Abogado de DDHH repasa administración Bachelet: «Mientras la presidenta dice ‘Ni una menos’, se maltrata a una joven por ser mapuche»

A días de que termine el mandato de la presidenta Michelle Bachelet se comienza a hacer un repaso de los logros de su gestión, la aprobación ciudadana y, claro, las promesas incumplidas. Es justamente sobre este punto que aparecen temas sensibles que remecen el escenario político nacional. Entre esos tópicos se encuentra el cierre del penal Punta Peuco.

Este fue uno de los compromisos adoptados por Bachelet durante su segundo mandato, en una conversación que sostuvo con Carmen Gloria Quintana, quien fuera víctima de la violencia militar durante la dictadura de Pinochet. Quintana fue quemada por miembros del Ejército chileno y es una de las figuras con mayor notoriedad mediática del llamado Caso Quemados.

Fue justamente esa promesa la que la abogada de derechos humanos y diputada electa del Partido Comunista, Carmen Hertz, llamó a la presidenta a cumplir. Esto, considerando además las declaraciones del futuro ministro de Justicia de Sebastián Piñera, Hernán Larraín, quien declaró que no cerrará Punta Peuco.

En conversación con El Ciudadano, el abogado de derechos humanos y representante en la causa de la Caravana de la Muerte, Cristián Cruz, se refiriere al desarrollo de la gestión de Bachelet, los aciertos y las tareas pendientes que deja su segundo gobierno.

Estancamiento en derechos humanos

Para Cruz la característica que define al gobierno de Michelle Bachelet en materia de derechos humanos se encuentra entre la «la indolencia y la falta de avance». Asegura que la actitud de esta gestión no permitió establecer cambios sustanciales que mejoraran el panorama nacional en ese ámbito.

Cristián Cruz, abogado de Derechos Humanos

«No solo se compromete frente a la petición que le hace una víctima (Carmen Gloria Quintana) y no es capaz de cumplir con el cierre del penal de Punta Peuco, a diferencia de lo que hizo Piñera que sin aviso previo cierra el Penal Cordillera. Lo que quiero decir es que se puede cerrar. En el resto de las materias no hubo nada, o sea, ella se guía y se hace colaborar con gente como el ministro (Jorge) Burgos, que era como dormir con el enemigo», sostiene Cruz.

El abogado profundiza en la presencia del ex ministro del Interior en la administración Bachelet, recordando lo grave de sus declaraciones en el caso del psicópata de Alto Hospicio. En esa ocasión, Burgos aseguró que las adolescentes secuestradas y víctimas de abusos sexuales y asesinatos, practicaban el comercio sexual.

Cruz es igualmente crítico con el rol de la presidenta en la atención que presta a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Considera que la mandataria no les otorga real atención, como sí lo hace con las autoridades de su gobierno y las instituciones del Estado. En un análisis que para él resume esta administración en DDHH, el abogado considera que «ha sido una real pérdida de tiempo gracias a la administración de Bachelet».

Para Cruz, si bien existen algunos avances -como la despenalización del aborto-, existe paralelamente un doble discurso por parte del Ejecutivo, lo que -sostiene- lo convierte en un «gobierno de humo».

«Mientras la presidenta con sus discursos se suma al clamor de Ni una menos, en ese mismo instante una joven mapuche está en un hospital en labores de parto engrillada. Es una burla, mientras la presidenta dice Ni una menos, se maltrata a una joven por ser mapuche; porque te aseguro que si es una mujer que vive en Vitacura detenida por giro doloso de cheques, no le pasa eso».

Diversidad sexual, infancia y acceso a la justicia

El abogado destaca la importancia que ha tenido lo que denomina una «política de respeto» por la diversidad sexual, y pone especial atención en el rol que la comunidad LGTBI juega en la obtención de derechos y el cambio social. «Ese respeto ellos se lo han ganado en las calles con marchas, manifestaciones, tomándose ellos de la mano, demostrando que es normal el ejercicio del amor entre parejas del mismo sexo. Yo valoro que este gobierno lo haya visibilizado aún más y generando algunas políticas para avanzar en la igualdad y la no discriminación», expresa.

Por otra parte, Cruz se hace cargo también de la situación del Sename. Considera impresentable las condiciones con las que conviven miles de niños a diario en los centros de esta institución.

«Es impresentable que no se adopten medidas de políticas de persecución y sanción. Porque cuando hieren a un carabinero el gobierno se querella, actúa. ¿Acaso los niños de 2 y 3 años no merecen ese mismo respeto? ¿No merecen esa misma proactividad del Ejecutivo?”, cuestiona.

El jurista manifiesta además preocupación por la intervención política en la institución encargada de velar por el bienestar de los menores vulnerados. «No solo se trata de perseguir, sino de cómo se garantiza que esto no vuelva a ocurrir, en la medida que siga siendo un negocio el cuidado o tutela de niños por determinados organismos. Todos sabemos que el Sename está cooptado, principalmente por la DC. No puede ser que un organismo que se preocupa de la infancia este cooptado por un partido político porque es un negocio», apunta.

Finalmente, el abogado destaca la fragilidad de la justicia chilena, en el sentido -dice-que no permite a todos los ciudadanos acceder a ella.

«Mucha gente no va a tribunales porque no tiene los recursos necesarios y si Chile tiene capacidad de tener un Ejército, unas Fuerzas Armadas que se han dedicado a robar y no trabajar, no puede ser que se le niegue a la ciudadanía el poder acceder a algo tan relevante como la justicia, que se traduce en paz social”, concluye.