La familia Michillanca, en lucha desde diciembre de 2014 por la recuperación de las tierras usurpadas fraudulentamente a sus antepasados durante la dictadura de Pinochet, denuncian desamparo por parte del gobierno y advierten que la responsabilidad de la "sangre que corra (la que sabemos seguramente será la nuestra)" ante "el inminente desalojo" recaerá sobre las instituciones públicas.