Aún no se ha encontrado una fundamentación jurídico-política al Acuerdo de Asociación Transpacífico ( TPP por sus siglas en inglés) que respete las reglas de un Estado de Derecho, donde garantías procedimentales de ese mismo Estado, como la rendición de cuentas, la transparencia, los debates parlamentarios, la división de poderes y la misma soberanía de los pueblos, prevalezca como parte fundamental de la legitimidad de una democracia.