Brazos cortos, pero manos largas: Hospital San José transfiere servicios por casi 5 mil millones de pesos a empresa de cónyuge de su director

Las derivaciones fueron dividas en dos periodos: Uno entre 2010 y 2017, en el que se percibieron $4.740 millones, a través de 167 órdenes de compra; mientras que el segundo periodo se llevó a cabo en medio de la pandemia (2020-2021), cuando las derivaciones fueron por un monto de $56 millones

Por Leonardo Buitrago

20/08/2021

Publicado en

Chile / Portada / Salud

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El Hospital San José derivó a pacientes por más de $4.700 millones a la empresa Unidad de Nefrología y Diálisis Limitada (o Nefrodiálisis), mientras Luis Escobar González era jefe de la Unidad de Nefrología y Diálisis del establecimiento entre los años 2010 y 2017.

De acuerdo a una investigación realizada por CIPER, se detalló que la esposa de Escobar posee el 25% de acciones en la empresa, que volvió a recibir pacientes durante la pandemia del Covid-19.

Las derivaciones – detalla el portal – fueron dividas en dos periodos: Uno entre 2010 y 2017, en el que se percibieron $4.740 millones, a través de 167 órdenes de compra; mientras que el segundo periodo se llevó a cabo en medio de la pandemia (2020-2021), cuando las derivaciones fueron por un monto de $56 millones.

En ambos periodos el actual director del hospital, Luis Escobar González, estuvo en cargos directivos, primero como jefe de la Unidad de Nefrología, y luego como director de todo el recinto.

No obstante, se conoció desde Fonasa, que ninguna de esas derivaciones fue aprobada por ellos, por lo que el Servicio de Salud Metropolitano Norte detalló que se indagará en los pagos para detectar si hay alguna infracción a la norma o conflicto de intereses.

Orden de compra. CIPER.

Respuesta escueta por parte del Hospital

Al ser consultado por CIPER, el equipo de comunicaciones del Hospital San José dio una “respuesta escueta” y solo dijo que el director se abstuvo de las derivaciones.

El Dr. Luis Escobar se abstuvo de las derivaciones, porque él no era parte de la Comisión Derivadora Hospitalaria. De acuerdo a las instrucciones emanadas por Fonasa, era el Hospital quien debía emitir las Órdenes de Compra (OC) antes del 2017”, expresó el equipo de Comunicaciones.

Esta versión corrobora lo dicho por Escobar, quien asegura que no tomó decisiones para beneficiar a la empresa de su esposa, y en la que él también forma parte y trabaja dos horas por semana.

La última orden de compra que recibió la empresa fue en octubre de 2017, por un total de $36.2 millones, y fue por un servicio de hemodiálisis a adultos.

Entre 2010 y 2017, según registro del Mercado Público, la empresa recibió 167 órdenes de compra por parte del centro de salud. De lejos le sigue el Hospital Barros Luco con 31 órdenes de compra emitidas a la empresa en ese periodo, y luego el Hospital Salvador con otras 21.

A pesar de que las derivaciones frenaron, en marzo de 2020 – a inicios de la pandemia del Covid-19 –, comenzaron nuevamente.

Según contaron desde el hospital, la idea era privilegiar el uso de las camas para el tratamiento de los pacientes graves por coronavirus. Los días y meses que siguieron hubo más órdenes de compra, hasta mayo de 2021.

Todas tuvieron el mismo objetivo, y las órdenes salieron por más de $56 millones en total hacia Nefrodiálisis. Dichas órdenes no estaban autorizadas – nuevamente – por la FONASA, por lo que consideran que se dieron de forma arbitraria.

La autorización – señala la investigación –  era elemental, pues así es como se procede con este tipo de proveedores del Estado desde fines de 2017 en adelante, luego de que en Fonasa se decidiera que serían ellos los encargados de aprobar las derivaciones.

Infracción por normas de derivación

En marzo de 2020, un memorándum firmado por Marta Hernández González, coordinadora del comité nefrológico del Hospital San José, salió dirigido hacia el departamento de gestión comercial de Fonasa.

“Junto con saludar, les informo que a partir del día miércoles 25 de marzo, en el contexto de pandemia COVID19 y por indicación del Director del Hospital Dr. Luis Escobar González, los pacientes crónicos ambulatorios de nuestra unidad de Diálisis serán trasladados a Centros de Diálisis Privados. (C.D.P) (…) De esta manera la Unidad de Diálisis quedará exclusivamente para pacientes hospitalizados del área norte, esto mientras dure el periodo de catástrofe”, indicaron de manera escueta, cita el portal.

La respuesta de FONASA solo duró un día, y – a través de un correo – se informó que se estaban infringiendo las normas de derivación, por lo que “los pagos normales” deberían ser cubiertos por el hospital de origen.

“Estos pacientes no quedarán incluidos dentro de los pagos normales de Fonasa y deben ser cubiertos y pagados por el hospital de origen”, recalca el correo enviado por Rolando Leyton Torres, jefe del departamento de gestión comercial complementaria de la entidad.

Esta solicitud fue pasada por alto por el centro de salud y realizaron las derivaciones.  El argumento de Escobar es que tardaron mucho en responder, por lo que tienen que aceptarlas.

“Deben entender que si tomamos medidas sin verlas en conjunto se generan problemas administrativos y no podemos pagar ni hacernos cargos de estos pacientes, generando confusión en centros y pacientes”, fue la respuesta dada desde Fonasa.

El hospital alega que era necesario la externalización de 22 pacientes ambulatorios, por lo que se informó a Fonasa, y como no se obtuvo una respuesta inmediata, se procedió.

Estos 22 pacientes – refiere el portal – se dividieron entre distintos centros: siete fueron a parar a Nephocare Independencia, siete a Diálisis Norte, seis a Nefrodiálisis, uno a Nephocare Quilicura y otro a Diálisis Lampa.

Conflicto de intereses

El Servicio de Salud Metropolitano Norte indicó que se iniciará “un procedimiento para verificar la veracidad de los antecedentes aportados por su medio y determinar si los hechos constituyen o no infracción a la normativa vigente”, no obstante, el hospital señala que existe un contrato con diferentes centros de diálisis.

Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, considera que se está frente a un conflicto de intereses, debido a que existe un mercado muy competitivo en la Región Metropolitana, y se evidencia que se buscó privilegiar a un proveedor de otro.

 “En este caso estamos en presencia de un evidente conflicto de interés (…) este es un mercado competitivo en la Región Metropolitana, por lo cual no podría darse la excusa de la necesidad de recurrir específicamente a este y no por ejemplo priorizar a otros donde no existan conflictos de interés. Es importante destacar y ver si efectivamente hubo un continuo de aumento o de privilegiar a este proveedor respecto de otro. El conflicto de interés sin duda existe, lo importante es cómo se maneje, y efectivamente en este caso al parecer no fue del todo bien manejado”, puntualizó.

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