Buscar trabajo, arriesgar la vida: La precariedad que sostiene el éxito agroexportador

Por
Nicolás Arraño, Investigador Asistente, Centro de Estudios Migratorios-USACH
Camila Dinamarca, Antropóloga, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas
José Tomás Huerta, Antropólogo
Fabián Frey, Sociólogo

La muerte de Oshin Santos Santos (en la foto), temporera boliviana fallecida el 24 de octubre en Melipilla, obliga a exigir justicia por lo ocurrido y respuestas frente a la desprotección y precariedad que enfrentan hace años quienes trabajan en la fruticultura de exportación.

Según los antecedentes de la Fiscalía difundidos por la prensa, el hombre investigado la habría engañado con una oferta de trabajo para hacerla subir a su vehículo.

Como el paso de furgones de contratistas e intermediarios recogiendo trabajadores para trasladarlos a las faenas forma parte de la rutina cotidiana, el riesgo de subirse a un vehículo desconocido ante una oferta de empleo resulta habitual, aun cuando se disponga de escasos antecedentes sobre el trabajo o quien lo ofrece.

Desde el vehículo, Oshin intentó escapar ante una presunta agresión sexual, sufriendo las lesiones que le provocaron la muerte.

Mientras la investigación penal debe esclarecer las responsabilidades por lo ocurrido, la conmoción pública exige enfrentar las condiciones estructurales de precariedad y desprotección en que se desarrolla la contratación agrícola, cuya atención no puede seguir dependiendo de una nueva tragedia.

Melipilla ocupa un lugar decisivo en esa discusión porque se ha convertido en un epicentro del mercado laboral del valle frutícola exportador, donde se concentra y redistribuye fuerza de trabajo hacia faenas de distintas regiones.

Su ubicación en la cuenca del Maipo y su conexión con Santiago y San Antonio la integran a un territorio articulado por la Ruta 78 y la Carretera de la Fruta, que atraviesa el sur de la provincia y enlaza zonas productoras con el puerto.

Dentro de esa geografía, la ciudad ofrece alojamiento, redes familiares y puntos de enganche como la reconocida Capilla San Serapio o los alrededores del Cementerio Municipal, desde donde parten transportes hacia las regiones Metropolitana, de Valparaíso, O’Higgins y Maule, entrelazando la circulación de mercancías con el desplazamiento cotidiano de quienes las cosechan y procesan.

En torno a ese mercado se ha formado la mayor concentración de población boliviana del centro y sur de Chile, con cerca de cinco mil personas censadas en la comuna en 2024 y un 87 % de ellas trabajando en la agricultura, de acuerdo con datos censales.

La intensidad de esa inserción permite comprender cómo el empleo agrícola organiza también el acceso a la vivienda, el descanso y la vida familiar, una relación que la Fundación Superación de la Pobreza ya advertía en 2019 al documentar precariedad, informalidad y abusos en la provincia.

Por eso, la muerte de Oshin interpela un problema conocido y persistente, cuya continuidad desborda la situación de un empleador o una faena particular y remite más bien al modelo de relaciones laborales que sostiene la actividad frutícola y agroexportadora en el país.

La centralidad agrícola de Melipilla forma parte de un modelo que convirtió a Chile en potencia agroexportadora, como muestra el 59,6 % del valor de las exportaciones mundiales de cerezas frescas que concentró el país en 2025, cuando encabezó también los envíos de ciruelas frescas y deshidratadas e integró el top ten en exportaciones mundiales de una serie de productos agropecuarios, según la SUBREI.

Durante la dictadura, la contrarreforma agraria y la represión desarticularon las organizaciones campesinas y expulsaron de los fundos a miles de familias, excluyéndolas de las asignaciones de tierras, que apenas comprendieron un tercio de la propiedad originalmente reformada hasta 1973.

