Agendas alineadas: Camioneros exigen aprobación de mismas leyes represivas promovidas por el Gobierno

La amenaza de los camioneros de convocar un paro nacional que, en medio de la pandemia de COVID-19, cause el desabastecimiento de alimentos en Chile, deja entrever que su agenda parece estar alineada con los intereses de La Moneda.

Los empresarios del sector transporte de carga terrestre están demandando que se acelere la discusión de las mismas leyes represivas que ha presentado el Gobierno de Sebastián Piñera al Congreso.

La Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC) dio un plazo de cuatro días al Gobierno y al Congreso para tramitar con urgencia 13 proyectos de ley en materia de seguridad que «están descansando desde hace muchos años», antes de iniciar este jueves 27 de agosto una paralización «indefinida hasta que se aprueben estas leyes».

«La fecha que hemos entregado es el jueves próximo a las 00:00 horas. Entendemos que es plazo suficiente para el Parlamento de la República y el Ejecutivo, que debiera poner urgencia a las 13 leyes que están descansando desde hace muchos años», afirmó el presidente de la CNTC, Sergio Pérez.  

En su ultimátum aseguró que «no estamos para cortar las rutas de las carreteras de Chile, pero sí vamos a estar como un solo hombre: no vamos a trabajar, no vamos a abastecer a la nación, si es que el Parlamento no entiende claramente que tiene que sacar estas normativas urgentes, para entregar las herramientas al Ejecutivo y eliminar el grave problema que tiene Chile hoy, que se llama delincuencia en todas sus formas: narcotráfico, terrorismo, etcétera».

En este sentido llamó a los poderes del Estado “para que en el menor plazo posible promulgue las leyes solicitada por los gremios productivos, los camioneros de Chile y que el ejecutivo le ponga suma urgencia a estas normativas” 

Por su parte, Fedesur -integrante de la CNTC-, advirtió que a partir del jueves no transportarán «ni un kilo de azúcar, ni un kilo de arroz».

Sin embargo, causa curiosidad que los mismos personajes que amenazan y chantajean al Ejecutivo, son los mismos que mantienen lazos con Piñera y su entorno.

En su artículo: «La farsa del gobierno con los dueños de camiones para pasar sus leyes represivas ¡Así se prepara para octubre Piñera!«, publicado este martes, La Izquierda Diario advierte sobre la estrategia de los miembros del empresariado reaccionario, que hoy día se visten de dirigente gremiales, y se refiere al caso de Sergio Pérez, actual presidente de la CNTC, quien formó parte de la última campaña presidencial de Piñera y de su «consejo ciudadano», así como”Kike Morande, o el mismo José Villagrán, presidente de la Federeación de Transportistas del Sur, que fuera candidato a diputado por la UDI,” y que solo ayer amenazó con no «trasladar ningún producto. Ni uno. Ni los remedios, ni el combustible, ni los abarrotes. Nada”.

Pese a que está en riesgo la alimentación del pueblo chileno en medio de una pandemia, el Ejecutivo ni siquiera se ha referido a la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, o de alguna otra medida para frenar la paralización. En vez de no aceptar presiones como ha hecho tantas veces con otros grupos, ha optado por ceder al chantaje.

Ante las amenazas de los dueños de camiones, desde La Moneda se empeñan en hacer ver que en se encuentran entre la espada y la pared, y que deben dialogar con este sector.

Este martes se pudo conocer que tras sostener una reunión -vía telemática- con el ministro del Interior, Víctor Pérez,  la CNTC matizó su amenaza y se comprometió a que los camioneros realizarán manifestaciones «pacíficas» que no interrumpirán la cadena de abastecimiento del país.

A través de una declaración pública de cuatro puntos, la CNTC afirmó que «las manifestaciones y movilizaciones del jueves 27 serán absolutamente pacíficas, sin interrumpir la cadena de abastecimiento de Chile».

La central de transportistas reafirmó su llamado al Gobierno y al Congreso para que tramiten, aprueben y promulguen las leyes «en el menor plazo posible».

Por su parte,  el Gobierno se compromete a mantener su política de urgencias, dando prioridad a cinco proyectos: el de la polémica  Ley de Inteligencia, el de modernización de Carabineros; el que modifica el Código Penal para permitir la utilización de técnicas especiales ante “conductas terroristas”; otro que mejoraría la persecución del narcotráfico y la Ley Juan Barrios.

Leyes represivas

En sus peticiones, los camioneros exigen que se acelere la votación en el Congreso de la Ley de modernización del sistema de inteligencia del Estado, mejor conocida como Ley de Inteligencia,  fue presentada por el Ejecutivo en 2018, pero su tramitación se aceleró posterior al estallido social de octubre de 2019.

Entre sus implicancias se encuentra que crea un aparato de inteligencia bajo el control directo del Ejecutivo, considera el uso de agentes encubiertos y equipara el tratamiento de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas con las del crimen organizado y el narcotráfico. Además modifica el rol de las Fuerzas Armadas ampliando sus funciones desde la defensa externa a la seguridad interior.

Esta ley está en directa conjunción con el proyecto que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica, que también es parte de las trece medidas exigidas por la CNTC.

Los camioneros también exigen la aprobación una ley que establezca un estatuto de protección a Carabineros, PDI y gendarmería, con la cual se promueve el agravamiento de penas para quienes comentan ataques contra los miembros de dichas instituciones e introduce exenciones de responsabilidad.

Por su parte, el proyecto de Ley Juan Barrios que fue firmado por Piñera el pasado 13 de agosto, busca incluir los ataques a los vehículos motorizados a los delitos catalogados como ataques incendiarios, además crea una nueva agravante dentro de la misma causa con el objetivo de aumentar las penas, las cuales podrían ir desde los 15 años a la cadena perpetua.

“Esta ley claramente constituirá un nuevo pretexto para inculpar y encarcelar comuneros mapuche. En la misma línea va la modificación del código penal que pretende aumentar las penas de usurpación de inmuebles o derechos reales, que tiene por objetivo frenar la recuperación de tierras por parte de las comunidades y resguardar la propiedad de los empresarios forestales”, condenó Izquierda Diario.

No está claro si los camioneros finalmente irán a paro y se pondrá en riesgo el abastecimiento de los chilenos, pero en cambio si existe la certeza de que desde La Moneda se insistirá en la urgencia de discutir y aprobar las leyes  represivas, a poco más de un mes a que se cumpla un año del estallido social de octubre de 2019.

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