Organizaciones denuncian falta de claridad en la información

Ante ola de críticas Gobierno se ve forzado a modificar protocolo de vacunación contra COVID-19 en personas con VIH

Si bien, se eliminó el requisito de presentar una orden GES 18 para la vacunación en personas viviendo con VIH, las organizaciones sociales advirtieron que la confidencialidad del diagnóstico no está asegurada. “Desgraciadamente el Ministerio de Salud insiste y persiste en el error”, lamentó Víctor Hugo Robles, activista y periodista.

Durante la tarde de este jueves el gobierno decidió eliminar del protocolo la exigencia de presentar un certificado que comprobara el diagnóstico GES 18 (VIH/SIDA) para vacunación en personas viviendo con VIH, ante la serie de críticas que surgieron de las diferentes organizaciones en la lucha del VIH, quienes denunciaron que esta medida transgredía la Ley 19.779.

Al respecto, se interpuso un recurso de protección contra del Ministerio de Salud (Minsal), lo que agilizó este cambio. El activista y periodista, Víctor Hugo Robles, destacó la relevancia de esta acción.

“Fue importante levantar esta demanda, esta denuncia que incluye un recurso de protección que está siendo analizado por la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en el transcurso de hoy día y mañana vamos a saber si fue admitido a tramitación o no. Yo tengo la esperanza de que sí, porque es una causa que está fundamentada”, comunicó en sus declaraciones a El Ciudadano.

No obstante, desde las organizaciones advirtieron sobre la descoordinación en la información suministrada sobre el proceso, y que aún no se está asegurando el derecho a la confidencialidad del diagnóstico en personas viviendo con VIH (PVVIH).

A través de un correo, Ana María San Martín, Jefa del Depto. Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS, informó a las diferentes organizaciones sobre la eliminación del certificado del diagnóstico GES 18.

En el mail se señaló que el Ordinario B22 N°500 (documento que contiene el instructivo de vacunación contra el COVID-19) sigue vigente y que sólo se modificó dicho punto.

Asimismo, indicaron que al igual que el resto de la población, las PVVIH deben portar su cédula y en caso de ser consultadas, debían indicar a qué grupo de personas con enfermedades crónicas pertenecen. Si bien se advierte que se resguardará la confidencialidad, las organizaciones aún temen la falta de seguridad al respecto.

Robles señaló que valoran todo el trabajo y compromiso de San Martín, no obstante destacó que el Ministerio de Salud “insiste y persiste en el error”, puesto que si bien, en el correo se toma en cuenta la confidencialidad, en el documento oficial no se indica y tampoco hay claridad.

“Uno podría preguntarse si un funcionario de salud o un funcionario de un Cesfam, de un consultorio, un funcionario municipal que vea el documento, no va a tener claro si tiene que exigirle a la persona viviendo con VIH que revele su condición, porque el documento dice que la persona tiene que presentar el carnet de identidad y señalar que es una persona con enfermedad crónica. Bueno. entonces ¿Qué va a pasar cuando un funcionario te exige revelar cuál?”, cuestionó el activista

Asimismo, Robles advirtió que en el documento oficial tampoco asegura que las personas no estén obligadas a revelar su condición de VIH y señaló que “ahí hay una ambigüedad, que es muy grave que, es problemática.”

Descoordinación en la entrega de información

Otro punto que generó preocupación y críticas en las diferentes organizaciones en la lucha del VIH, fue la información difundida en las redes sociales, específicamente en el Servicio de Salud del Maule.

En los tweets (que posteriormente fueron eliminados), el Servicio de Salud del Maule señaló que se estaba coordinando iniciar el proceso de vacunación para PVVIH este domingo 7 de febrero, y además se indicó el requisito de contar con un “pase” emitido por el médico tratante para poder acceder a la vacuna, una medida muy similar a la que se acababa de eliminar del Ordinario B22 N°500 y que causó confusión en las organizaciones sociales.

Posteriormente, se aclaró que las personas viviendo con VIH sólo debían acudir con su cédula de identidad.

Frente a esto, Michael Díaz, director ejecutivo de la Fundación SIDA Maule, señaló que han pedido información sobre el proceso de vacunación, pero que hasta el momento ningún representante del Ministerio de Salud les ha indicado la forma y los criterios a seguir.

Díaz expresó que esto les “incomoda”, ya que la organización ha tratado por todos los medios contactar sin éxito a las autoridades, incluso del Programa Nacional de VIH del Ministerio de Salud.