La privatización de empresas públicas, la reorientación o eliminación de las instituciones de apoyo a la producción y comercialización campesina, una serie de medidas de desprotección y la privatización del agua estimularon la descampesinización y la concentración de recursos y capitales en el emergente sector agroexportador, sucediéndose una expansión frutícola que reorientó territorios hacia mercados externos y sustituyó trabajo permanente por empleo de temporada.

Con el Plan Laboral de 1979 se eliminó además el sindicalismo campesino de base comunal y se restringió la negociación colectiva a la empresa, consolidándose después una modernización que combinó inversiones y tecnología con la pérdida de poder de los trabajadores.

En la provincia de Melipilla, esta reestructuración se profundizó desde los años noventa, cuando la expansión frutícola y agroindustrial fue estrechando el espacio de la agricultura campesina y modificando las formas de producir, trabajar y habitar el territorio.

Así, el cultivo de cereales, hortalizas, legumbres, se ha reducido drásticamente, mientras Melipilla ha pasado a concentrar la mayor superficie cultivada de nogales del país y miles de hectáreas de uva de mesa, palto, cereza y cítricos, dando paso a una integración del territorio a los mercados internacionales que avanzó junto con el desplazamiento de actividades tradicionales y de la agricultura familiar campesina.

Esta transformación ayuda a comprender la configuración de un mercado laboral organizado en torno a las necesidades estacionales de las empresas y al desplazamiento de cuadrillas entre predios y regiones, donde la ciudad de Melipilla funciona como una base de residencia, contratación y traslado desde la cual es posible acceder a faenas distribuidas por el valle central.

Así, a partir de la llegada masiva de inmigrantes para desempeñarse en labores agrícolas, según los censos, Melipilla pasó de ser una comuna con tan sólo 35 extranjeros el año 2002, a 3.402 en 2017 y 11.069 en 2024.

La inserción de las y los temporeros bolivianos se ha desarrollado dentro de esa geografía laboral, mediante redes familiares y de conocidos que facilitan la llegada, el alojamiento y los primeros contactos de trabajo, pero que también se entrelazan con los circuitos de intermediación que controlan el acceso a las faenas.

A ese mercado llegan personas que necesitan pagar deudas, financiar estudios o sostener a sus hijos, y otras que buscan reorganizar la vida después de enviudar o enfrentar violencia familiar, para quienes los ingresos de las cosechas pueden resultar superiores a los disponibles en Bolivia, aun cuando sean inciertos y bajo condiciones de precariedad.

Así, la urgencia de obtener ingresos reduce el margen para rechazar condiciones abusivas, convirtiendo las necesidades que impulsan la migración en una ventaja para quienes disponen de esa fuerza laboral.

La fragilidad de esa inserción se observa en las cifras nacionales del sector, donde la ENCLA 2023 registra un 44,2 % de contratos temporales en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, mientras un análisis de la Encuesta Nacional de Empleo sitúa en 53 % a los temporeros bolivianos sin contrato firmado en noviembre de 2024–enero de 2025.

A esa inestabilidad se suman ingresos insuficientes, pues Fundación SOL calcula con la CASEN 2024 que, en agricultura, ganadería y silvicultura, la mitad de las personas ocupadas percibía $500.000 líquidos mensuales o menos por su ocupación principal y siete de cada diez no superaban los $600.000.

Para quienes parten desde la ciudad hacia los fundos, ese esfuerzo puede comenzar a las dos y media de la madrugada, antes de abordar transportes que salen desde las tres y realizan recorridos de hasta dos o tres horas, en ocasiones hasta Curicó, agregando un tiempo de viaje no remunerado y riesgos asociados a vehículos sobreocupados e incumplimientos de seguridad, situación que ya ha costado la vida de cientos de temporeros y temporeras los últimos años.

Al llegar, el pago a destajo hace depender el ingreso de cuánto se logra cosechar y de circunstancias que el trabajador no controla, como la fruta disponible, su accesibilidad, el clima o su capacidad física, por lo que una oferta de buena remuneración puede terminar en repasar árboles ya cosechados y obtener ganancias inferiores a las esperadas.

