Carne podrida en Brasil pone en alerta a millones de personas

Al parecer, el gobierno de Michel Temer no es lo único que está podrido en Brasil: la Policía Federal brasileña puso en marcha el pasado viernes 17 de marzo una enorme operación para desmantelar una trama de corrupción que involucraba a procesadoras de carne e inspectores agropecuarios del Ministerio de Agricultura. Desde ese sector, se descubrió que se autorizaba la comercialización de productos que no cumplían las normas de calidad o que, incluso, estaban caducados o podridos.

La investigación hasta el momento ha salpicado a 29 compañías, incluidas las dos empresas brasileñas más importantes del mercado interno y para la exportación: JBS y BRFoods. Sin embargo, estas firmas han negado las irregularidades.

El delito descubierto se basa en el reenvasado de productos caducados, la sustitución de carne por mercancías más baratas, como la soja y el pollo, y hasta la inyección de sustancias potencialmente cancerígenas para así poder disimular el mal estado de la comida. La falta de ética empresarial y estatal llega al punto de que esa carne podrida incluso se destinaba a los almuerzos escolares, según informa El país de España. En la misma dirección, se supo que países como Italia impidieron la entrada de un lote de carne de BRF bajo la sospecha de estar contaminada por salmonela, una bacteria que provoca vómitos y diarrea.

La falta de ética empresarial y estatal llega al punto de que esa carne podrida incluso se destinaba a los almuerzos escolares

“Un sinnúmero de niños de escuelas públicas estatales de Paraná (sur de Brasil) están comiendo productos caducados, en mal estado y en muchas ocasiones incluso cancerígenos para satisfacer el interés económico de esta poderosa banda criminal”, escribió el comisario de la Policía Federal Maurício Moscardi Grillo.

Si bien todavía no se sabe con exactitud el tamaño de la red y el volumen de mercancías potencialmente afectadas, ya ha sido más que suficiente para alertar a millones de personas y disminuir la confianza de los consumidores. Al mismo tiempo, el mercado financiero también hizo notar su desconcierto con estas dos empresas clave en Brasil. Tal como trascendió en estos días, las acciones de las empresas salpicadas se han desplomado: JBS cayó el viernes casi un 11%, el mayor descenso en cuatro meses; y BRF se ha hundido un 7,25%.

“Un sinnúmero de niños de escuelas públicas estatales de Paraná (sur de Brasil) están comiendo productos caducados, en mal estado y en muchas ocasiones incluso cancerígenos para satisfacer el interés económico de esta poderosa banda criminal»

Por su parte, las autoridades brasileñas garantizaron este domingo 19 de marzo que «no existen riesgos sanitarios» con las carnes producidas en el país, ya sean para el consumo interno o la exportación, y se arriesgaron a minimizar el descubrimiento de una mafia dedicada a adulterar esos productos. «Todas las evaluaciones hechas desde que surgieron las denuncias comprueban que no existe riesgo sanitario», dijo el secretario del Departamento de Defensa Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Luiz Eduardo Pacifici Rangel.

Según el propio funcionario, resulta necesario «tranquilizar a la sociedad», pues los casos de adulteración de carnes fueron «puntuales» y todos detectados por las autoridades, que ante esa denuncia habrían reforzado, en palabras de Pacifici Rangel, los controles y las inspecciones a empresas del sector alimentario

El cuestionado y polémico presidente Michel Temer, al enterarse del tema, convocó a reuniones de emergencia en Brasilia a ministros, empresarios y embajadores de los mayores mercados del primer exportador mundial de carne bovina y avícola, ante quienes alegó que los frigoríficos acusados de vender productos vencidos o averiados son apenas 21, sobre casi 5.000, según informa el diario argentino Ámbito financiero.

«Todas las evaluaciones hechas desde que surgieron las denuncias comprueban que no existe riesgo sanitario», dijo el secretario del Departamento de Defensa Agropecuaria del Ministerio de Agricultura

Lo particular de esta denuncia es su momento político, ya que el caso estalla además en momentos en que el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay – ya que Venezuela cuenta con cierto recelo y está siendo cada vez más apartada por los demás estados miembros-) y la Unión Europea buscan acelerar un acuerdo de libre comercio, en el cual los países sudamericanos reclaman mayores cuotas de entrada para sus productos cárnicos al viejo continente. ¿Afectará este caso a los posibles acuerdos entre los organismos internacionales?