Bancada PC propone suspender pago de cuentas de servicios básicos hasta junio de 2020

La bancada del Partido Comunista presentó este lunes una iniciativa parlamentaria que busca suspender el cobro de las cuentas de la luz y el agua durante los próximos cuatro meses, con la finalidad de que los sectores más vulnerables no sufran un impacto económico al llevar a cabo las medidas sanitarias para evitar el contagio del Covid 19, tal como el aislamiento social y el mantenerse en los hogares.

La propuesta establece que al 60% de la población más vulnerable se le suspenda el cobro de las cuentas del agua y la luz, hasta junio del presente año. El costo en la implementación será a cargo de las utilidades de las empresas que entregan el suministro.

El jefe de la bancada del Partido Comunista, diputado Boris Barrera, sostuvo al respecto que “estamos frente a una situación excepcional y por ello es que se necesitan medidas profundas que ayuden a los sectores más vulnerables. A la preocupación por el estado de salud, no se le puede sumar una preocupación por la situación económica de las familias”.

“Por ello es que resulta necesario apuntar a políticas que permitan proteger económicamente a los sectores de más escasos recursos, quienes producto de la informalidad de su trabajo, no percibirán ingresos o estos se verán mermados de manera relevante a causa de las medidas aislamiento social”, afirmó el diputado.

Finalmente, Barrera subrayó que las empresas que proveen estos servicios deben hacer los esfuerzos necesarios para contribuir a paliar los efectos económicos inmediatos que provoca la pandemia en la economía nacional.

“La actual situación demanda que las personas o grupos que más puedan contribuir a soportar los efectos económicos flexibilicen la exigencia de los créditos  de los cuales son titulares para impedir que las personas menos favorecidas paguen los costos de la crisis económico-social derivada del coronavirus”, detalló.

El proyecto señala que la suspensión del cobro de agua y electricidad se aplicará a quienes pertenezcan al sesenta por ciento de los hogares más vulnerables, según la calificación socioeconómica establecida en el Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

Por su parte, el costo asociado a la implementación de la iniciativa se imputará a las utilidades recibidas por las empresas proveedoras de los servicios señalados en el último ejercicio tributario y no generará posteriores obligaciones para los beneficiarios de esta ley.