Anglo American quiere trasladar 48 millones de toneladas de residuos mineros de Lo Barnechea a Colina omitiendo estudio de carácter internacional

El Comité de Ministros del Presidente Gabriel Boric aprobó en abril de 2023 la expansión del proyecto “Los Bronces Integrado” de Anglo American, que permite a la gigante británica continuar la extracción de minerales bajo tierra, pese a los daños que ya se le atribuyen por el túnel de exploración bajo el Glaciar La Paloma.

Para avanzar en este proyecto, la minera necesita sortear las más de 300 páginas de observaciones emanadas en esa oportunidad, donde se solicita, entre otras cosas, el retiro de los relaves Pérez Caldera l y ll que permanecen en la cordillera de Lo Barnechea, pese a que desde 1989 existe la orden de remover estos residuos y el plazo de 25 años para hacerlo finalizó en 2015.

Entre las principales razones para remover el tranque, se encuentra el peligro inminente de que un deslizamiento de tierra o alud llegue a provocar el colapso del relave. Esto estuvo a punto de ocurrir en 1987, cuando durante el invierno de ese año las precipitaciones dejaron el relave a solo 50 cm de su capacidad total, por lo que fue necesario evacuar el sector y se decretó una orden judicial para remover el relave.

Otra de las preocupaciones compartidas por las comunidades y la academia se relaciona con la ubicación geográfica del relave, que se emplaza en las cercanías de la falla de San Ramón, una fractura en la corteza terrestre que se encuentra activa y puede causar sismos en sus más de 50 kilómetros de longitud, extendiéndose en la Región Metropolitana entre la comuna de Lo Barnechea y Pirque.

Otro punto a considerar, es que el relave Pérez Caldera se localiza sobre la cuenca del río San Francisco, afluente del Río Mapocho, que a su vez abastece de agua potable a parte de la Región Metropolitana. Dado lo anterior, una ruptura del muro de contención del tranque podría desencadenar una crisis sin precedentes para quienes se abastecen de este cauce en la región más poblada del país.

Incluso, la situación es aún peor si a los factores ya mencionados sumamos un hecho que expone a un riesgo todavía mayor a los habitantes de la región: el relave en cuestión no cuenta con una geomembrana que evite la filtración de residuos peligrosos a las napas subterráneas, afectando la salud de las personas, contaminando el suelo, el agua y la tierra.

Para deshacerse de este problema y enfocarse en la expansión subterránea, la minera ha propuesto trasladar los residuos al relave Las Tórtolas, en la comuna de Colina, a 37 km de Pérez Caldera.

De concretarse este proyecto de remoción, 48 millones de toneladas de material contaminado serían trasladados mediante un ducto desde el relave Pérez Caldera, en Lo Barnechea, hacia su nueva ubicación en Las Tórtolas, que ya cuenta con un 45% de su capacidad ocupada.

Para ejecutar esta actividad, la minera envió al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que da cuenta del impacto que tendría para el medioambiente la remoción del material minero. Sin embargo, dicho informe omitió la incorporación de la Revisión Independiente de Seguridad de Presas (DSR, por su sigla en inglés), una herramienta estándar utilizada en proyectos similares a nivel internacional y exigida por la normativa chilena (DS 248/2007 del SERNAGEOMIN).

Por este motivo, las comunidades y organizaciones ambientales han ingresado a principios de esta semana una reclamación al SEA, para incorporar esta medición a la Declaración de Impacto Ambiental que, de ser rechazada, podría escalar al Tribunal Ambiental o bien otras instancias institucionales.

Ante esto, el vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), Cristóbal Rodríguez, indicó que “este proyecto de Anglo demuestra que no existe la minería sostenible, ya que no se explicita el daño que puede causar la remoción de 48 millones de toneladas de desechos de un lugar de la capital a otro. Además, nos presenta la operación como una actividad inocua, libre de riesgos e impactos sostenidos en el tiempo que dañen el medioambiente y a las comunidades”.

Similar es lo que expresa la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos (UNCO) de Lo Barnechea, que agrupa a 32 Juntas de Vecinos, Margarita Carrasco, al señalar que “el relave Pérez Caldera representa un riesgo significativo, por lo tanto, necesitamos que la reclamación tenga una buena acogida, ya que para su retiro necesitamos comprender y evaluar los riesgos, más aún cuando es un tema tan importante como la seguridad ambiental y la salud de nuestros vecinos y vecinas”.

Del mismo modo, Manuela Royo, abogada y vocera nacional de MODATIMA, ha señalado que “es deber de nuestro movimiento avanzar en la aplicación de todas las herramientas legales existentes en proyectos de la magnitud de Los Bronces Integrado y en este caso particular, la remoción del tranque de relaves Pérez Caldera, para garantizar el cuidado de la naturaleza y el respeto por los Derechos Humanos”.

Dudas justificadas

Estas inquietudes pueden resultar entendibles si nos remontamos a uno de los últimos cuestionamientos que ha enfrentado Anglo American en su faena Los Bronces: daños irreversibles al glaciar La Paloma y la construcción de un túnel minero sin los permisos ambientales correspondientes.

Corría el año 2018 y Anglo American alertó de un riesgo de desprendimientos en este glaciar del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, según indicó el alcalde de ese entonces, Felipe Guevara (RN). A raíz de esto, la minera también mandató a la empresa Pucará S.A. -que ha trabajado históricamente con ellos- a realizar un informe de la situación, para que luego Sernageomin emitiera sus conclusiones en base a estos hallazgos, según detalla El Mostrador.

Sobre esto, la geóloga y académica de la Universidad de Concepción, Verónica Oliveros señaló al mismo medio que Anglo American es un “cliente histórico” de Pucará S.A., por lo que “no van a decir algo que les impida a ellos seguir explotando el cobre”. Sobre Sernageomin, por otro lado, indicó que “ellos no tienen los medios ni el interés, quizás, de hacer un estudio paralelo. Es bastante probable que se hayan basado exclusivamente en lo de Pucará”.

Es decir, la minera solicitó la realización de un estudio a una empresa que ha trabajado históricamente con ellos, para que luego, en base a esos hallazgos, Sernageomin emitiera las conclusiones del caso.

Puede ser que la empresa haya hecho todo en regla, pero de todos modos sembró un manto de dudas, más aún cuando la resolución atribuyó el problema al “cambio climático”.

Algo similar ocurrió cuando la empresa generó desconfianzas en las comunidades al construir el túnel Los Sulfatos entre los años 2008 y 2011 sin llevar a cabo una evaluación ambiental, a pesar de cumplir con al menos tres causales para su ingreso: cercanía a glaciares, estar ubicado en un área de protección oficial y ser un proyecto de prospección minera.

A partir de estos antecedentes, las comunidades y organizaciones ambientales han recalcado la necesidad de contar con un instrumento imparcial que permita entregar claridad respecto a los impactos sinérgicos generados por el desplazamiento de los sedimentos mineros, siendo fundamental la generación de datos científicos desprejuiciados, transparentes y fidedignos capaces de brindarle tranquilidad a las comunidades que han estado expuestas a las externalidades negativas de esta operación de Anglo American emplazada en plena cordillera de Los Andes.