Argentina busca «responsabilidad internacional» de Luksic por contaminación y senador apunta a Bachelet

El conflicto judicial por los residuos que la empresa Pelambres botó hacia Argentina, y que motivó una investigación al interior del Ministerio de Minería chileno por gestiones realizadas en favor del Grupo Luksic, suma un nuevo episodio.

Hace algunas semanas, la parlamentaria Margarita Stolbizer concretó sus deseos de preguntar sobre este asunto al jefe de gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, en la información periódica que éste debe brindar a la Cámara de Diputados de la nación argentina como dispone la Constitución de ese país.

Según manifestó el abogado ambientalista Diego Segui en contacto con El Ciudadano, lo más relevante en términos jurídicos fue el reconocimiento de gestiones realizadas por el gobierno trasandino en abril de este año, que tuvieron por objeto hacer reserva de derechos ante Chile «en relación a la responsabilidad internacional emergente de las actividades de la empresa Pelambres», lo que se materializó en una nota enviada a nuestro país.

En esa oportunidad, explicó Peña a la representante a la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría para Asuntos de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto argentino reiteró «al gobierno de la República de Chile la invitación a informar sobre cómo propone la restitución de las cosas a su estado anterior en el territorio argentino, afectado por las actividades de la empresa mencionada».

«En primer lugar consideramos que 50.000.000 de toneladas de roca estéril, no fueron colocadas de manera subrepticia. Se necesitaron, seguramente, más de 5 años de acarreos continuos en grandes camiones, para constituir una escombrera de esa magnitud en territorio argentino… La nueva gestión de la Secretaría de Minería informó a Cancillería de los pormenores del incidente, el que estimamos, data por lo menos desde el año 2005 (o anterior) en adelante», acotó el personero.

En el mismo mensaje de abril se «informó que la República Argentina, dada la seriedad y gravedad ambiental planteada, estaba dispuesta a autorizar la apertura de un ocasional paso fronterizo (hacia Chile), a los efectos de permitir el cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Federal N°1 de la Provincia de San Juan en el incidente de medidas cautelares de la causa Xstrata Pachón SA c/ Minera Pelambres SA s/ordinario», esto con la intención de retirar los neumáticos depositados en el botadero Cerro Amarillo.

CANCILLERÍA AL BANQUILLO

El caso escaló el mes pasado, cuando a las informaciones publicadas inicialmente por The Clinic se sumaron los antecedentes dados a conocer por El Ciudadano respecto a varios correos electrónicos que involucraban a la ministra de Minería, Aurora Williams, en claras instrucciones para enviar a diversas autoridades argentinas un presunto informe de Sernageomin que declaraba inocente a la minera por contaminar dos lagunas.

En realidad, el documento había sido confeccionado por SGS, un laboratorio pagado por Pelambres.

El sumario administrativo que en febrero sancionó al jefe de gabinete de Williams por enviar el archivo a la minera (algo que supuestamente fue acordado en una reunión previa, donde participó la ex canciller Soledad Alvear como abogada externa de Antofagasta Minerals, según versión del jurista Andrés Jana), reveló otros intercambios entre la cuprífera de Luksic y funcionarios de Sernageomin para incluir los datos de SGS en un Power Point oficial del Ministerio chileno.

La información capturó la atención del cuerpo de asesores del senador Fernando «Pino» Solanas. A fines de julio, como publicó el sitio web LaPolíticaOnline, desde la oficina del político argentino respondieron que el asunto ya se convirtió en un problema de política internacional, esto porque el «Gobierno chileno está involucrado en una maniobra para colaborar con Antofagasta Minerals SA», según plantearon, lanzando sus dardos directamente a Bachelet.

Solanas declaró al mismo medio que citará a la canciller argentina Susana Malcorra al Congreso por «amparar el vuelco de residuos mineros en San Juan», y que pedirá la nulidad del acuerdo firmado entre ese gobierno provincial y la empresa de cobre, el cual «permite que el basurero siga en el mismo lugar».