Aborto en tres causales: Diputadas recurren a la Contraloría para dejar sin efecto el protocolo del Minsal

Este lunes 26 de marzo, las diputadas Karol Cariola, Maite Orsini y Camila Vallejo, junto al diputado Miguel Crispi, llegaron hasta la Contraloría General de la República para ingresar una solicitud ante el contralor Jorge Bermudez, pidiendo que se pronuncie sobre el cuestionado protocolo del Ministerio de Salud que atenta contra la ley que despenaliza el aborto en tres causales.

A 3 días de la publicación en el diario oficial del cuestionado protocolo realizado por el Ministerio de Salud, los parlamentarios ingresaron ante la Contraloría General de la República un requerimiento que en lo medular busca dejar sin efectos al protocolo y que se dictamine su reemplazo por la normativa que corresponda para el adecuado cumplimiento de las atenciones a que tienen derecho las mujeres, en el marco de ley de despenalización del aborto en tres causales.

Para la diputada Karol Cariola, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, la presentación busca dar respuesta a la preocupación que hoy surge en miles de mujeres en todo Chile.

“Estamos convencidos de que las modificaciones que ha hecho el Ministerio de Salud no se ajustan a derecho, porque creemos que van en contra del espíritu de la ley. Lo que hacen estas modificaciones que ha hecho el Minsal al protocolo de objeción de conciencia, es pasar de una excepción que tenía la ley -incorporada por el TC- a algo normal dentro de la norma. Es decir, hoy día todas las clínicas que quieran hacer objeción de conciencia lo van a poder hacer y van a poder seguir recibiendo recursos públicos”, explicó la diputada Cariola.

La parlamentaria comunista agregó que “con esto se perjudica precisamente a las mujeres profesionales que hoy sí están incorporadas a las isapres, a las mujeres que tienen planes cerrados, que tienen planes preferentes con algunas instituciones de salud privada y frente a una medida como ésta no sólo se les está vulnerando el acceso a un derecho que fue garantizado por ley, sino que además se están utilizando recursos públicos para ello, y eso no lo vamos a aceptar . Esperamos que el Contralor se pueda referir a los puntos modificados del protocolo”.

Por su parte, la diputada Camila Vallejo rechazó la forma en que desde el Ministerio de Salud intentan frenar una ley debatida democráticamente tras un largo debate en el Congreso Nacional.

“Estamos aquí para defender el derecho de las mujeres y no nos parece apropiado, no nos parece democrático y no nos parece ni siquiera sensato que el Ejecutivo esté por vía de un protocolo, por vía administrativa, poniéndole límites a algo que se ha acordado mediante una ley, con un debate que ha sido largo y extenuante, pero que se resolvió democráticamente, y es que las mujeres puedan contar con la posibilidad, si así lo deciden, de interrumpir el embarazo en casos que son muy dramáticos”, sostuvo Vallejo.

La parlamentaria del PC añadió que “hoy nos preocupa que una mujer que necesita atenderse vía isapre en una clínica privada, porque está en riesgo su vida, porque su feto va a morir o porque fue violada, pueda atenderse. Hoy día este protocolo le pone limitaciones a esa posibilidad y eso es grave”.

En tanto, la diputada Maite Orsini cuestionó igualmente el protocolo conocido por la ciudadanía través de su publicación en el Diario Oficial y sin una clara explicación desde el Gobierno.

“Creemos que es al menos antidemocrático y que raya en la ilegalidad esta modificación que se hace el reglamento, justamente para modificar el espíritu de la ley. Lo que se está haciendo es vulnerar derechos que ya han sido adquiridos por las mujeres, a través de un reglamento, y eso debiese sólo ser modificado por ley, por eso estamos solicitando este requerimiento a la Contraloría, para que se pronuncie acerca de los que a nosotros nos parece una ilegalidad”, afirmó Orsini.

Finalmente, el diputado Miguel Crispi interpeló al Gobierno a respetar el gran acuerdo nacional que significó despachar la ley de aborto en tres causales del Congreso, antes de promover nuevos espacios de conversaciones respecto de su agenda legislativa.

“¿El Gobierno va a gobernar para las clínicas privadas, para las minorías? ¿O va a gobernar para las mayorías? Aquí hubo un gran acuerdo nacional para que en Chile hubiera un mínimo civilizatorio, y es que las mujeres tienen derecho a abortar en las tres causales que señala la ley. Si el Gobierno va a seguir hablando de los grandes acuerdos, bien estaría entonces que respetara aquellos a los que ya hemos llegado y abandonara esta gran retórica de los grandes acuerdos si es que va a pasar por arriba mediante el Tribunal Constitucional o, en este caso mediante un reglamento, por arriba de lo que señala la ley”, concluyó el parlamentario.