$16 mil millones costaría homologar sueldos y jornadas laborales de nuevo sistema de atención a víctimas

Fundación Sol hizo la proyección, en vista que el Gobierno no tiene considerada inversión adicional para llevar a cabo la reforma.

Por Absalón Opazo

23/03/2021

Publicado en

Chile / Justicia y DD.HH / Portada

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Casi $16 mil millones, lo que representa el 33,2% de los $47.778.827.170 del presupuesto anual en personal que implica hacer funcionar las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs), que entregan apoyo jurídico a los sectores más vulnerables de Arica a Coyhaique, es lo que el Estado debiera inyectar a lo que pretende ser el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos.

Así lo precisó Claudia Fachinetti, presidenta de la Federación Nacional de Asistencia Judicial (FENADAJ), que agrupa a más de dos mil trabajadores de CAjs, tras un estudio solicitado a la Fundación Sol y que es la primera cifra entregada para precisar los alcances de la reforma con la que el Gobierno busca responder a las víctimas de delitos que hoy no son acogidas por el Ministerio Público.

Pese a la insistente campaña de los trabajadores con el hashtag #sinplataesletramuerta, para alertar sobre la falta de estudios y financiamiento para esta nueva propuesta, finalmente la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Baja aprobó, el jueves 11 de marzo, por siete votos contra seis, la idea de legislar el proyecto que crea el nuevo Servicio.

Fachinetti reiteró que, no obstante haber participado en siete reuniones en una Mesa de Trabajo con el Ministerio de Justicia y DDHH, en la presentación ante la comisión, la cartera no entregó nuevos antecedentes para garantizar “seriamente” que se mejorará un nuevo sistema de entrega de justicia, al que ellos no se oponen.

La dirigente reiteró que en el Congreso se sigue adelante con un proyecto que está aún sin presupuesto, ni estudios de cobertura y/o soluciones a los graves problemas de infraestructura denunciados por cerca de 19 intervinientes en la sesión del 20 de enero pasado ante la misma comisión que, pese a postergar la votación del proyecto en general a la espera de que el Gobierno mejorara su propuesta de nuevo servicio, “esto no pasó”, dijo Fachinetti.

“En la sesión del 11 marzo volvimos a exponer, tanto el ministro Hernán Larraín como la FENADAJ, los mismos puntos, con la salvedad que el ministro anunció que se iban a presentar indicaciones, sin señalar cifras ni nuevo financiamiento, sino que simplemente dando los títulos de aquellas”, insistió.

DETALLES DEL ESTUDIO

Ante la incertidumbre, la FENADAJ decidió financiar su propio estudio con la Fundación Sol para dimensionar el costo de la mentada reforma a las Cajs.

Actualmente, el costo anual en personal es de $ 47.778.827.170, mientras que la homologación de remuneraciones -esto es igual función, igual sueldo- implicaría un aumento de $ 3.685.368.099, que equivale a 7,7% de costo anual en personal. Igualar o completar jornadas significaría un alza en el costo de $ 12.289.617.860, que representa un 25,5% de aumento.

“En total, significaría inyectar platas por $ 15.854.071.431, es decir, 33,2% de aumento del presupuesto destinado a personal. En lo que dijo el ministro no hay ni una cifra en relación a las indicaciones que prometió presentar. Tanto que fueron las mismas diputadas y diputados de la Comisión quienes le hicieron notar la falta de recursos que tenían sus propuestas”, critica la dirigente.

-¿El Ministro se refirió a las homologaciones de jornadas y sueldos?

-El Ministro dejó claro que no iban a abordar la homologación de remuneraciones y jornada. Nosotros llevamos una propuesta con cifras, pero intervino señalando que aquello no era posible. A nosotros nos llama mucho la atención la posición del Gobierno, pues es en clara contraposición de lo que dispone la ley de bases de la administración del Estado, que en su artículo 52 establece el principio de a igual función, igual remuneración. Sin embargo, señaló que se harían cargo de las deficiencias de infraestructura. Por el momento solo tenemos esas promesas, pero no hay nada concreto.

-¿Cuál es su posición?

-La misma de siempre. No es posible hacer creer a la comunidad que se le entregará un nuevo servicio sin recursos. Nosotros sólo pedimos el cumplimiento de condiciones mínimas para un nuevo servicio, que son las que establece la propia Ley de Bases de la Administración del Estado.

Claudia Fachinetti

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