Alcalde de Pudahuel solicita cierre de centro CREAD tras graves denuncias de abusos y explotación sexual infantil

El jefe comunal de Pudahuel, Ítalo Bravo (IND), junto con la diputadas Claudia Mix (Comunes), la constituyente Valentina Miranda ( PC) y varios concejales de la comuna, presentaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección , tras las graves denuncias de abusos y explotación sexual infantil en el Centro de Menores CREAD.

El alcalde explicó las peticiones realizadas a la justicia que incluyen iniciar una investigación de los hechos por parte del Ministerio Público, además de oficial al Sename y los ministerios de Justicia y Salud y a la Contraloría General de la República para determinar responsabilidades en lo ocurrido.

De igual forma, solicitó ala Cámara de Diputados y al Senado que inicien una comisión investigadora y se suspendan las funciones del CREAD de Pudahuey.

Según el edil, todas las peticiones tienen como eje central los derechos de los niños, niñas y adolescentes que residen en ese lugar.

“El centro de la acción es velar por el derecho a la vida, que tiene que ver no solo con que no te maten, no solo con respirar, sino que te otorguen condiciones de dignidad para vivir y el derecho a la salud física y psíquica que se entiende de una manera integral en los organismos internacionales”, señaló Bravo, citado por Diario U de Chile.

Por su parte, la diputada Claudia Mix lamentó que persistan este tipo de vulneraciones en los centros dependientes del Sename, centrando sus críticas también hacia el mundo político que no ha sido capaz de hacer cambios reales en favor de las infancias chilenas.

“No hemos logrado revertir el actuar del Estado que es el responsable de proteger a los niños, niñas y adolescentes en estos centros que son precisamente para aquello, para protegerlos y claramente no cumplen la función para la que fueron creados”, indicó la diputada citada por el portal web.

El caso

Las vulneraciones que requieren de la investigación de los órganos competentes fueron expuestas luego de la visita de la jueza del Segundo Juzgado de Familia, Mónica Jéldrez, quien pudo constatar entre otras graves transgresiones, la explotación sexual comercial infantil de niños y niñas raíz de ello.

A principios de agosto, la magistrada expuso ante la comisión presidida por el senador RD Juan Ignacio Latorre, emplazando en un llamado desesperado directamente a los tres poderes del Estado por la lentitud en buscar soluciones a este caso.

«No puedo dejar de decir que lo aquí se señala es absolutamente contradictorio. Que sabemos todo lo que ocurre en el CREAD de Pudahuel, que lo tenemos claro, que estamos haciendo lo imposible en la visita de la Defensora, malos tratos, inadecuado manejo de situaciones de complejidad, insuficientes protocolos, discriminación de pares, etcétera. Todo lo que hemos hablado, todos los saben. Nosotros oficiamos, en lo personal oficié al Ministerio de Justicia, a la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, etcétera. Todos sabemos lo que ocurre (…), pero hoy hay niñas que se fugan desde la residencia, son violadas, son secuestradas, las tienen por días secuestradas. Unas se arrancan, logran escapar, llegan en calidad de bulto y los jueces vamos de nuevo a la misma residencia y se vuelven a fugar y las vuelven a violar y son víctimas de un círculo de explotación sexual infantil. De eso estamos hablando acá», comenzó su intervención, citada por el portal El Mostrador.

«Entonces, cuando escucho decir ‘bueno, entonces qué podríamos hacer. Mire, hemos hecho comunicaciones con instituciones, hemos aplicado protocolos, hemos mandado oficios, hemos oficiado al Ministerio Público, a la Fiscalía, hemos hecho convenios, mesas interinstitucionales, hemos hecho acciones con el interceptor’. Estamos hablando que hoy hay niñas que son gravemente vulneradas en su derecho y que están con riesgo de vida. Los niños que están con orden de búsqueda y recogimiento, sin ningún control, sin ningún seguimiento de ningún garante, están con riesgo de vida. Y eso es lo que yo quiero decir. Porque efectivamente, tal como dice la senadora Yasna Provoste, esto es una cautelar que sabemos que se demora en la CIDH. Pero, bueno, ¿cuál es la respuesta actual que va a dar el ministro? ¿Cuál es la respuesta? Yo podría señalar miles. ‘No tenemos policía especializada, pero voy a hacer un grupo para ir en búsqueda de ella'».

 Esta situación motivó, además, que la magistrada junto a Branislav Marelic, miembro del Consejo del INDH, denunciara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos los hechos, acción a la que adhirió el municipio de Pudahuel.