No hemos recibido aclaración, por el contrario, en conversaciones referentes de los programas de atención primaria, se nos ha indicado la falta información. Nos preocupa esta situación, ya que muchas personas que viven con VIH desean acceder a la vacunación, y los centros especializados de atención, al parecer no están ofreciendo este servicio, lo cual es preocupante, ya que el VIH requiere de un abordaje que garantice la confidencialidad”, advirtió en sus declaraciones a El Ciudadano.

Ante este escenario, sumado al contexto de cuarentenas, manifestó que se encuentran “muy preocupados”, ya que también han solicitado información sobre los protocolos de contingencia para la atención del VIH en los hospitales de Talca y Curicó, tomando en cuenta que ambos centros que atienden a un número muy importante de personas que viven con VIH, y que además, ambas ciudades se encuentran en Fase 1.

“Desafortunadamente, a pesar de nuestra insistencia no hemos tenido respuesta, y la información que nos ha llegado es contradictoria, hay un problema de comunicación bastante serio, y como fundación, debemos asegurar que nuestra comunidad reciba la información de forma oportuna y correcta”, señaló Díaz.

Robles calificó de vergonzosa esta falta de prolijidad en la entrega de información por parte de las autoridades de salud.

“Revela la falta de coordinación, la falta de información, y la verdad, el desastre que ha tenido el Ministerio de Salud, la vergüenza política, la vergüenza pública que están expresando respecto de la atención, más bien de la desatención de las personas viviendo con VIH en el proceso de vacunación en contra del Covid-19”, aseveró Robles.

Al respecto, el activista Matías Marín del Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH (CEVVIH), destacó que hay un “problema grave de comunicación de parte de las autoridades sanitarias” y que se visualiza la “improvisación” con la que se está trabajando.

“Si no tenemos claridad con respecto a cuándo va a ser, qué día, en qué fecha, qué documento hay que presentar o si es que no hay que presentar documento, me parece que es bastante engorroso que se esté trabajando sobre la marcha y que no existiera una preocupación real desde antes”, señaló.

La falta de interés real de las autoridades

Ante el actuar del Minsal, Robles manifestó que a pesar de estar considerados como un grupo prioritario, en la práctica y cuando se tienen que visibilizar a las personas viviendo con VIH, éstas no tienen mayor relevancia.

“Ayer, en la conferencia de prensa que él (ministro Enrique Paris) realiza en la Moneda, tuvo la oportunidad de aclarar este tema, de pedir calma, de pedir también comprensión a las personas viviendo con VIH, de disculparse sobre todo, por haber cometido este error de pedir un certificado que vulnera la confidencialidad, sin embargo no lo hizo”, lamentó.

A pesar de la eliminación de la orden GES 18, Luis Zambrano, representante de la Agrupación Vida Más del Hospital Sótero del Río, advirtió que se sigue dejando el tema de la confidencialidad «a criterio de un tercero«, por lo que sería mucho más lógico que la vacunación en PVVIH se efectué en cada centro de atención donde estas personas acuden normalmente y así, se sientan más seguras.

“Yo aún no logro entender ni comprender la implementación tan apresurada de esta vacuna. Nos obligan a exponernos nuevamente a un grupo grande de personas que van a estar a la espera, cuando esta situación se podría zanjar de manera fácil, rápida, disponiendo que los centros de atención puedan vacunar a sus propios pacientes”, expresó Zambrano.

Carlos Faras, cientista político y presidente de la Fundación Chile PrEP, señaló que no todas las personas pueden expresar «a viva voz» su condición en un centro de vacunación ni tampoco tienen por qué hacerlo, puesto que la ley asegura su confidencialidad y eso debe respetarse.

«Es importante que el Ministerio de Salud también señale en el protocolo cuáles son las acciones y las medidas que los proveedores clínicos deben tomar para asegurar el derecho a la privacidad y a la confidencialidad de las personas que viven con VIH”, puntualizó.

En torno a esto, Robles hizo hincapié en que si bien, se valora que a las PVVIH se les considere como grupo prioritario, esto no se está reflejado en los protocolos, y enfatizó que éste no debe ser centralizado, sino “pensando en las distintas realidades, de norte a sur”.

“Desgraciadamente el Ministerio de Salud insiste y persiste en el error de no escuchar a las personas viviendo con VIH, dejando a criterio de un tercero si se debe exigir o no el revelar tu condición de VIH positivo”, advirtió.

Admiten recurso de protección

Durante la tarde del viernes, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de protección en contra del Ministerio de Salud.

Asimismo, le solicitó al Minsal presentar un informe en los próximos cinco días, así como todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto que ha motivado el recurso,bajo apercibimiento de aplicar alguna de las sanciones previstas.


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