Ya es ley ampliación de cobertura de la Pensión Garantizada Universal: Se aumenta en 70 mil beneficiarios

En condiciones de cumplir su trámite de promulgación como ley de la República quedó el proyecto que modifica la ley que crea la pensión garantizada universal PGU

En lo fundamental la iniciativa permitirá llegar a las personas de 65 años o más pertenecientes al 90% de la población de Chile, sumando así 70 mil nuevos beneficiarios a la PGU

En la actualidad, la PGU que reemplazó a los beneficios de vejez del Pilar Solidario, contempla un universo de unas 2 millones 400 mil personas, sin embargo, diversos senadores y senadoras hicieron ver algunos desafíos en cuanto a la focalización, porque cerca de 200 mil potenciales beneficiarios no han logrado ser contactados para la asignación, lo que resulta “frustrante” pues “los recursos están disponibles”, señalaron.

Otro aspecto que fue relevado durante el debate fue que el beneficio se asigna a mujeres mayores de 65 años, pese a que legalmente jubilan antes.

El proyecto plantea que este texto empezará a regir desde el tercer mes de publicada la ley, y el informe financiero proyecta que en el primer año el mayor gasto fiscal sería de $107.886 millones, periodo en que estiman que habrá 73.220 nuevos beneficiarios. Para el segundo año el informe financiero proyecta un mayor gasto por $140.339 millones y 71.380 beneficiarios adicionales. En régimen estiman un mayor gasto por $168.670 millones para 76.070 nuevos beneficiarios, esto es desde el sexto año en adelante.

Reacciones de Hacienda y Trabajo

Además de agradecer a los parlamentarios del Congreso por el apoyo al proyecto, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, señaló que “esta ley genera la posibilidad que 70 mil personas mayores se incorporen a la Pensión Garantizada Universal. Queremos recordar que el aumento de la cobertura del 60% al 90% de la PGU partió en agosto del año 2022, desarrollando el Instituto de Previsión Social distintas gestiones para poder llegar a las y los beneficiarios. Sin embargo, se instalaba entre varias personas una sensación de injusticia, porque no entendían el motivo por el que no calificaban, ya que no eran parte del 10% más rico de la población”.

Añadió que “así, la ley ha tenido una mejoría importante que va a permitir que ingresen 70 mil personas más, de las cuales 24 mil de ellas que ya habían presentado su solicitud y fueron rechazadas con motivo de la ley vigente, serán recalificadas de oficio sin tener que presentar nuevamente solicitud, a fin de que puedan empezar a recibir este beneficio”.

Por su lado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que “con la aprobación de este proyecto, estamos cumpliendo con otro de los compromisos que suscribimos con motivo de la discusión de la Ley de Presupuesto del 2023”, cuando el tema de la cobertura de la PGU fue muy discutido. “Nosotros comprometimos ingresar un proyecto antes de fin de año, así lo hicimos y, afortunadamente, ahora tenemos un proyecto aprobado con el apoyo de todas y todos los parlamentarios”, mencionó.

Asimismo, agregó que, si se suman el proyecto de Reforma Previsional con el reforzamiento de la PGU, el perfeccionamiento del componente de capitalización individual y la creación del componente de seguridad social, “vamos a tener en régimen un sistema que, en términos del financiamiento de los beneficios, va a estar muy cercano a 3/3, es decir, va a ser un sistema mucho más equilibrado que el que tenemos hoy”.

De acuerdo con lo expuesto por el Ejecutivo ante las diferentes instancias legislativas, bajo el actual mecanismo de cálculo, que fue establecido en la Ley 21.419 que creó la PGU a inicios de 2022, se restringió el umbral para definir el 90% que calificaba para recibir el beneficio, toda vez que la población mayor de 65 años es más pobre que la población total del país. De este modo, personas que no forman parte del 10% más rico de la población total del país no accedían al beneficio por el parámetro definido en la mencionada ley.

Lo anterior significó un cambio de criterio respecto a la forma de cálculo de los beneficiarios de la Ley 20.255 que creó la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario de vejez, que beneficiaban al 60% de la población de menores recursos del país.