Amnistía Internacional: Ley Antidiscriminación se quedó corta y debe ser reformada «con urgencia»

Chile cuenta con una ley antidiscriminación desde 2012, año en que el brutal homicidio de Daniel Zamudio generó tal impacto en la ciudadanía que dio un impulso político necesario para la aprobación de la ley.

Sin dudas, este paso constituyó un avance importante, aunque ya en su momento varias voces se alzaron para advertir sobre las falencias que tenía la ley. Hoy, a siete años de su promulgación es evidente que la legislación requiere ser modificada para que realmente cumpla su cometido, pues no ha servido para frenar los casos de discriminación que se viven de manera habitual en los ambientes laborales, centros de salud, colegios y espacios públicos.

El texto de la ley que se aprobó en 2012 tiene por objeto central crear una acción judicial, que permite que cualquier persona demande en tribunales cuando se cometa un acto de discriminación. Si bien, este procedimiento es importante, resulta ser insuficiente y con claras limitaciones, que -entre otras cosas- hace difícil probar una discriminación, y no permite dar una debida reparación al demandante. Esto hace que en la realidad no sea del todo efectivo. Por otra parte, la ley omite obligaciones en materia de prevención de la discriminación.

En este contexto, Amnistía Internacional y su proyecto “Diversxs” presentó la campaña “La Ley Antidiscriminación se quedó corta”, que pide que, cuanto antes, se modifique la ley para que realmente haga frente a la discriminación y salvaguarde los derechos de los grupos protegidos.

Si bien, el gobierno de Sebastián Piñera ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de modificarla, aún esto no se concreta. El último anuncio dice que a fines de agosto se abrirá un proceso de consulta ciudadana que encamine hacia la reforma a la ley. 

“Esperamos que el gobierno cumpla esa fecha y que la dirección que tome la reforma sea la correcta. Para que la ley antidiscriminación efectivamente cumpla con las expectativas de lo que debería ser, debe integrar la prevención, sanción y reparación a quienes han sido objeto de actos discriminatorios”, señaló Lorna González, coordinadora del proyecto Diversxs de Amnistía Internacional.

Según Amnistía Internacional, la reforma debe modificar la acción judicial de no discriminación, reformar el concepto de “discriminación arbitraria”, crear una institucionalidad antidiscriminatoria y reforzar los aspectos relativos a prevención y obligaciones del Estado.

Además, es imprescindible que se hagan todos los esfuerzos por dar a conocer ampliamente en la sociedad el alcance de la legislación, pues de acuerdo a los datos obtenidos por Fundación Iguales, la ley ha tenido una escasa aplicación. Desde la entrada en vigencia hasta comienzos de 2019, se han presentado casi 400 demandas, de las cuales solo se han dictado alrededor de 100 sentencias definitivas.

“Llama la atención el bajo número de denuncia y condenas, pues no se condice con los actos discriminatorios que se conocen de manera habitual hacia personas con algún tipo de discapacidad, extranjeras y pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, entre otras. Sin duda, esto afirma la necesidad de revisar la efectividad y alcance de la ley”, indicó Ignacio Espinoza, activista del proyecto Diversxs de Amnistía Internacional.

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