A cuarenta años del atentado a Pinochet: Operación Siglo XX, lucha antidictatorial y sentidos políticos de la historia reciente

La Operación Siglo XX no alcanzó su objetivo principal: el dictador sobrevivió. Sin embargo, su importancia política no se mide únicamente por ese resultado. Durante horas se quebró una imagen cuidadosamente construida durante trece años: la de un poder inexpugnable, protegido por las Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad, el Estado y una institucionalidad concebida para prolongar la dictadura. La acción de los Rodriguistas mostró que Pinochet y el esqueleto del poder militar podían ser alcanzados y, por esa sola razón, se convirtió en uno de los episodios de mayor impacto político y simbólico de la lucha antidictatorial.

Por Claudio Pérez Silva

Para comprender esa acción es necesario devolverla al escenario de 1986 y evitar leerla exclusivamente desde lo que ocurrió después. Hoy sabemos que en octubre de 1988 triunfó el No y que en marzo de 1990 un gobierno civil dio paso a la postdictadura. Pero dos años antes ese desenlace no estaba escrito ni menos determinado, tampoco imaginábamos un Chile en la medida de lo posible y la profundización sin límites del neoliberalismo, ni que la alegría de terminar con la dictadura fuera la base de la desmovilización social y el sometimiento de la sociedad al consumo desenfrenado bajo una nueva dictadura de consensos en torno al libre mercado. En la oposición coexistían proyectos, estrategias y formas de lucha diferentes para terminar con el régimen. Mientras un sector avanzaba hacia una salida negociada e institucional, otro confiaba en la movilización social, la protesta prolongada y una acumulación político-militar capaz de provocar una ruptura. Desde 1980, el Partido Comunista había desarrollado la Política de Rebelión Popular de Masas y posteriormente la perspectiva de una Sublevación Nacional, dentro de la cual el FPMR pasó a ocupar un lugar central.

El atentado debe situarse, además, en el gran ciclo de protestas nacionales iniciado en 1983. Pobladores, estudiantes, trabajadores, mujeres, organizaciones de derechos humanos, la juventud urbana popular y partidos políticos recuperaron las calles después de una década marcada por la represión, el exilio, las desapariciones, la prisión política y una profunda transformación neoliberal de la sociedad chilena. Cacerolazos, paros, barricadas, marchas, ocupaciones y enfrentamientos con las fuerzas represivas configuraron un escenario de creciente conflictividad. El Paro Nacional del 2 y 3 de julio de 1986 expresó con particular intensidad esa capacidad de movilización. En ese contexto, la acción armada no era concebida por el FPMR como un fenómeno separado del movimiento popular, sino como un componente que debía confluir con la protesta y su radicalización, elevar la dinámicas y espacios de confrontación y contribuir a la desestabilización de la dictadura.

La Operación Siglo XX condensó esa hipótesis política compartida por un amplio abanico de partidos de la oposición, particularmente aquellos agrupados en torno al Movimiento Democrático Popular (MIR, PS Almeyda y Partido Comunista). La decisión de atentar contra Pinochet comenzó a trabajarse desde 1984. A esa altura, para quienes planificaron la acción, Pinochet no solo representaba la imagen de la dictadura: sintetizaba la conducción política, militar y simbólica del bloque en el poder y su proyecto neoliberal, incluidos por cierto el gran empresariado y las expresiones políticas e ideológicas de la clase dominante. Su muerte podía abrir una crisis dentro de la dictadura y acelerar el proceso de Sublevación Nacional.

El testimonio de Mauricio Hernández Norambuena (Ramiro) muestra, además, que los participantes fueron convocados a una misión concebida como de gran riesgo y que la disposición a actuar estaba atravesada por experiencias generacionales, recuerdos de la represión, referencias simbólicas a Salvador Allende y las experiencias de lucha del pueblo chileno y de los militantes del MIR. La escucha de las últimas palabras de Allende antes de la operación enlazaba, en aquella experiencia militante, septiembre de 1973 con septiembre de 1986: derrota y resistencia, La Moneda y Las Achupallas.

