Cámara aprobó en general proyecto de impuesto a los «súper ricos»

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles en general la reforma constitucional para establecer, por única vez, un impuesto a los “súper ricos”, con el que se busca generar recursos para enfrentar la pandemia por el Covid-19.

El proyecto, que establece un impuesto a determinadas personas naturales, destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia, fue aprobado por 105 votos a favor, superando con creces el quórum de 3/5, vale decir los votos de 92 diputados. En tanto, hubo 18 en contra y 26 abstenciones.

Sin embargo, aunque se esperaba que quedara hoy despachado de la Sala, por ser objeto de indicaciones, la propuesta volverá a la Comisión de Constitución para un segundo informe donde deben ser discutidas y votadas las indicaciones que parlamentarios le dieron al proyecto.

Impuesto del 2,5% al patrimonio de las grandes fortunas 

La iniciativa que fue presentada por la diputada Camila Vallejo (PC) tiene como objetivo procurar una alternativa de financiamiento para una renta básica de emergencia por la vía de establecer, de manera transitoria, una mayor carga impositiva a quienes son calificados como los más ricos de Chile.

En específico, se busca que lo recaudado vaya como una renta básica de emergencia al 80% de los hogares más vulnerables del país.

La iniciativa establece un impuesto transitorio del 2,5% al patrimonio de las grandes fortunas personales sobre aquella parte del patrimonio neto que exceda el monto de $22 millones de dólares.

La propuesta afectaría a aquellas personas naturales que, al 31 de diciembre de 2020, tengan domicilio o residencia en Chile.

El proyecto establece la forma para efectuar la valoración del patrimonio neto, que se entenderá como la totalidad de los bienes, derechos, valores y/o beneficios que conforman su activo, ubicados en Chile o el exterior, deducidas las deudas u obligaciones fehacientemente acreditadas, contraídas para su adquisición y excluido el valor del inmueble que sirva de casa habitación.

En cuanto a la fecha de pago, se señala que el impuesto se devengará cuando sea publicada esta reforma constitucional y deberá ser declarado y pagado dentro de los 60 días corridos contados desde ese momento. Además, agrega que no será deducible, acreditable ni compensarse contra otros impuestos y establece sanciones a las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al correspondiente.

Impuesto a las mega empresas

El proyecto también contempla un aumento transitorio, del actual 27% a un 30%, de la tasa del Impuesto de Primera Categoría para las grandes compañías con ingresos superiores a 1.000.000 UF ($41 millones de dólares) por las utilidades percibidas o devengadas durante el ejercicio de este año y el próximo.

Para los contribuyentes a quienes se aplique este aumento transitorio se les aumentará proporcionalmente la tasa de pagos provisionales mensuales que, según la Ley sobre Impuesto a la Renta, les corresponde pagar en los ejercicios 2021 y 2022.

Además, la iniciativa señala que, en este mismo periodo, se terminarán con beneficios tributarios establecidos en la Ley sobre impuesto a la Renta y la exención de impuestos que beneficia a los retiros de los Fondos de Inversión Privado.

Finalmente, la norma establece que se deberá rendir cuenta a la Cámara respecto del rendimiento, recaudación y administración de estos impuestos y el cumplimiento de su finalidad, exponiendo los planes de entrega y financiamiento a las familias beneficiadas. Dicha cuenta tendría un carácter público y estaría sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República.

Debate entre el oficialismo y la oposición

El impuesto a los súper ricos, junto al tercer retiro del 10%, es otro proyecto que claramente incomoda a La Moneda  y de hecho durante su tramitación el Gobierno ya anunció que hará reserva de constitucionalidad para frenarlo.

Sin embargo, a la hora de la votación, 26 de sus parlamentarios del oficialismo votaron a favor de darle luz verde en general.

No obstante, durante el debate un grupo de legisladores de Chile Vamos refutaron la iniciativa. Sostuvieron que era abiertamente inconstitucional y se planteó que, si se avanzaba en un cobro al patrimonio individual, también debía incluirse un impuesto a algunas organizaciones o partidos políticos de izquierda. Asimismo, se afirmó que se usaba el dolor y las expectativas de la gente para un desquite de quienes han ganado su patrimonio legítimamente.

Desde la UDI se habló de un “discurso de odio” por parte de la izquierda, y el diputado Issa Kort señaló que “este proyecto usa el dolor de la gente para reintroducir un desquite ideológico de la izquierda».

En la oposición apuntaron a la necesidad de establecer un tributo de estas características para ayudar a las familias a enfrentar de mejor manera la pandemia.

«No queremos que los trabajadores sigan asumiendo el costo de la crisis sanitaria», dijo la diputada PS Daniella Ciccardini, mientras la autora del proyecto, la PC Camila Vallejo, insistió en que “buscamos una herramienta regulada por ley para que exista más generosidad, una redistribución de una riqueza que está en el país, pero está concentrada».

También hubo críticas hacia el Presidente Sebastián Piñera, por su afán en recurrir al TC para intentar bloquear la iniciativa.

“El presidente se debía poner a la cabeza de este proyecto e invitar a otros súper ricos a sumarse a la idea, pero en vez de liderar el proyecto ha hecho lo contrario y lo que hace es recurrir al TC”, lamentó el subjefe de la bancada del PS, Jaime Naranjo