Australia: Luz verde a extradición de Adriana Rivas, exagente de la DINA y exsecretaria de Manuel Contreras

Rivas, de 68 años, está recluida en una prisión de la ciudad de Sidney desde febrero de 2019. Entre los casos por los que deberá responder están el "secuestro agravado" de Víctor Díaz, uno de los líderes del Partido Comunista en 1976.

Por Absalón Opazo

23/06/2021

Publicado en

Chile / Justicia y DD.HH / Portada

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Finalmente, la jueza Wendy Jane Abraham, del Tribunal Federal Australiano, dio luz verde a la extradición a Chile de Adriana Rivas, exagente de la DINA y exsecretaria de Manuel Contreras, y quien está acusada por la desaparición de 7 personas, entre ellas una embarazada, en 1976, durante la Dictadura de Pinochet.

Según consignó la agencia EFE, la jueza dijo en una breve sesión en Sidney que Rivas «es elegible» para la extradición, desestimando así la apelación que hizo la defensa de la exagente en contra del fallo de una instancia inferior, emitido el 29 de octubre, y que accedía a su entrega a Chile.

La jueza también ordenó que Rivas pague los costes legales del Estado chileno, que representó a Chile para pedir la extradición.

El reporte agrega que el fallo aún puede ser apelado ante el pleno de los magistrados del Tribunal Federal Australiano, aunque solamente basándose en la posibilidad de que exista un error en la interpretación o aplicación de la ley.

La abogada Adriana Navarro, quien representa a los familiares de seis de las víctimas atribuidas a Rivas, dijo a EFE que «es difícil pensar que pueda tener éxito allí», pues la jueza rechazó «la totalidad de los argumentos de Rivas» y confirmó su extradición por los siete cargos de secuestro agravado.

Rivas, de 68 años, está recluida en una prisión de la ciudad de Sidney desde febrero de 2019. Entre los casos por los que deberá responder están el «secuestro agravado» de Víctor Díaz, uno de los líderes del Partido Comunista en 1976, y la desaparición de Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Veliz y Reinalda Pereira, quien estaba embarazada en el momento de su detención por parte de la DINA, también en 1976.

La decisión del tribunal australiano causó reacciones tanto en los familiares de las víctimas como a nivel político y en las distintas organizaciones de Derechos Humanos del país.

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