Abogada de causa mapuche y madre lactante fue brutalmente agredida y privada de libertad

125 abogadas emitieron un comunicado público en apoyo a la abogada, Daniela Sierra Soto, quien petición del Gobierno de Chile fue privada de libertad por segundo día consecutivo, por movilizarse en apoyo a la campaña de liberación de los presos políticos mapuche que por 86 días han mantenido una huelga de hambre en la cárcel de Angol. 

En la audiencia de control de detención y formalización, donde se imputaron delitos a varias mujeres mapuche, incluyendo dos embarazadas, la abogada, quien recientemente tuvo una hija y no ha podido ejercer su lactancia, fue formalizada por los delitos de maltrato de obra a carabineros, lesiones menos graves, amenazas, y el delito del 264 inciso segundo del Código Penal.

Respecto de las medidas cautelares, el Ministerio Público solicitó el arresto domiciliario total y la Intendencia de la Araucanía, a través de su abogado Sergio Arévalo Weddington la medida cautelar de prisión preventiva.

“El juez Federico Gutiérrez, mismo juez que decretó arresto domiciliario total para Martín Pradenas, decidió imponerle la misma medida cautelar que le impuso al imputado de violación, es decir, arresto domiciliario total. El abogado de la Intendencia apeló verbalmente en audiencia de esta decisión, sin considerar que la defensa había expuesto que Daniela Sierra actualmente se encuentra en proceso de lactancia materna”, señalaron en el comunicado de las profesionales del derecho.

Asimismo, plantearon que la defensoría penal pública mapuche solicitó que Daniela Sierra pudiera esperar la decisión de la Corte en su domicilio, bajo arresto domiciliario total, invocando el Convenio 169 y la Convención Belém Do Pará, “lo que fue denegado por el juez de garantía dejándola privada de libertad otra noche más en el Centro de Detención Femenino de Temuco. Es decir, alejada de su núcleo familiar, de sus hij@s y a cientos de kilómetros de su domicilio”, indicaron.

Condenaron que la decisión de apelar la resolución judicial por parte del gobierno, a través de su Intendencia, así como la decisión judicial adoptada, muestran una vez más, la vulneración a estándares internacionales de derechos humanos en el contexto de la criminalización de la protesta social.

“Esta vez no solo en lo que respecta a los derechos humanos de la mujer y de pueblos originarios, sino también de los niños, pues la decisión judicial ha pasado también por alto el interés superior del niño, principio consagrado en la Convención de Derechos del Niño, al privar al lactante de la posibilidad de estar con su madre en el hogar, lo cual resulta especialmente preocupante en el contexto de una Pandemia”, denunciaron.

 “Todo lo anterior hace que la decisión de dejar privada de libertad a la colega, madre en periodo de lactancia, resulte en una medida violenta y desproporcionada”, subrayaron.

En el comunicado, las abogadas recordaron que los estándares de derecho internacional de derechos humanos, obligan a jueces, fiscales, querellantes, defensores y en general a todos los intervinientes en el proceso penal; y que además los jueces deben realizar el control de convencionalidad.

“Son estándares que no fueron considerados en este caso, evidenciando así una conducta discriminatoria por parte de agentes del gobierno y funcionarios del Estado de Chile para con el Pueblo Mapuche, algunos de cuyos integrantes privados de libertad se encuentran en huelga de hambre solicitando la aplicación del Convenio 169, norma ratificada hace ya 20 años por el Estado y que aún no logra asentarse en los criterios y prácticas judiciales y del sistema penal en general”, señalaron.

Violación de derechos

La detención de la abogada Daniela Sierra, se produjo en medio de agresiones y brutalidad policial, cuando se dirigió el lunes 27 de julio, unto a otras esposas, madres, hermanas e hijos de los presos políticos mapuche de la Cárcel de Angol, a la Intendencia de la Araucanía para solicitar una respuesta a una carta enviada, hace más de un mes a Sebastián Piñera. Esto, con el fin de pedir su intervención ante la crítica situación de salud de los presos en huelga de hambre desde hace 86 días.

Sierra fue golpeada y esposada de rodillas por largo rato, lo que supone una violación a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem do Pará”, que fue ratificada por el estado de Chile en el año 2010.

En su artículo 2, dicha convención establece que: “se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica«, y que sea «perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes donde quiera que ocurra» .

A Sierra se le acusa entre otras cosas de causar lesiones graves a un carabinero, sin embargo, según indicó uno de los abogado de la defensoría penal pública mapuche, el informe médico determinó lesiones menos graves, lo cual no justifica una prisión preventiva.

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