Entrevista a Hernán Fernández

Abogado especialista en abuso infantil ante discusión por pena de muerte: «Proteger a tiempo a los niños debe ser la mejor respuesta»

"No existe en Chile una visibilización de los niños y su dolor, y las secuelas que dejan los delitos. El condenado es quien casi siempre es beneficiado, y las penas terminan siendo bajas", advierte el jurista dedicado a casos que afectan a la infancia. Por Cristóbal Hernández

Por cristobalh

06/02/2018

Publicado en

Chile / Entrevistas / Portada

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El pasado 25 de enero se vivió en Puerto Montt una de las situaciones más horribles y desalmadas que nuestro país haya presenciado en el último tiempo. La pequeña Sophie, quien apenas alcanzó a vivir 1 año y 11 meses, fue abusada sexualmente y posteriormente golpeada hasta su muerte. ¿El responsable?: Su padre biológico, Francisco Ríos Ríos, de 26 años.

Según datos entregados por el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), al momento de ingresar al recinto asistencial la menor presentaba lesiones y quemaduras atribuibles a terceros. La causa del fallecimiento, deducen los médicos del SAPU, se debió a asfixia por estrangulamiento.

Ante esta situación, cinco parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) enviaron una carta al presidente electo Sebastián Piñera, en donde le proponen convocar a un plebiscito para volver a instaurar la pena de muerte en nuestro país. Una idea que así como ha generado apoyo en parte de la sociedad, ha levantado rotundas críticas desde otros, incluidos sectores políticos, bajo el argumento de que regresar a la pena capital sería un retroceso en diversos ámbitos para nuestro país.

Abogado Hernán Fernández

El Ciudadano conversó con Hernán Fernández, abogado especialista en temáticas de tribunales de familia, maltrato infantil grave, abuso sexual y derechos de las niñas y niños, quien junto con advertir que el problema pasa porque hoy -a la hora de aplicar penas- se opta mayoritariamente por sus rangos inferiores, sostiene que debatir sobre la pena capital es solo una parte del problema. «La responsabilidad de la sociedad, del Estado y de los legisladores es mayor, y es urgente», apunta.

¿Está de acuerdo con restaurar la pena de muerte, como han propuesto últimamente algunos diputados?

Ante crímenes tan graves contra niños siempre he considerado que se deben aplicar las máximas penas que impliquen su cumplimiento efectivo. Hoy, sin embargo, en muchos casos se imponen los rangos inferiores de las penas, por ejemplo 5 años y un día (presidio mayor en grado mínimo), 10 años y un día (presidio mayor en grado medio), lo que implica que no se ha considerado el daño causado según lo establece el artículo 69 del Código Penal. En el primer caso el rango era entre 5 años y un día hasta 10, y en el segundo era entre 10 años y un día y 15. En lugar de imponer los niveles superiores de la pena se opta por los inferiores.

Otra situación en los casos de reiteración de delitos en que la Ley (artículo 351 del Código Procesal Penal) autoriza a subir uno o dos grados sobre el máximo, solo muy excepcionalmente se hace, lo que permitiría llegar a las penas de 20 años o de presidio perpetuo en los casos anteriores. No existe en Chile una visibilización de los niños y su dolor, y las secuelas que dejan los delitos. El condenado es quien casi siempre es beneficiado, y las penas terminan siendo bajas.

Hablar de la pena de muerte es solo una parte del problema. La responsabilidad de la sociedad, del Estado y los legisladores es mayor, y es urgente.

¿Qué fallas ve en el sistema judicial sobre este tema?

En Chile lamentablemente se ha retrocedido. El año 2003 se dictó la ley 19.586 que rebaja la pena en dos meses por cada año cumplido, y tres meses por cada año al pasar la mitad de la condena. Es una ley que no hizo excepción con los delitos contra los niños.

¿Existen casos de gente que se haya beneficiado con esta ley? 

(AP Photo/Roberto Candia)

Sí. Delincuentes como (Claudio) Spiniak lograron una libertad anticipada gracias a esta nueva implementación y así muchos otros en todo el país; tal vez, incluso, el que secuestró a Emily en Licantén, que se informa que tuvo una condena por delito sexual antes. Es una ley que debe ser modificada, fue dictada para promover la buena conducta de los condenados, y es paradójico que beneficie a los delincuentes sexuales, que siempre tienen buena conducta, se camuflan socialmente y también dentro de las cárceles.

Creo que no se debe esperar la muerte para que la Ley se imponga, porque proteger a tiempo debe ser la mejor respuesta. Esto debiera ser una preocupación de los legisladores. La Ley debe actuar con severidad antes, así se podrían evitar las muertes de niños o niñas como Sophie.

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