En aquella cuenta pública del año 2014, uno de los anuncios más ovacionados en el Congreso fue cuando Bachelet señaló que declararía las aguas como un bien nacional de uso público, lo que se llevaría a cabo mediante una reforma al Código de Aguas. Si bien la reforma se propuso, a través de la Indicación Sustitutiva que ingresó el Gobierno a la Cámara Baja en el mes de octubre del 2014, ésta fue absolutamente cosmética, ya que no tocó la esencia del código de aguas de 1981; esto es, la propiedad privada del agua.