Si la lluvia interrumpe las faenas durante días o semanas, la obligación de cubrir arriendo, alimentación y remesas intensifica la presión por aprovechar las jornadas disponibles, de modo que mantener un flujo de ingresos puede exigir prolongar jornadas a costa del descanso y la salud.

En estas condiciones, el contratista puede concentrar decisiones esenciales para la subsistencia, ya que, además de mediar el acceso a la faena, organiza el transporte, administra pagos y, en ciertos casos, proporciona alojamiento o retiene pasaportes, reuniendo dependencias que desbordan el empleo y llegan a constituir prácticas de trabajo forzoso.

Las experiencias incluyen familias que arriendan piezas, otras que construyen viviendas en tomas de terreno y estadías en campamentos de contratistas, donde conservar el trabajo puede condicionar también la permanencia bajo un techo.

Reclamar por un pago o un horario adquiere entonces un costo superior al jornal y limita las posibilidades de cambiar de empleador, mientras las empresas se benefician de relaciones cuya gestión delegan en intermediarios.

La incertidumbre de la situación migratoria profundiza esa subordinación, como muestran las remuneraciones inferiores asociadas a no tener documentos y advertencias de que una persona en situación irregular no podría participar en una paralización.

A ello, se agrega la tramitación de papeles como mecanismo de cobro y retención, donde la vulnerabilidad de mantenerse irregularmente en el país y la necesidad de regularizarse pueden ser aprovechada dentro de una relación que condiciona el ingreso, el alojamiento y la continuidad del empleo.

Las consecuencias alcanzan también la salud, porque al esfuerzo físico se suman el frío, la humedad y la exposición al sol y a plaguicidas, que en noviembre pasado le costó la vida por intoxicación a un trabajador boliviano de 25 años también en Melipilla.

Mientras, la falta de baños y agua en algunas faenas obliga a postergar necesidades básicas y dificulta el aseo. En 2024, agricultura y pesca registraron 3,3 accidentes por cada cien personas protegidas por mutualidades, y agricultura, ganadería, caza y silvicultura contabilizaron 202 enfermedades profesionales con reposo o incapacidad permanente, registros que excluyen al ISL y los daños no denunciados o reconocidos.

Ese riesgo compromete la subsistencia, desde el relato de una temporera que, tras lesionarse la rodilla es enviada a casa sin el pago de ese día, hasta las experiencias de quienes permanecieron semanas o meses sin ingresos por enfermedad.

Aunque el packing ofrece como alternativa contratos, cobertura previsional y mayor estabilidad en algunos casos, esa protección coexiste también con turnos extensos y un desgaste que deja pocas horas para la reposición y el descanso.

Para las mujeres, ese desgaste se entrelaza con los cuidados y la manutención de familias repartidas entre Chile y Bolivia, en un escenario donde un análisis nacional de la CASEN 2022 estimó pobreza multidimensional en el 51,7 % de las migrantes en ocupaciones agrícolas temporales operarias y técnicas.

Entre las migrantes bolivianas hay quechuas y aimaras, estudiantes y trabajadoras provenientes de otros oficios, cuyas trayectorias muestran cómo sostener a la familia puede intensificar el esfuerzo, mientras los insultos racistas y el estereotipo de que los bolivianos soportan más y reclaman menos presentan esas necesidades como una disposición natural al sacrificio.

Si defenderse colectivamente resulta difícil cuando reclamar amenaza el sustento y la permanencia en el país, la debilidad de la organización refuerza esa dependencia, como ilustra la medición del INE que, para diciembre de 2024, estima una sindicalización de 2,2 % en agricultura y pesca frente a 18 % en el total, emergiendo como el sector con la tasa más baja de sindicalización en el país.

