Amplían querella por permisividad ante la tortura contra Ricardo Yáñez, actual Director General de Carabineros

Ante el 7° Juzgado de Garantía fue presentada una ampliación de la querella actualmente en tramitación contra Mario Rozas, ex General Director de Carabineros y contra Sebastián Piñera, ex Presidente de la República, por el delito de permisividad frente a la tortura.

La ampliación es ahora en contra de Ricardo Yáñez, actual General Director de Carabineros. El fundamento de dicha ampliación son declaraciones del querellado Rozas, quien en otra causa similar que se sigue por los crímenes cometidos durante el estallido, señaló que todas las acciones de orden público eran ejecutadas a través del Director de Orden y Seguridad («Dioscar» en la jerga policíaca).

El Dioscar durante el estallido era precisamente Ricardo Yáñez, por tanto debió haber sido él quien en primer término ordenase hacer cesar las mutilaciones oculares provocadas por el uso de la escopeta antidisturbios. Si él no lo hacía la responsabilidad pasaba a Rozas y en último término a Piñera, como responsable constitucional de todo lo referente al orden público en el territorio de la República, explicó Rendón.

El abogado de DDHH, Luis Mariano Rendón dijo que «esta ampliación de la querella permite dirigir la investigación explícitamente contra Yáñez, aunque me imagino que la fiscal Chong, quien tiene conocimiento formal desde hace algunas semanas de las declaraciones de Rozas, al quedar la causa donde fueron emitidas también bajo su conocimiento, ya debe haber resuelto alguna diligencia para indagarlo».

Rendón concluyó diciendo que con todos estos antecedentes públicos sobre la mesa, le resulta inexplicable que el Presidente Boric no haya hecho uso de sus facultades constitucionales para destituir a Yáñez.

«Resulta casi una provocación que lleguemos a otro 29 de marzo, fecha en que se conmemoran terribles crímenes de Carabineros en dictadura, con un evidente responsable de violaciones a los DDHH aún al mando de dicha institución. Su remoción es un acto de prudencia básica, porque entre otras cosas, desde su cargo puede entorpecer las investigaciones que lo involucran. Mantenerlo en el cargo es una señal nefasta de continuismo e impunidad, que impide cualquier tipo de normalización de la relación entre la policía y la sociedad a la que debiese servir.»