El hecho de que la operación no alcanzara su principal objetivo no anuló, sin embargo, su impacto político. Pinochet sobrevivió y no produjo la crisis esperada tras la operación. Pero la imagen del poder intocable quedó fisurada. Para el Rodriguismo, la acción demostraba que era posible golpear al núcleo mismo de la dictadura; para sus adversarios dentro y fuera de la izquierda, podía confirmar, en cambio, que la estrategia insurreccional tendía a aislar políticamente a quienes la sostenían. En esa tensión se encuentra una parte decisiva de la relevancia del atentado: no fue solamente una emboscada, sino la expresión condensada de una disputa entre proyectos distintos acerca de cómo terminar con Pinochet.

Las consecuencias de 1986 fueron, en efecto, contradictorias. La dictadura respondió con una nueva e intensa ola represiva. Al mismo tiempo, la internación de armas de Carrizal Bajo, las dificultades para sostener la masividad del ciclo de protestas y el fortalecimiento de una alternativa institucional modificaron rápidamente el escenario. Del mismo modo la Rebelión Popular de Masas patrocinada por el PCCh alcanzaba entre 1985 y mediados de 1986 su mayor capacidad de despliegue, organización y conducción político-militar sobre un amplio sector movilizado en contra de la dictadura. No obstante, la salida popular no solo debió enfrentar la cruenta represión, sino también a los partidarios de la salida negociada y desmovilizadora, liderada por la Democracia Cristiana, importantes sectores del socialismo renovado y detractores de la dictadura aglutinados en torno al gran acuerdo para la transición democrática firmado en 1985. En este sentido, la posterior derrota de la salida popular y rupturista no puede explicarse únicamente por el fracaso de Carrizal Bajo o por el atentado. Ya existían problemas de unidad opositora, cambios en la movilización social, tensiones estratégicas y una creciente capacidad de la oposición burguesa para aparecer como una alternativa viable y de continuidad, como quedará demostrada en la postdictadura.

Para el Rodriguismo, 1986 fue considerado el momento más alto de la movilización y de la lucha combativa contra la dictadura, especialmente por la amplitud alcanzada en el paro del 2 y 3 de julio. No obstante, como señalamos, la coyuntura y el proceso de negociación que se abrió después del atentado implicó un freno importante al proceso de movilización social y de lucha frontal contra la dictadura. Esta es la dinámica y el carácter contradictorio de la Operación Siglo XX, ya que por un lado golpeó el centro simbólico del régimen, pero por otro, no logró transformar ese impacto en una modificación inmediata y menos duradera de la correlación política de fuerzas favorables a la derrota de la dictadura.

Desde otra perspectiva de análisis, las dos grandes y principales operaciones desarrollas en el marco de la Sublevación Nacional y del año decisivo, como la internación de armas y la emboscada a Pinochet, fueron entendidas desde una dimensión estratégica, pues pretendían modificar radicalmente el curso de los acontecimientos. Sin embargo, desde la dirección política partidaria (PCCh), fueron concebidas y preparadas con criterios fundamentalmente tácticos y cortoplacistas, no calibrando plenamente su trascendencia política ni menos generado las condiciones cualitativamente distintas para enfrentar las consecuencias de operaciones de dicha magnitud. Incluso en la eventualidad de un éxito militar completo, los múltiples y numerosos imprevistos y procesos políticos abiertos carecían de hipótesis y supuestos, dejando el desarrollo del proceso sin resolver. Esta afirmación resulta especialmente relevante porque desplaza la discusión desde la eficacia militar hacia un problema mayor: la relación entre acción armada, conducción política y capacidad para convertir un golpe operativo en una crisis efectiva del régimen.

Precisamente por ello, conmemorar el atentado cuarenta años después posee una importancia política que excede el homenaje. Significa intervenir en una disputa aún abierta sobre la historia reciente y, especialmente, sobre quiénes fueron los protagonistas del término de la dictadura. En el marco de conflicto violento, como el vivido por entonces, la alternativa o fuerza que triunfa convierte dicha victoria política en una explicación retrospectiva, uniforme y totalizante de todo el proceso. La transición negociada y el triunfo plebiscitario adquirieron, comprensiblemente, una enorme centralidad en el relato posterior. Pero si la historia del fin de Pinochet se reduce al plebiscito de 1988, a la negociación partidaria y a la capacidad de ciertas élites para construir acuerdos en función de la continuidad del proyecto de la dictadura, pero sin Pinochet, quedan invisibilizados años de resistencia social, organización territorial, lucha sindical y estudiantil, defensa de los derechos humanos y también las acciones de quienes optaron por formas de confrontación armada.

