El Instituto Nacional de Derechos Humanos cuestionó la presencia «intempestiva» y sin previo aviso de personal militar en la zona del antiguo autódromo de Arica, justo mientras se desarrollaban actividades del Plan Nacional de Búsqueda.
Según consignaron medios de prensa y familiares, las labores se encontraban en pleno desarrollo cuando llegaron al lugar funcionarios del Ejército, «sin que mediara coordinación previa con las familias o las instituciones participantes, ni un mandato y justificación claras», indicaron desde el INDH.
«Atendido el marco del Plan Nacional de Búsqueda, la presencia del personal del Ejército constituyó una grave perturbación emocional para los familiares. En efecto, dadas sus historias de vida, los familiares de las víctimas legítimamente percibieron la presencia militar como un acto intimidatorio, por el simbolismo de su presencia en un lugar donde se busca verificar la perpetración de ejecuciones», plantearon en una nota de prensa.
De acuerdo a lo informado, las actividades en el antiguo autódromo se realizaron entre el 7 y el 10 de julio. Se trata de en un sitio considerado de interés para esclarecer el paradero de víctimas, por lo que las labores las encabezó el ministro en visita para causas de violaciones a los DD.HH. de las jurisdicciones de La Serena, Copiapó, Antofagasta, Iquique y Arica, Sergio Troncoso Espinoza, con participación de otras instituciones del Estado, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos.
En esa línea, desde el Instituto manifestaron «en primer lugar, su solidaridad con los familiares de las víctimas, por la afectación emocional que tuvieron que soportar. Además, el INDH plantea que el Ejército debe precisar las razones que motivaron la sorpresiva presencia de su personal en el antiguo autódromo de Arica».
«El INDH recuerda que la obligación de brindar justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición ante las violaciones a los derechos humanos es un imperativo ético y jurídico, derivado de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile, así como de la propia Constitución», apuntaron desde la entidad.
Dado lo anterior, recalcaron que «las diligencias del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, así como toda actuación estatal que se vincule con éste, deben garantizar el resguardo psicológico y la dignidad de los familiares, evitando su revictimización».
Finalmente, el Instituto recordó a las diferentes instituciones involucradas la importancia de reforzar los protocolos de seguridad en las actividades de implementación del Plan Nacional de Búsqueda, lo que implica una adecuada coordinación interinstitucional en contextos de alto impacto emocional y simbólico.
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