“Aborto en tres causales”: El 47% de los obstetras del sistema público son objetores en caso de violación

Fotografía rescatada de Radio Uchile Desde el año 2017 existe la ley que despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales -violación, inviabilidad fetal y riesgo materno-

Por Javiera Torres

19/03/2022

Publicado en

Actualidad / Chile / Feminismo / Salud

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Fotografía rescatada de Radio Uchile

Desde el año 2017 existe la ley que despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales -violación, inviabilidad fetal y riesgo materno-. En ella se estableció que los/as profesionales requeridos para abortar tenían el derecho a la objeción de conciencia, es decir, a negarse a realizar el procedimiento por argumentos de carácter ético y/o religioso.

Durante la implementación de la ley, dicha objeción de conciencia ha tenido un rol preponderante por la proporción de funcionarios objetores. Y es que de los 1.269 médicos obstetras del sistema público en el país, 599 son objetores de conciencia en casos de violación -es decir el 47%-. Asimismo 337 son objetores en caso de inviabilidad fetal baja y 263 lo son en casos de riesgo materno.

Según consignó el medio La Tercera, existen cinco recintos de salud en los que todos los obstetras son objetores de conciencia para la causal de violación, y siete establecimientos asistenciales que cuentan solo con un doctor disponible para realizar los abortos.

Como consecuencia, entre los años 2020 y 2021 hubieron 40 mujeres que tuvieron que ser trasladadas a otros servicios de salud para poder realizar un aborto dentro de las tres causales estipuladas por la ley. De los casos, ocho fueron por falta de funcionarios/as disponibles para el procedimiento, mientras que el resto fue por la complejidad en el manejo clínico de las pacientes.

Desde el Ministerio de Salud informaron que se habilitará un departamento de género para identificar las brechas de género en el sistema sanitario y para abordar los conflictos que están impidiendo que se pueda aplicar la ley. 

Por su parte la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló que los traslados y derivaciones están vinculados «a la falta de dotación de personal», lo que «es problemático porque hablamos de mujeres que están viviendo situaciones traumáticas».

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