Cambio de medidores: Advierten posible inconstitucionalidad por transgresión del derecho de propiedad

La Comisión de Minería y Energía acordó la conformación de una mesa técnica para definir qué aspectos específicos debe modificar el proyecto que establece que la instalación de equipamientos nuevos, así como la revisión y reparación de empalmes y medidores, será de cargo exclusivo de la respectiva distribuidora.

Los legisladores tenían programado iniciar la votación de las indicaciones de la propuesta, de autoría de los senadores Carlos Bianchi, Carolina Goic, Ximena Rincón, Yasna Provoste y Alfonso De Urresti. Pero, en la última sesión, advirtieron que es necesario conocer mayores antecedentes del mercado eléctrico, de la legislación que lo rige y el sistema tarifario, antes de pronunciarse sobre las disposiciones redactadas.

El presidente de la instancia, senador Álvaro Elizalde, recabó el apoyo de sus colegas para postergar el estudio en particular, argumentando que “no tiene sentido revisar los cambios que propusimos porque con las exposiciones que hoy tuvimos, podemos advertir que hay consecuencias insospechadas, que desconocíamos, de la entrada en vigencia del Ley N° 21.076 de febrero de 2018, más allá de la instalación de medidores inteligentes”.

El congresista se refiere a los comentarios que hicieron el subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázabal; y particularmente, los del profesor del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile, Rafael Plaza. En simple, el académico explicó por qué la norma sería inconstitucional.

Así las cosas, se decidió que los equipos de los senadores junto a los del Ministerio de Energía, se reunirán en los próximos días para volver a redactar las indicaciones y fijar principios básicos a considerar. Tras ello, se materializaría la votación en la Comisión.

La inconstitucionalidad

El académico de la Universidad de Chile aseguró que hay una serie de problemas con la ley, particularmente con el artículo 139 bis. Éste señala que “el empalme y el medidor son parte de la red de distribución y, por tanto, de propiedad y responsabilidad de la concesionaria del servicio público de distribución o de aquel que preste el servicio de distribución. Los decretos tarifarios a que se refieren los artículos 120, 184 y 190, o el que los reemplace, determinarán la forma de incluir en sus fórmulas tarifarias la remuneración de estas instalaciones, así como las condiciones de aplicación de las tarifas asociadas a ellas».

Entre los problemas citados por el profesor Plaza, están materias de carácter patrimonial, legal (choque de artículos) y financiero. Respecto a lo primero, y que fue en lo que puso más énfasis, Plaza aclaró que “todo pasa por cómo se materializa la ley eléctrica respecto a los medidores. Antes de la norma, los consumidores eran dueños de estos dispositivos (solo un pequeño porcentaje los arrendaba a la compañía). Ahora, las distribuidoras son las propietarias”.

“Este punto tiene efectos constitucionales, porque se cambia la propiedad de los medidores. El traspaso de los consumidores a las empresas, genera un menoscabo para las primeras. Se abre la posibilidad de que algún consumidor reclame los efectos que genera esto en su patrimonio y solicite una compensación en tribunales”, expresó el académico.

Plaza también graficó que “antes del 139 bis, los usuarios podían ponerse de acuerdo y generar sub sistemas de distribución al margen de la distribuidora. Esto era porque las facultades de la distribuidora llegaban hasta el empalme. Ahora llegan hasta el medidor. El poder de un organismo intermedio como es una comunidad de consumidores, se ve afectado en un mercado donde hay un monopolio natural”, concluyó el especialista.

Fuente: Senado