El año 2025 cerró con una señal ambigua para la política ambiental chilena. Así lo concluye el Balance Socio Ambiental 2025, elaborado por Chile Sustentable, que examina críticamente los principales avances, retrocesos y desafíos en transición energética, biodiversidad, seguridad hídrica, institucionalidad ambiental y acción climática en un contexto de profundización de la crisis climática y socioecológica.
Entre los avances destacados, el informe releva la actualización del Plan de Descarbonización, que descartó oficialmente la co-combustión de carbón con amoníaco como vía para la transición energética, y la aprobación —tras casi una década de retraso— de una nueva Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas, que endurece los límites de contaminantes atmosféricos y los acerca a los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Sin embargo, el balance advierte que estos progresos resultan insuficientes frente a la mantención del carbón como fuente de generación eléctrica hasta 2040, la falta de compromisos de cierre al 2030 y el incumplimiento del retiro de centrales como Nueva Ventanas y Campiche.
Estas decisiones, señala el documento, prolongan por al menos 15 años adicionales los impactos sanitarios y ambientales sobre comunidades que ya enfrentan condiciones de sacrificio ambiental, como Huasco, Mejillones, Coronel y Quintero-Puchuncaví.
En materia de biodiversidad, el informe reconoce avances institucionales relevantes, como el desarrollo de los reglamentos para implementar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y la creación de una Red de Salares Protegidos.
No obstante, Chile Sustentable alerta sobre la fragilidad de estos avances, evidenciada en el retraso de los reglamentos, la apertura de salares protegidos a la explotación de litio y la persistencia de autorizaciones heredadas del régimen militar que permiten daño ambiental en ecosistemas de alto valor, como el Salar de Surire, pese a su condición de Sitio Ramsar y Monumento Natural.
El diagnóstico es aún más crítico en seguridad hídrica y protección de glaciares. A tres años de la reforma al Código de Aguas, el balance constata una implementación débil y fragmentada, sin planes de gestión integrada de cuencas ni nueva gobernanza efectiva del agua.
Paralelamente, los proyectos de ley de protección de glaciares permanecen estancados en el Congreso, en un escenario de creciente estrés hídrico y retroceso de masas glaciares estratégicas para el abastecimiento humano y ecosistémico.
Uno de los principales focos de alerta del balance es la consolidación, durante 2025, de una agenda de desregulación ambiental. La promulgación de la Ley de Autorizaciones Sectoriales y la Ley de Simplificación Regulatoria introdujo mecanismos que reemplazan permisos por declaraciones juradas y reducen el control estatal previo, debilitando la fiscalización y aumentando los riesgos para comunidades y ecosistemas, bajo el argumento de acelerar la inversión y el crecimiento económico.
En contraste, en el plano internacional Chile mantuvo un rol activo, actualizando su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), adhiriendo a la Declaración de Belém por el fin de los combustibles fósiles y respaldando iniciativas contra la desinformación climática.
Pero, el informe subraya la creciente brecha entre este liderazgo externo y la coherencia interna de las políticas públicas, tensionadas por una orientación económica que prioriza la flexibilización ambiental.
El Balance Socio Ambiental 2025, elaborado por Chile Sustentable, concluye que el país se encuentra en una encrucijada decisiva: avanzar hacia una transición socioecológica justa, con estándares robustos y participación ciudadana, o profundizar un modelo de desarrollo que continúa trasladando los costos ambientales y sanitarios a los territorios y comunidades más vulnerables.
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El Ciudadano / Foto Portada: Linde Waidhofer, Cuenca Chelenko.-