A ello se suma que los trabajadores de temporada negocian mediante procedimientos especiales, sin el fuero de negociación ni el derecho a huelga propios de la negociación reglada, lo que restringe sus herramientas para disputar las condiciones del empleo.

En Melipilla se registraron paralizaciones frente a abusos, pero sostenerlas resulta difícil ante el temor de perder el jornal o ser reemplazado, mientras el destajo fragmenta la solidaridad al enfrentar las urgencias de quienes necesitan detener la faena con las de quienes necesitan seguir cobrando.

Esa asimetría resulta especialmente visible cuando se observa la capacidad patronal para impulsar respuestas públicas a sus necesidades, como ocurrió en abril de 2025, cuando la Sociedad Nacional de Agricultura firmó con Migraciones un acuerdo para incorporar trabajadores bolivianos al sector.

En julio de 2026, el Gobierno informó que revisaba una propuesta de la SNA para agilizar permisos y ampliar de 6 a 10 meses la permanencia anual de los temporeros, una agenda de contratación cuyo avance debería traducirse también en garantías laborales, de seguridad social y posibilidades efectivas de organización para las y los trabajadores.

Entre las trayectorias laborales de miles de bolivianos y bolivianas que llevan años nutriendo de fuerza de trabajo al sector agroexportador y la muerte de Oshin existe una historia de desprotección por la que autoridades y empresas deben rendir cuentas, porque la continuidad del problema de fondo vuelve inaceptable que su atención siga dependiendo de una nueva tragedia.

Fiscalizar con herramientas institucionales adecuadas a empleadores e intermediarios, garantizar seguridad social y fortalecer la organización y la negociación colectiva, son exigencias frente a un modelo que traslada los costos del éxito exportador a las familias trabajadoras, mientras restringe su capacidad de disputar las condiciones de vida y trabajo.

La justicia para Oshin debe acompañarse de acciones contra esa precariedad estructural, con la misma capacidad de respuesta que se moviliza para asegurar mano de obra a la agroexportación.

Fuentes y referencias

-Dirección del Trabajo (2025). ENCLA 2023. Informe de resultados.
-Durán, Gonzalo y Kremerman, Marco (2026). Los bajos salarios de Chile. Un análisis de la Encuesta CASEN 2024. Fundación SOL.
-Durán, Andrés; Mateluna, Bárbara; Niculcar, David; Nilo, Joaquín (2026). Tasa de sindicalización según actividad económica: enfoque integrado de registros administrativos y encuestas. INE.
-Frey Rioja, F. (2024). Trayectorias laborales de temporeras/os agrícolas bolivianos residentes en Melipilla [Tesis para optar al título de sociólogo, Universidad de Chile].
-Fundación Superación de la Pobreza (2019). Migración laboral en la provincia de Melipilla, región Metropolitana. Diagnóstico territorial de inserción agrícola, informalidad, condiciones de empleo y abusos laborales.
-Huerta Leng, J. T. (2024). El “tiempo libre” de los/as temporeros/as agrícola migrantes y su cosificación en la forma ocio: el caso de los residentes bolivianos en Melipilla [Tesis de pregrado, Universidad Academia de Humanismo Cristiano]
-Instituto Nacional de Estadísticas (2024). Censo de Población y Vivienda 2024.
-SERMIG, 16 de abril de 2025. Acuerdo con la Sociedad Nacional de Agricultura para integrar trabajadores bolivianos al sector agrícola chileno.
-SERMIG, 13 de julio de 2026. SERMIG y Agricultura buscan facilidades en visas para temporeros. Informa la propuesta de la SNA y la ampliación propuesta de seis a diez meses de permanencia anual. El anuncio describe una modificación en preparación.
-SUBREI, 30 de mayo de 2026. Chile fue el mayor exportador de 25 productos en 2025. Liderazgo y participación mundial en exportaciones frutícolas.
-SUSESO (2025). Informe anual de seguridad y salud en el trabajo 2024.