Esa reducción instala la idea de que existió un único camino racional y posible hacia la democracia y tiende a presentar las otras estrategias como simples errores que retrasaron un desenlace inevitable. Sin embargo, en septiembre de 1986 nada garantizaba que el régimen aceptaría una derrota electoral ni que la oposición terminaría convergiendo con su proyecto histórico y con el itinerario institucional diseñado en la Constitución de 1980. Recuperar la incertidumbre de ese momento es una tarea propiamente histórica. Permite comprender que la salida de la dictadura fue resultado de una correlación de fuerzas en movimiento y que la estrategia que finalmente se impuso convivió y compitió con otras alternativas.

Esto no significa transformar la Operación Siglo XX en una epopeya autosuficiente ni presentar la violencia política como una virtud en sí misma. Los propios Rodriguistas reconocen intensas discusiones, errores y evaluaciones críticas de su trayectoria, compuesta por “éxitos y reveses, avances y retrocesos” importantes. Conmemorar históricamente exige, por tanto, reconocer el significado de la resistencia armada y, al mismo tiempo, interrogar sus límites, su relación efectiva con el movimiento popular y los efectos políticos de sus decisiones.

Leído con la distancia del tiempo, este diagnóstico no convierte al atentado en la causa única y principal de la derrota de la salida popular a la dictadura, pero sí muestra que sus consecuencias estuvieron atravesadas por una rápida recomposición del régimen y por el avance de una salida electoral y negociada que terminaría imponiendo el terreno político de los años siguientes.

La operación inversa también empobrece la historia: reducir la resistencia armada a una desviación, una anomalía o una amenaza contra una transición democrática supuestamente inevitable. Esa lectura borra las condiciones que llevaron a sectores de la izquierda a considerar legítima y posible una salida insurreccional frente a una dictadura que había clausurado los mecanismos democráticos y ejercía una violencia estatal sistemática. Explicar históricamente esas decisiones no equivale a justificarlas. Significa reconocerlas como parte de la experiencia política de un país y someterlas al mismo análisis crítico con que deben ser estudiadas las estrategias de negociación, movilización o acuerdo.

La disputa por el significado del atentado es, por ello, también una disputa sobre el presente. Las sociedades no conmemoran únicamente para recordar hechos. Al hacerlo seleccionan protagonistas, establecen legitimidades y determinan qué experiencias incorporan a sus tradiciones políticas. Preguntarse hoy por el atentado a Pinochet significa volver sobre una cuestión decisiva: ¿cómo y quiénes terminaron con la dictadura y mediante qué formas de lucha? La respuesta difícilmente puede ser singular. La dictadura fue erosionada por la resistencia clandestina, las organizaciones de derechos humanos, las protestas nacionales, la movilización poblacional, sindical y estudiantil, la presión internacional, la recomposición de los partidos y el accionar de las organizaciones revolucionarias, el plebiscito y las negociaciones políticas. Reconocer esa pluralidad no obliga a valorar todas esas experiencias de la misma manera; obliga a impedir que una sola monopolice retrospectivamente el sentido de la lucha antidictatorial.

A cuarenta años, la Operación Siglo XX conserva su potencia precisamente porque desordena y desborda las certezas de los consensos y la gobernabilidad impuesta en la postdictadura. Por ello, la acción de los Rodriguistas permite sostener que en septiembre de 1986 el futuro estaba abierto, que existían alternativas en competencia y conflicto y que el fin de la dictadura no puede explicarse producto de una sola causa y un solo actor, ni menos por la fuerza de un lápiz y un papel. Conmemorar el atentado significa en estos momentos sacarlo de la anécdota policial y de la astucia y valentía de jóvenes pistoleros. Implica devolverlo al terreno donde realmente adquirió sentido: la lucha política y social contra la dictadura, las disputas estratégicas de la oposición y la pugna por imaginar qué democracia debía suceder al régimen de Pinochet. Las Achupallas no es solo el lugar donde el dictador sobrevivió a una emboscada. Es también uno de los puntos desde los cuales Chile todavía discute quiénes hicieron posible el fin de la dictadura y cómo debe ser contada esa historia.

Claudio Pérez Silva. Historiador, Universidad de Santiago de Chile.

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