leído en algunos medios de negocios que, según el Informe Inmobiliario Incoin, en el primer trimestre de este año se vendieron más unidades que en el último trimestre de 2008 y que esta alza corresponde al 20%, algo bastante indicativo de la conducta del mercado. Pero pese a lo anterior, las asociaciones empresariales, con una solapada campaña del miedo, han estado pidiéndole al gobierno que postergue la aplicación de la ley para que así las viviendas sobre las 4 mil 500 UF mantengan la regalía actual. No podemos perder de vista que existe una sobreoferta inmobiliaria como consecuencia de los equivocados cálculos que hizo la industria respecto a la demanda esperada.

Hace poco, la Asociación Gremial de Oficinas de Arquitectos (AOA) solicitó al gobierno postergar la aplicación de la ley, es decir, el pago del IVA de las viviendas nuevas con precios sobre las 4 mil 500 UF. Ello, en consideración a que sus 163 asociados habrían reducido sus niveles de actividad. Recordemos que esa asociación empresarial reúne a los más destacados arquitectos del país y la totalidad de sus proyectos son de nivel muy superior, lo que significa que sus distinguidos clientes deberán pagar ese tributo, al igual que el resto de los chilenos que compran otros bienes

Como vemos, el sector de la construcción, y en especial las empresas que explotan el negocio inmobiliario, están desplegando todas sus energías e influencias para que se postergue la aplicación de la ley que termina con la exención del IVA para las viviendas de UF 4.500 para arriba. Ese sector de la economía, por tener excelentes lobbystas que saben relacionarse con los ministerios sectoriales y con ciertos parlamentarios, casi siempre consiguen lo que desean de los distintos gobiernos y por ello esperan que lograrán un nuevo éxito en su iniciativa pedigüeña.

Así sucedió cuando se trató en el primer trimestre del 2008 en el Congreso Nacional el término de la exención del IVA para las viviendas con precios superiores a UF 2.000. Convengamos que éste es un tributo muy especial, porque el Servicio de Impuestos Internos (SII) devuelve a las constructoras el 65% del mismo. Con la ayuda de insignes personajes de connotación pública se desnaturalizó el proyecto del gobierno impulsado por el diputado PS Carlos Montes, manteniéndose íntegra la franquicia para las viviendas de hasta 2 mil UF y escalonada con un tope fijo para el resto, estableciéndose que las de 4 mil 500 UF para arriba, a partir de julio de este año, deben pagar íntegro ese IVA especial, lo que es rechazado por la industria.

Siempre hemos dicho que ese subsidio se debería focalizar en la demanda y por una sola vez, para que así cumpla una función social, pero nuestra débil institucionalidad ha preferido mantener el subsidio a la oferta de todas las viviendas, con lo que se ha estado favoreciendo, de modo escandaloso, al sector productivo, generándose un trato discriminatorio con otros sectores de la economía que sí pagan IVA y produciéndose por lo tanto una desviación de comercio : por ello existe un sobrestock de viviendas.

Vale la pena transcribir lo que manifestó en La Segunda del 29 de mayo pasado Ernesto Fontaine, conocido economista y académico de derecha, ante las inmoralidades e inequidades que se dan en el ámbito del pago de los tributos. Con una transparencia poco habitual en Chile dijo: «¿Cómo es posible que alguien que tenga 80 departamentos DFL2, que tiene un tremendo ingreso por eso, no pague impuestos?» (sic). Recordemos que los inmuebles DFL2, que son los que más se construyen, tienen infinidad de regalías tributarias, siendo la más gravitante la no declaración de las rentas que generan las mismas y por ello Fontaine, padre de quien lidera el plan económico de Enríquez-Ominami, con justa razón, reclama airadamente.

En los últimos meses, el Ministerio de Vivienda ha estado aprobando una serie de medidas que favorecen al sector inmobiliario, con lo cual le ha sido muy fácil a estas empresas vender sus viviendas de hasta 2 mil UF (42 millones de pesos). Para constatar lo anterior basta mirar los noticieros de TV, que muestran a los impulsivos adquirentes llenando formularios para que los bancos financien sus créditos hipotecarios con las tasas de interés históricamente más bajas. La Cámara de la Construcción ha puesto el grito en el cielo, aduciendo que la aplicación de la ley en julio aumentará la burocracia y que, por ser las viviendas de mayor precio las que generan más inversión, se estaría ahuyentando a los capitalistas. Y en un arranque de histeria, su presidente llegó a pedir que a los compradores de viviendas se les descuenten los dividendos del impuesto global complementario. Bueno, en pedir no hay engaño.

Los que impulsamos el libre mercado de verdad, donde todos los actores económicos deban competir en igualdad de condiciones, y quienes sostenemos que los subsidios se deben focalizar sólo para los sectores más pobres, le hacemos un llamado a los políticos que deciden para que, no dejándose embaucar, hagan cumplir la ley tal como se aprobó el año pasado. Y ojalá el ministro de Hacienda, persona que sí sabe de números, ordene los estudios necesarios para que próximamente esta franquicia esté dirigida sólo a quienes demandan viviendas, incluso sin tope de precio, y por una vez a cada beneficiado.

Ahora que estamos en plena campaña, terminamos con una pregunta: ¿los presidenciables tendrán opinión sobre este asunto de corte tributario?

Por Patricio Herman

Fundación «Defendamos la Ciudad»