Campamentos en resistencia se movilizarán en rechazo a ley promovida por UDI, RN y Evópoli que criminaliza tomas de terreno, ocupaciones de inmuebles y recuperaciones de tierra

La iniciativa parlamentaria 14.015/25, presentada por el senador por la Araucanía, Felipe Kast (Evópoli) y las senadoras Ena Von Baer (UDI) y Marcela Sabat (RN) busca modificar el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes. El texto legal plantea penas de cárcel por vivir en campamentos y a autoriza a Carabineros realizar desalojos sin órdenes de tribunales.

Por Leonardo Buitrago

09/05/2021

Publicado en

Chile / Ciudadanos al Poder / Portada

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Este lunes 10 de mayo, a partir de las 10:00 de la mañana, los campamentos en resistencia se movilizarán en San Antonio en una jornada de protesta en rechazo al proyecto de ley presentado por parlamentarios de la UDI, RN y Evópoli que criminaliza las tomas de terreno, ocupaciones de inmuebles y recuperaciones de tierra.

La iniciativa parlamentaria 14.015/25, presentada por el senador por la Araucanía, Felipe Kast (Evópoli) y las senadoras Ena Von Baer (UDI) y Marcela Sabat (RN) busca modificar el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes.

El texto legal plantea penas de cárcel por vivir en campamentos y a autoriza a Carabineros a realizar desalojos sin órdenes de tribunales.

Desde los movimiento sociales y los campamentos de tomas de terrenos advierten que este proyecto de ley es parte del paquetazo represivo que el gobierno de Piñera ha impulsado para tratar de frenar la creciente protesta y la tendencia de las masas populares a desbordar la legalidad. 

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Señalan que la iniciativa tiene como objetivo principalmente entregar mayores herramientas persecutorias a las policías y fiscalías para hacer frente al aumento de las recuperaciones de tierra en la Araucanía.

Asimismo, busca dotar al Estado de mayores herramientas para facilitar los desalojos de las recuperaciones de tierra por parte de las comunidades mapuche y las tomas de terreno donde los pobres de campo y ciudad se esfuerzan para construir un lugar donde vivir con dignidad.

A través de un comunicado, la articulación de tomas y campamentos de alto Hospicio, Calama, Valparaíso, San Antonio y la Florida, denunciaron que el proyecto de ley 14.015-25 criminaliza las tomas de terrenos.

«Quieren imponer pena de cárcel y penas de trabajo forzoso no remunerado en “beneficio de la comunidad” para quienes  ocupan una casa o se toman un terreno», explicaron.

También alertaron que autoriza el desalojo de las tomas sin autorización judicial

«Esto nos entregaría  sin defensa en manos de carabineros  que han desatado una violencia criminal y desmedida contra el pueblo  en las protestas y movilizaciones sociales», expresaron.

A continuación el texto íntegro del comunicado

DECLARACIÓN PÚBLICA

Al pueblo de Chile y la comunidad internacional. Las abajo firmantes denunciamos y declaramos:

Primero: que Chile y el mundo atraviesan una crisis económica y social agudizada por la pandemia sanitaria del covid 19, que a raíz de las malas políticas sociales y la codicia de los gobiernos neoliberales,  ha generado el colapso económico, el empobrecimiento y precarización de  millones de familias que perdieron su fuente laboral y que han debido costear los altos costos del virus, sus secuelas físicas, mentales y económicas.

Segundo: que las políticas internacionales del imperio sobre países como Chile apuntan al control social sobre los pueblos que, anterior a este cuadro mundial se levantaron contra las políticas empobrecedoras y precarizadoras de los gobiernos neoliberales como el de Sebastián Piñera, decretando leyes y normas que apuntan al control hegemónico policial y militar de territorios en resistencia,  y en ningún caso a la detención del avance de la pandemia que cada día cobra miles de vidas en el planeta. En este sentido denunciamos al estado de Chile por perseguir y encarcelar jóvenes que se movilizaron durante el estallido y revuelta popular. Exigimos la libertad inmediata sin dondiciones para las y los presos políticos y reparación integral para las familias.

