Bancada PC pide al Gobierno que retire querellas contra estudiantes secundarios

Sostiene que la Ley de Seguridad Interior del Estado intenta penalizar la lucha social e incluye a los intentos por mejorar la vida de los trabajadores como delito.

Este martes la bancada del Partido Comunista (PC) presentó un Proyecto de Acuerdo por el cual la Cámara de Diputados sugiere al Gobierno desistir de la presentación de denuncias en contra de estudiantes secundarios y otro jóvenes empleando la Ley de Seguridad Interior del Estado.

El acuerdo consigna que la Prueba de Selección Universitaria (PSU) ha sido cuestionada por la forma en que segrega y limita el acceso al conocimiento. Del mismo modo, considera al examen como un instrumento al servicio del mercado de la educación y no como un bien social.

Además, señala que la PSU premia el nivel socio económico, puesto que el desempeño y rendimiento mejoran cuando el contexto para niñas y niños es favorable. Es decir, “también premia la desigualdad”, como recalca el impreso. Esto lo ratifica al incorporar las estadísticas de 2017, que muestran que los alumnos de establecimientos privados tuvieron un promedio de 604 punto en las pruebas de Lenguaje y Matemáticas, mientras que en los recintos municipales este fue de 474,5 puntos.

Por otro lado, la carta indica que la Ley de Seguridad Interior del Estado reemplazó a la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, conocida como la “Ley Maldita”. En ese sentido, se sostiene que es una ley «nefasta», porque intenta penalizar la lucha social e incluye a los intentos por mejorar la vida de los trabajadores como delito. También se apunta a que la invocación de esta ley es para criminalizar la protesta política, que busca el fin del sistema opresor.

Asimismo, el acuerdo propone que la violencia del Estado y la responsabilidad de las autoridades y las fuerzas policiales deben ser probadas y requieren ser denunciadas, siendo necesario el cumplimiento de estándares y formalidades; mientras que la responsabilidad de quienes luchan, se presume. Por esa razón, dice el acuerdo, estiman que la invocación a la Ley de Seguridad Interior del Estado deslegitima la actitud de quienes se manifiestan frente al sistema desigual.

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