El abogado defensor del comandante Claudio Guajardo, Humberto Palamara, abordó este lunes en el programa «La Mañanera» la ampliación de la querella por la muerte del conscripto Franco Vargas.
El Juzgado de Garantía de Arica acogió la ampliación de la querella por el cuasi delito de homicidio del conscripto Franco Vargas en medio de una marcha militar en Putre. El abogado defensor de la familia del conscripto entregó nuevos antecedentes sobre el caso, los cuales señalan el rol de encubrir que habría cumplido Javier Iturriaga, Comandante en Jefe del Ejército. Además, involucran a dos diputados miembros de la comisión investigadora del caso.
“Nosotros ya nos habíamos querellado pero en sentido amplio contra los que resultaran responsables de lo que sucedió en el sector de Putre. Particularmente, yo defiendo al Comandante Claudio Guajardo quien era el Comandante del Batallón de conscriptos que fue desplegado a la localidad de Pacollo”, señaló Palamara en la entrevista a cargo de Javier Pineda.
El abogado señaló que Pacollo está situado a 4192 metros de altura, por lo que se debió someter a los conscriptos a exámenes hiperbáricos para determinar si podían o no trabajar en altura. Sin embargo estos exámenes no se realizaron. Además, Palamara indicó que los conscriptos no contaban con la vacuna contra la influenza.
“Los informes médicos que se han hecho han determinado que si bien la altura no es algo que provoque en sí misma la muerte del conscripto Franco Vargas o de las lesiones que sufrieron los conscriptos, sí determinó que fue una circunstancia agravante y que influyó prácticamente en todos los casos”, relató el abogado.
Además, Humberto Palamara cuestionó la versión entregada por el comandante en jefe del Ejército ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados el 1 de julio de 2024. Según Palamara, el general afirmó que ni la vacunación contra la influenza ni los exámenes de hipobaria formaban parte de los protocolos militares, lo que calificó como falso.
El jurista aseguró que la vacunación estaba contemplada y se aplicó posteriormente, mientras que respecto a los exámenes de hipobaria, recalcó que en 2023 ya existía un protocolo vigente. Incluso, señaló que una orden del Comandante de Operaciones Terrestres disponía expresamente la realización de estas pruebas a los conscriptos antes de someterse a entrenamientos en altura.
Palamara sostuvo que los conscriptos fueron enviados a zonas de gran altitud sin haberse comprobado previamente su capacidad para resistir esas condiciones. Agregó que los exámenes recién se realizaron tras la muerte del joven Franco Vargas y que más de 100 conscriptos reprobaron. Bajo esa hipótesis, afirmó que si Vargas hubiera sido evaluado antes, probablemente no habría sido desplegado y hoy seguiría con vida.
Palamara acusa intento de “ganar” a parlamentarios con armamento militar
Otro elemento mencionado en la querella está relacionado a la participación de los diputados Luis Malla y Cristián Araya. Ante esto Palamara declaró que el día 30 de agosto del 2024, ambos diputados realizaron fueron parte de la comisión de investigación, realizando una visita para constatar el estado de las instalaciones. Según el abogado en aquella visita el comandante en jefe del Ejército le solicitó a un soldado un arma de guerra e invitó a los diputados a disparar con ella. Palamara indicó que Iturriaga no tiene la facultad para proporcionar armas y municiones de guerra a ciudadanos.
“Yo interpreto que lo que el comandante en jefe quiso hacer es ‘aguachar’ a estos diputados para que no encontraran, para que no vieran, todas las deficiencias que tenían las instalaciones, como se verificó que efectivamente existían”, agregó.
El abogado advirtió que el hecho podría constituir más de un delito, ya que se debería verificar si los diputados cuentan con un permiso para porte de armas y si existió el delito específico respecto al “uso y hurto” de material de guerra. Palamara declaró que podríamos estar ante un delito de cohecho, pero que eso lo debe revelar la investigación.
Por último, el abogado señaló que ahora cabe esperar que el Ministerio Público solicite al Tribunal una fecha para la formalización. “El fiscal Carrera que es el fiscal Regional de Arica y Parinacota ha estado todo este tiempo haciendo investigaciones y a mi entender, yo creo que viene próxima la formalización de todas las personas que él estime que han participado en algún delito relacionado con estos hechos de esta caminata que hicieron los conscriptos”, concluyó.
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