Tercero: que tanto la crisis mundial económica y social, como la pandemia del covid 19 han desplazado a miles de familias chilenas y no chilenas (inmigrantes) a abandonar sus residencias de origen, donde vivieron allegados o pagando arriendos extraordinariamente elevados, para instalarse de manera muy precaria en terrenos baldíos, abandonados por privados o por el mismo Estado. Según un artículo publicado por el diario electrónico biobiochile.cl del 25 de marzo del presente año, “el porcentaje de campamentos aumentó un 73% en Chile desde el 2019”. “Esto equivale a un total de 81.643 familias que habitan 969 campamentos en el país, siendo este el dato más alto desde 1996”. Por otra parte el mismo artículo indica que “En comparación a lo arrojado por el catastro del MINVU 2019, estos nuevos resultados significan un aumento del 73,52% en la cantidad de familias y un 20,32% en el número de asentamientos”. 

Cuarto: denunciamos el vergonzoso enriquecimiento de las familias millonarias de este país durante la pandemia, mientras miles nos empobrecemos y aumentan las familias sin casa, unos pocos se enriquecen morbosamente, sin vergüenza frente a nuestros estupefactos ojos. “Dentro de este grupo privilegiado de ricos, se encuentra el presidente de Chile Sebastián Piñera Echeñique, con una fortuna estimada de US$ 2.900 millones, lo que es un incremento respecto de los US$ 2.600 millones evidenciados en la última edición del ranking” presentado el año pasado. Esta información es sacada de un artículo publicado por el “Diario Financiero”, el 6 de abril del año en curso, que entrega datos mundiales aportados por la Revista Forbes, que realiza cada año un ranking de las personas y familias más ricas del mundo, donde se da cuenta que el año 2020 “los más millonarios aumentaron en más de US$ 5 billones (millones de millones) su patrimonio, una cifra nunca antes vista”.

Quinto: denunciamos que parlamentarios ricos de este país como Ena Von Baer (UDI), Marcela Sabat (RN) y Felipe Kast (Evopoli), presentaron al senado el proyecto de ley 14.015-25, que:

  • criminaliza las tomas de terrenos. Quieren imponer pena de cárcel y penas de trabajo forzoso  no remunerado en “beneficio de la comunidad” para quienes  ocupan una casa o se toman un terreno.
  • Autoriza el desalojo de las tomas sin autorización judicial. Esto nos entregaría  sin defensa en manos de carabineros  que han desatado una violencia criminal y desmedida contra el pueblo  en las protestas y movilizaciones sociales.
  • Dicen que las tomas de terreno han crecido porque las sanciones actuales son muy bajas (solo multas) y porque los tribunales se demoran en ordenar un desalojo. Todo eso es mentira. Las tomas crecen porque la  dictadura de Pinochet y esta falsa democracia convirtieron  el derecho a la vivienda  en el mercado de la vivienda.

Sexto: denunciamos el robo y apropiación ilegal de tierras ancestrales, rurales y urbanas en beneficio del negocio inmobiliario, donde los políticos del duopolio tienen acciones e intereses económicos, y que este proyecto de ley anti tomas, no beneficia a propietarios de pequeños predios, ni familias sin casa, ni familias que postulan al subsidio habitacional, solo beneficia a los grandes terratenientes, forestales, especuladores de suelo e inmobiliarias.

Séptimo: denunciamos la arremetida de la ultraderecha parlamentaria de intentar despojar al pueblo mapuche y pueblos ancestrales de sus tierras a través de una ley que criminaliza a quienes realizan recuperación de tierras, ocupación de suelos urbanos abandonados y a quienes protegen  la madre tierra de manera autónoma.

Octavo: hacemos un llamado a todas las tomas, campamentos, comités de allegados y a los sin casa  a unir las fuerzas en una sola acción, una sola voz,   contra el intento de un grupo de parlamentarios de criminalizar las ocupaciones “ilegales” a sabiendas del problema social y la crisis humanitaria habitacional que vive Chile y el mundo.

Noveno: exigimos el retiro inmediato de este proyecto de ley maldita,  denunciamos públicamente a  los parlamentarios de la derecha que presentan el proyecto de ley 14.015-25 ,  exigimos el fin de la persecución a  quienes luchan por un techo y entregamos nuestra solidaridad inmediata a los pobladores que enfrentan querellas por usurpación en la toma Altos de Placilla de San Antonio

Decimo: exigimos aplicación de un programa de reubicación bajo la asignación directa del DS 49 que promueva el buen uso de la tierra, la vida digna, la posesión comunitaria del suelo y la aplicación extraordinaria de emergencia de una ley de suelos que otorgue posesión del suelo a las familias que ya se encentran habitando una toma o campamento.

Por un plan nacional de vivienda social que construya viviendas dignas y a bajo costo para todas y todos¡¡¡

Alerta pobladores de todos los territorios. Transmite este mensaje. Organízate y lucha!!!

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