ANEF y CUT respaldan acuerdo de reajuste y llaman a no debilitar derechos laborales

El pasado mes, el Gobierno, la CUT y la Mesa del Sector Público firmaron el protocolo de acuerdo del reajuste salarial 2025–2026, que contempla un incremento total de 3,4%, distribuido en 2,0% desde diciembre de 2025 y 1,4% desde junio de 2026, el cual será incorporado al proyecto de ley respectivo.

El acuerdo, compuesto por 26 puntos, incluye además un aumento de 5% en las remuneraciones mínimas —que irán entre $564.598 y $668.412 desde enero de 2026—, un bono mensual de cargo fiscal con reajuste de 5%, y la actualización de beneficios como aguinaldos y otros bonos asociados.

Las autoridades destacaron que el protocolo refleja una relación basada en el diálogo social y la negociación con el mundo sindical, permitiendo recuperar progresivamente el poder adquisitivo y fortalecer derechos laborales en el sector público. Desde la CUT, en tanto, llamaron al Congreso a aprobar el acuerdo para dar certezas a las y los funcionarios públicos.

Carlos Insunza, secretario general de la ANEF, señaló que esperan que el proyecto de reajuste del sector público sea aprobado con la celeridad que merecen las y los trabajadores del Estado. Indicó que la ANEF es parte activa de la mesa del sector público y respalda íntegramente lo acordado, advirtiendo que no se deben enredar ni relativizar derechos fundamentales que también son un referente para el sector privado.

El dirigente enfatizó que los funcionarios públicos cumplen labores permanentes y que su trabajo no es circunstancial, por lo que llamó a los parlamentarios a no confundir estos cargos con los de exclusiva confianza política. En ese sentido, sostuvo que el debate legislativo debe centrarse en regular adecuadamente esos cargos, sin afectar la estabilidad de quienes desempeñan funciones permanentes en el Estado.

Respecto al reajuste, Insunza afirmó que este no alcanza a recuperar completamente el poder adquisitivo perdido y cuestionó a los sectores políticos que buscan reducir sus componentes económicos. A su juicio, dicha postura refleja una voluntad injustificada de imponer una nueva pérdida salarial a los trabajadores del Estado y no contribuye a un diálogo legítimo con el mundo laboral.

Asimismo, planteó que el proyecto de ley abre una oportunidad para regular el uso del aparato público y separar claramente la función permanente del Estado de los cargos de confianza, los que —dijo— no pueden transformarse en un botín político. Agregó que este debate es clave para garantizar condiciones laborales decentes y un Estado que funcione en beneficio de la ciudadanía.

Por su parte, Lisetty  Sotelo, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales, manifestó su preocupación por las recientes desvinculaciones de funcionarios con años de experiencia en distintos municipios. Alertó especialmente sobre el despido de un dirigente sindical en la Municipalidad de Maipú, calificándolo como una práctica antisindical.

“No más despidos políticos. Los municipios son de todos los colores políticos y la llamada ‘ley de amarre’ no existe. Lo que se está defendiendo es la estabilidad laboral de buenos funcionarios municipales”, concluyó Sotelo.

Pos su parte, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, entregó los elementos esenciales del proceso de negociación, señalando que tuvo tres ejes fundamentales: el trabajo decente, vinculado a condiciones laborales y remuneraciones; la estabilidad laboral como derecho legítimo; y la libertad sindical, es decir, el derecho de las y los trabajadores a ser representados por sus pares.

“Solicitamos el apoyo legislativo de los parlamentarios a este proyecto de ley, que ingresa de manera excepcionalmente tardía, del cual depende el pago de los sueldos de enero de los trabajadores del sector público. Existe un acuerdo mayoritario firmado por la mayoría de las organizaciones, al que posteriormente se sumaron todas las demás”, señaló. 

Por otro lado, Díaz reconoció que no se alcanzó el reajuste nominal que buscaban pero que para ellos lo más importante es la estabilidad laboral. “La confianza legítima no es un concepto nuevo: se trata de que los funcionarios con al menos dos años de renovación de contrata no sean despedidos de manera arbitraria y que se les informe las razones de una eventual no renovación”, agregó. 

Díaz afirmó que la demanda de confianza legítima no busca “amarres” ni se aplica a cargos de confianza política, sino que apunta a proteger a funcionarios de carrera con años de servicio que han sido desvinculados sin explicación. En ese sentido, exigió debido proceso, aviso oportuno y fundamentación en las decisiones administrativas.

Asimismo, llamó a legislar con celeridad el proyecto, advirtiendo que su aprobación incide directamente en el pago de remuneraciones de enero para miles de trabajadores del sector público. Díaz pidió un debate con altura de miras, subrayando que, junto a los acuerdos económicos, también son clave el empleo de calidad, la estabilidad laboral y la protección frente a arbitrariedades.

“Defendemos también los derechos de las y los dirigentes sindicales, porque somos quienes damos la cara para que no se vulneren los derechos de los trabajadores. No puede haber represalias ni recortes salariales contra quienes ejercen esta labor”, indicó el dirigente. 

Por último, declaró que le corresponde al Ejecutivo aclarar en el parlamento el financiamiento del proyecto que ya está presentado. Díaz reiteró el llamado a cumplir con los compromisos asumidos en materia de negociación ramal y que se le otorgue la urgencia que amerita la iniciativa.