Columna de opinión:  Sobre la censura en los Fondos Concursables 

Por Bhav (Marcia Ravanal-Villarroel)
Doctor © en Psicología por la Universidad de Chile
Equipo directivo de Excéntrico

Enfrentamos una situación que no veíamos hace décadas. La cultura, las artes y la producción
de conocimientos están siendo administrados de forma cada vez más fuerte bajo criterios de
exclusión y censura que responden a ideologías específicas históricamente peleadas con la
reflexión crítica. Lo que acontece tanto con los Fondos Concursables del MINCAP, como con
las becas ANID, a primera vista parecen decisiones administrativas, pero tienen
consecuencias políticas profundas y posiblemente también irreparables. Lo sabemos, la
censura rara vez comienza prohibiendo libros o encarcelando intelectuales: hoy se despliega
modificando reglamentos, criterios de evaluación o prioridades de financiamiento que van
constriñendo el quehacer intelectual y eventualmente el sentido común.

En nuestro país hoy en día prima un proyecto político que articula neoliberalismo económico
con la defensa de un orden sexual tradicional mediante la acción conjunta de la religión, los
medios, redes sociales y lastimosamente también, las políticas públicas. A este escenario se le
conoce como neoconservadurismo (List- Reyes, 2014), en el cual se produce un clima de
temor en torno a la sexualidad alimentado por la asociación permanente entre sexo y peligro
(pánico sexual).

Con la incorporación del criterio de exclusión en los Fondos Concursables que establece que
“No se considerarán proyectos cuyo contenido se encuentre dentro de los mencionados en el
artículo 2 de la Ley N.º 19.846, letras d) y e)”, el Estado comienza a decidir, bajo criterios
morales arbitrarios, qué expresiones quedan fuera del espacio legítimo de la creación artística
y del financiamiento público. Tal como se ha visto en diversas columnas la última semana, las
preguntas inevitables son: ¿puede una ley concebida para clasificar películas transformarse en
un criterio válido para excluir obras del financiamiento estatal? De ello surge una interrogante
aún más profunda: ¿quiénes tienen la potestad de definir qué puede ser objeto de creación,
investigación o discusión pública y qué debe permanecer fuera de estos márgenes? Lo que
está en juego es el derecho de una sociedad a confrontar imágenes incómodas; precisamente
aquellas que, a lo largo de la historia, han ampliado los límites de lo pensable, desafiado los
consensos y fortalecido nuestra capacidad de reflexión.

Tenemos un gobierno que evade ser transparente en cuanto a su orientación censuradora y
discursivamente se presenta bajo la figura añeja de la “protección de la sociedad”. Esta figura
no es nueva, Irving Kristol, uno de los principales ideólogos del neoconservadurismo
estadounidense, a comienzos de la década de 1970 defendía la censura, precisamente de las
imágenes “sexuales”, como una medida necesaria para “preservar la calidad de vida”. Es
decir, se trata de la convicción moral e ideológica de que el orden social depende en parte del
control de las representaciones corporales, una lógica que resulta reconocible de manera burda
en el Chile de hoy; a nivel histórico, vimos cómo se intentó algo similar con la ley seca en
diversos países durante el siglo pasado, cuyas consecuencias fueron totalmente nefastas:
aumento de consumo de alcohol clandestino e intoxicaciones. Sin embargo, por mucho que
se busque presentar la censura como protección, lo que ésta hace no es más que
empobrecernos cultural e intelectualmente. Así, vemos que el problema es cualquier práctica
cultural o intelectual capaz de poner en cuestión cierta forma moral de organizar el saber. Por
eso la censura a ciertas expresiones artísticas y la baja priorización de las ciencias sociales son
dos manifestaciones de un mismo proyecto político orientado a reducir el espacio desde el
cual una sociedad puede pensarse.

En esta línea vemos que esta política de Estado aparece también en las nuevas bases de las
becas ANID, aquellas que hace más de 40 años financian gran parte de la investigación
científica en Chile. Relegar a las ciencias sociales, humanidades y artes a un lugar secundario
poniendo énfasis casi exclusivo en la “innovación tecnológica y productividad” reduce la
producción de conocimientos a la lógica de la rentabilidad y por otro lado desvaloriza
explícitamente la creatividad, el estudio serio de la sociedad, la problematización de época y
la comprensión de procesos sociales relevantes. El proyecto es debilitar el pensamiento y
estrechar cada vez más las posibilidades de crecimiento.

¿Qué perdemos con todo esto? Memoria colectiva, investigación crítica, y la posibilidad de
comprender fenómenos sociales complejos, es decir, perdemos aspectos sumamente
relevantes para una democracia. Y es que las artes y las ciencias sociales no solo producen
obras “provocativas” e investigaciones contextuales, también se encargan de la generación de
marcos conceptuales, análisis social, reflexiones éticas, apoyo en la creación de políticas
públicas, etc. Las sociedades necesitan personas cuya labor sea precisamente producir
conocimiento, incomodar consensos y generar formas de comprender el mundo. En ese
sentido la función del Estado debiese ser preservar el pluralismo en la investigación y en la
cultura, precisamente porque se trata de bienes públicos. Un argumento que se esboza mucho
es el de ¡con mis impuestos no! pero vale la pena recordar que esos impuestos también
provienen de quienes buscan generar perspectivas críticas y disidentes y que deciden hacerlo
precisamente en Chile.

La salud de una democracia no se encuentra únicamente en lo que permite decir (ya vemos
que hoy en día cualquier persona con internet puede decir cualquier barbaridad y en las
últimas semanas hemos podido confirmarlo muy a pesar de nuestro deseo), sino que también
está en la capacidad que tiene para sostener y preservar la incomodidad y la curiosidad
intelectual. Cuando un Estado-sociedad deja de financiar aquello que cuestiona sus certezas y
comienza a administrar según criterios morales, económicos o ideológicos, lentamente va
perdiendo la capacidad de pensarse a sí misma.
¿Qué tipo de intelectualidad está produciendo hoy el Estado chileno con un debate público tan
empobrecido?

La forma más eficaz de menoscabar una democracia es hacer inviable la producción de
conocimientos diversos y el efecto más grave de eso es una ciudadanía cada vez menos capaz
de cuestionar el poder. Un Estado que desalienta la creación crítica y la investigación social
termina formando ciudadanos menos hábiles para comprender, cuestionar y transformar la
realidad que habitan.