Escándalo

Carabineros en la cuerda floja tras denuncias de montaje en “Operación Huracán” y frustrado allanamiento a cuartel policial

“Hemos constatado que hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que contienen las supuestas conversaciones que inculpan a estas personas, pudieron haber sido artificialmente instalados en los equipos telefónicos después de que fueron incautados”, afirmó el fiscal de La Araucanía. Por Felipe Menares Velásquez.

Cerca de las 11 horas de este viernes 26 de enero, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron hasta las dependencias de Carabineros en Temuco, con el fin de realizar un allanamiento, luego de que la fiscalía regional haya acusado irregularidades en los informes emanados desde la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE) y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de la institución, en el marco de las indagatorias por la denominada “Operación Huracán”.

No fue muy hospitalario el recibimiento para los efectivos de la PDI, puesto que afuera de las dependencias ubicadas en calle Pablo Neruda, había un carro lanza aguas, un carro lanza gases y un bus con personal de Fuerzas Especiales, según reportó Biobiochile.cl.

Vehículos policiales afuera del recinto que la PDI debía allanar.

De todas formas, el allanamiento no alcanzó a concretarse, puesto que desde Carabineros alegaron que el aviso debió haberse concretado 48 horas antes, por lo que el cuartel quedará sellado, de acuerdo a informaciones del portal de noticias.

En un punto de prensa, la vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, afirmó que “Carabineros se opuso a la diligencia de allanamiento y que se incaute material al que necesitábamos acceder. (…) No nos había pasado que los recintos policiales fueran recintos especiales, no sabíamos que existían recintos privilegiados”.

“Manipulación de la evidencia”

El jueves 25 de enero, el fiscal regional de La Araucanía, Crsitian Paredes Valenzuela, dio el tiro de gracia a la “Operación Huracán”. Junto con cerrar la investigación, abrió otra en contra de la UIOE por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, por hechos que podrían ser constitutivos de delito en el procedimiento que dio con la entrega de antecedentes desde la policía uniformada al Ministerio Público, hecho que se concretó el 20 de septiembre de 2017, luego de que Carabineros realizara indagaciones bajo el alero de la Ley de Inteligencia.

Fiscal Paredes

Tres días después, Carabineros detuvo a ocho dirigentes mapuche y, al mismo tiempo, incautó sus teléfonos celulares, con el fin de dar con unas conversaciones vía WhatsApp y Telegram que habían sido obtenidas en la investigación previa e incorporadas en un oficio entregado a la fiscalía. Aquellas comunicaciones daban cuenta de supuestos acuerdos para realizar ataques incendiarios en la zona de conflicto.

“Carabineros no sólo practica las detenciones, sino que es quien incauta los teléfonos y se entrega de inmediato la solicitud para que sean periciados por los organismos especializados de dicha institución, en este caso el laboratorio de Carabineros. En el marco de la investigación contamos con pre informes periciales y luego con informes definitivos que dan cuente del hallazgo de conversaciones entre los imputados y que son o serian el reflejo de aquello que había sido liberado vía inteligencia en el informe 130. Tenemos un informe, donde solo hay transcripciones y, después, el trabajo pericial ya en sede de Fiscalía desarrollado por Carabineros, donde se establece que existirían estos hallazgos de estas conversaciones”, explicó el fiscal Paredes en conversación con radio Duna.

Sin embargo, los peritajes desarrollados por la fiscalía detectaron irregularidades en los archivos correspondientes a las supuestas conversaciones de los dirigentes mapuche detenidos.

Detención de Héctor Llaitul

Según el relato de Paredes, “una vez que Carabineros dice que están estas conversaciones que son de este tenor, que son las mismas que se hallaron por inteligencia, nosotros hacemos un nuevo peritaje pero esta vez interno, a través de un perito de la unidad de Delitos Económicos. Este perito concluye que hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que contienen las supuestas conversaciones que inculpan a estas personas, pudieron haber sido artificialmente instaladas en los equipos telefónicos después de que fueron incautados, ya que no corresponde ni al formato ni a la ubicación en que se almacena la mensajería en estos aparatos”.

“En el marco de esta nueva causa, originada por las inconsistencias en las pericias, se ordena un nuevo peritaje, esta vez a un perito particular, que ratifica las conclusiones a las que arribó el peritaje de la unidad de lavado de activos de la Fiscalía Nacional”, añadió el persecutor.

Esto porque, según dijo el fiscal a radio Bío Bío, “hemos constatado que hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que contienen las supuestas conversaciones que inculpan a estas personas, pudieron haber sido artificialmente instalados en los equipos telefónicos después de que fueron incautados, ya que no corresponden ni al formato ni a la ubicación en la que se almacena la mensajería en los aparatos telefónicos”.

¿Quién ideó el montaje?

A pesar de los hechos conocidos en las últimas horas, los comuneros señalaron desde un principio que la “Operación Huracán” se trataba de un “burdo montaje” para a “criminalizar la causa mapuche”. Esas fueron las expresiones que usaron Héctor Llaitul Carrillanca, vocero político de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y Ernesto Llaitul Pezoa, su hijo, cuando permanecían detenidos.

Los familiares de los ocho comuneros debieron recurrir a la Corte Suprema para conseguir su libertad. Ellos también subrayaron que se trataba de un montaje. En octubre, El Ciudadano conversó con Wilson Cid, padre del detenido David Cid Aedo. En la instancia, aseguró que el operativo se trataba de “un montaje ideado desde el Ministerio del Interior, donde el Ministerio Público está coludido con Carabineros y la prensa empresarial para tomar detenidos a los dirigentes mapuche más representativos y para ello configuran unas pruebas falsas mediante WhatsApp, el cual tiene eco en la prensa empresarial que es cómplice de este montaje”.

Mahmud Aleuy

Finalmente, el 19 de octubre la Corte Suprema resolvió acoger el recurso de amparo presentado por la defensa de los comuneros, dictaminando poner fin a la prisión preventiva en la que se encontraban los ocho comuneros mapuche que cumplen hace casi un mes.

Eso sí, las sospechas de los dirigentes apuntaron al rol jugado por el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, quien incluso viajó a Argentina a los días de producirse la detención para «intercambiar información» con autoridades de ese país, cuyo gobierno también está en conflicto con comunidades mapuche.

En una reciente entrevista realizada por El Mostrador, Héctor Llaitul sostuvo que “más allá de que haya una arista nueva del caso que tiene que ver con una funcionaria de la Fiscalía involucrada, lo que queda en evidencia es que la mensajería vía Whatsapp era una creación artificiosa, nosotros lo dijimos, era un montaje muy elaborado de parte de la ANI -Agencia Nacional de Inteligencia- y de parte de Carabineros. Hay responsabilidades en este montaje de parte del Gobierno, del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, pero la participación operativa la tiene la Agencia Nacional de Inteligencia, y la unidad de inteligencia de Carabineros, bajo la responsabilidad del general -Gonzalo- Blu”.

 

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