Acoso sexual en el Congreso: Denunciantes apelaron por baja sanción a funcionario involucrado

Dos asesoras parlamentarias presentaron una denuncia contra un funcionario de la Cámara de Diputados, a quien acusan de acosarlas durante la fiesta de aniversario de la corporación, el pasado 10 de julio.

Según consignó La Tercera, la denuncia activó «por primera vez» el nuevo protocolo que previene y sanciona el acoso sexual al interior de la Cámara Baja. Sin embargo, el resultado de la investigación no dejó conformes a las denunciantes, quienes realizaron una apelación.

De acuerdo al reporte del matutino, el 24 de septiembre pasado, una vez concluido el sumario administrativo, la Cámara de Diputados emitió su resolución calificando los hechos denunciados por las asesoras como constitutivos de “infracciones graves” al Estatuto Administrativo y al protocolo de acoso sexual, por lo que sancionó al funcionario con un mes de «suspensión» y una multa del 50% de su sueldo durante el mismo periodo.

En esa línea, las asesoras que denunciaron al sujeto explicaron en su apelación -citada por La Tercera- que «la sanción aplicada, respecto a los hechos fácticos fehacientemente comprobados en el sumario de autos, adolece de total liviandad, ergo, es absolutamente insuficiente y, en definitiva, inoficiosa».

Asimismo, agregan que «la responsabilidad administrativa del denunciado no hace otra cosa que comprobar la grave infracción al cumplimiento de sus deberes como funcionario, en el contexto de relaciones interpersonales, haciéndolo merecedor de aquellas medidas disciplinarias que sean proporcionales a la gravedad de los hechos cometidos», por lo que, indican, «la sanción impuesta al denunciado es del todo ligera, tenue y grácil».

En ese sentido, las asesoras apelan que el denunciado no tendría una irreprochable conducta anterior, apuntando a que, según declararon testigos del proceso, no era la primera vez que incurría en actitudes de la misma naturaleza. Así, las abogadas pidieron a la Cámara reconsiderar la sanción y pidieron la destitución del funcionario señalando a que las medidas disciplinarias aplicadas no resguardan su integridad, libertad y dignidad.

“La veracidad de los hechos denunciados fueron debidamente acreditados en el sumario, a tal punto, que generó la convicción en el abogado fiscal del procedimiento de sancionar al denunciado por haber incurrido en conductas graves de acoso sexual en contra de las recurrentes (…). Es inexplicable que frente a la gravedad del hecho comprobado, el que constituye infracción grave en su calidad de funcionario, no le sean aplicadas las máximas sanciones que establece nuestro ordenamiento jurídico, es decir la destitución o, al menos, la máximo suspensión del empleo, es decir, por tres meses”, concluye el escrito.

Le echaron la culpa al alcohol

Recordemos que tras la confirmación de la presentación de las denuncias de acoso sexual en la Cámara Baja, su vicepresidenta, diputada Loreto Carvajal, señaló que se “eliminaría el alcohol” de las celebraciones en el Congreso.

«La mesa está dando una señal, ya que no podemos permitir que ocurran este tipo de hechos vinculados al excesivo consumo de alcohol. Desde la Cámara debemos dar el ejemplo en esta materia, sobre todo sancionar a los responsables, pero también eliminar el alcohol de las celebraciones, cualquiera sea tu tenor», señaló Carvajal.

Dichas declaraciones fueron cuestionadas por la presidenta del Partido Humanista, Catalina Valenzuela, quien afirmó que se trataba en realidad “de una mala señal, ya que ante una situación de acoso sexual y de cualquier tipo de violencia contra la mujer, el culpable no es ni el alcohol, ni la mujer, el culpable es el sujeto que acosa. Señalar el alcohol como causante de estas situaciones, me parece peligroso”, dijo Valenzuela.

“Si en las próximas fiestas sin alcohol, vuelve a suceder un episodio de acoso sexual, ¿a quien se culpará? ¿A una prenda de vestir, un escote, una falda corta? No se puede atribuir responsabilidades de este tipo a elementos inanimados como el alcohol. El acoso siempre es ejercido por una persona, por lo que las medidas tanto sancionatorias como preventivas deben ir dirigidas a proteger la dignidad de las relaciones interpersonales, más que a prohibir el consumo de alcohol”, agregó la presidenta del PH.

En esa línea, Valenzuela indicó finalmente que esto suele ser la típica derivación errónea que se realiza frente a este tipo de casos, banalizándolos, y de paso, quitando responsabilidad a los agresores.