Violencia policial

Camila Vallejo, Félix Avilés y vocero de la CONES piden fin a la justicia militar tras caso de aborto provocado por Carabineros

Diputados del Partido Comunista, Félix Avilés, el vocero de la Cones, José Corona, y la Agrupación de Víctimas de Violencia Policial acompañaron a María Cajas, la mujer que recibió una patada por parte de una carabinera y sufrió un aborto forzado.

Por Vanessa Vargas

03/06/2016

Publicado en

Chile / Portada / Represión

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mariapazDurante la movilización secundaria del pasado 26 de mayo, cuando la Intendencia de Santiago decidió no autorizar la convocatoria, se produjo una serie de denuncias por abuso de violencia policial. La más grave fue relatada por María Paz Cajas, una mujer de 33 años que intervino la detención de un grupo de secundarios que estaban siendo violentados por Carabineros y terminó sufriendo diversas agresiones que terminaron por provocarle un aborto forzado. 

El hecho provocó el rechazo de numerosos sectores y volvió a poner en discusión los peligros que los ciudadanos corren en diversos procedimientos en los que participan los uniformados. Por ello, este viernes se reunieron los diputados del Partido Comunista Camila Vallejo y Hugo Gutiérrez, además del padre de Rodrigo Avilés, Félix Avilés, el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), José Coronado, la Agrupación de Víctimas de Violencia Policial y la misma María Paz Cajas para exigir el fin de estos casos de abuso y también el cese de la justicia militar.

«Queremos manifestar nuestra preocupación por los sistemáticos casos que nos han llegado de víctimas de violencia policial, que además ha terminado no sólo en heridos y casos de tortura, sino que también en asesinatos. Lamentablemente vemos cómo esos casos han quedado en total impunidad producto de la justicia militar«, señaló Camila Vallejo.

11jose-gerardo-huenanteLos casos de abuso policial abundan en los últimos años de democracia: en 2006, el menor de edad José Huenante desapareció tras ser detenido por Carabineros en Puerto Montt -hasta hoy su paradero es desconocido-, y el estudiante Manuel Gutiérrez fue asesinado por el sargento Miguel Millacura mientras observaba una protesta junto a su hermano. El caso fue cerrado por la justicia militar con una sentencia inédita: 400 días de firma del carabinero involucrado.

En 2013, el ex dirigente estudiantil Jorge Brito sufrió diversos vejámenes tras su detención en Valparaíso -un caso que la justicia militar aún no inicia-, y en 2015, en manos del mismo sargento, se produjo el asesinato de Nelson Quichillao, el minero subcontratado que participaba de una protesta en El Salvador. Recientemente, además, el presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, Roberto Zambrano, relató que fue torturado y humillado por la policía tras su detención. Esto, sólo por mencionar algunos de los múltiples casos.

María Paz Cajas: «Mi caso es sólo uno más de lo que se vive en Chile»

tiare-v-1aEn la conferencia de prensa, María Paz Cajas señaló que aún no estaba preparada para revivir y dar testimonio de todo lo que vivió durante la jornada del 26 de mayo. «Yo no participaba de la marcha», contó, añadiendo que «lo que vi ese día fue la violación de los derechos de unos niños, no pude quedarme ajena a lo que estaba pasando».

Cajas recalcó que algunos de los estudiantes secundarios estaban siendo ahorcados y golpeados duramente con lumas, lo que provocó su intervención. Así comenzó a ser violentada también por Carabineros y recibió una patada en su vagina por parte de una uniformada, lo que terminó por provocarle el aborto.

 

«No quiero hablar mucho de lo que me pasó, porque todavía estoy asimilando y me cuesta, en su momento contaré todo cuando me  sienta mejor. Quiero que se sepa que mi caso es sólo uno más de lo que se está viviendo en Chile«, enfatizó.

A juicio del diputado Hugo Gutiérrez, el ejercicio de los derechos constitucionales de reunión y expresión deben ser cautelados por las policías, y no vulnerados como ocurre hoy en el país. Además, recalcó su apoyo a la gestión del INDH en la materia y de los observadores que notifican la violencia institucional que se aplica en las calles.

«Queremos que estos casos se investiguen por la justicia ordinaria y no por la justicia militar, ya no se tolera más, son tiempos de cambios relevantes y es fundamental que no tengamos más casos como este. Hay jóvenes maltratados y asesinados, como el caso de José Vergara de Iquique, que hasta el día de hoy su familia no sabe dónde está. Esto tiene que terminar», recalcó.

En camino al reconocimiento del abuso policial como práctica sistemática

lienzo manuel gutierrezEn la instancia participó el coordinador de la Agrupación de Víctimas de Violencia Policial, Miguel Fonseca, quien contó que están realizando una campaña ciudadana para que el gobierno presente el proyecto de ley -comprometido en su programa- que ponga fin a la justicia militar en Chile.

La agrupación pretende instalar el próximo 25 de agosto, fecha en la que se conmemora el asesinato del estudiante Manuel Gutiérrez, como el Día de las Víctimas de Violencia Policial. El caso del joven de Macul simboliza, aseguran, la impunidad en que se resuelven la mayoría de estos casos.

«Llamamos a congregarnos y a manifestarnos para que el gobierno cumpla su compromiso con los derechos humanos. Este es un día que se instala para que se reconozca que en Chile hay víctimas de violencia policial sistemática», aseguró.

En la instancia también habló Félix Avilés, padre del joven que durante el 21 de mayo pasado fue gravemente herido por acción del carro lanza aguas de Carabineros. En su opinión, poner fin a la impunidad en estos casos es la única forma de conseguir transformaciones institucionales sustantivas.

«Lo relevante es construir una sociedad donde las instituciones públicas tengan una conducta con un eje articulador de respeto a la vida y a los derechos de las personas», señaló. Además, recalcó que existe «una conducta de omisión para que se establezcan ciertos escenarios que a Carabineros o a FFEE los autorice a tener este tipo de conducta. La responsabilidad de Burgos es total».

José Coronaconferencia, vocero de la CONES, puso énfasis en la responsabilidad del Intendente Claudio Orrego y del ministro Jorge Burgos en estos hechos. «Esta no es la manera en la cual se le debe tratar a los movimientos sociales en un gobierno que se dice progresista», apuntó el estudiante.

Por último, la diputada Camila Vallejo informó que durante la próxima semana, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara recibirá a María Paz Cajas, instancia donde también se hará presente el INDH. Además, buscan reunirse con el ministro Burgos para ver en qué está el proyecto que pone fin a la justicia militar y con el director general de Carabineros.

 

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