Caso Hornos de Lonquén: Carabineros condenados deberán cumplir su sentencia en la cárcel de Colina 1

Tras ratificarse la condena de 15 años a cinco carabineros en retiro, por el homicidio calificado de 15 personas en Isla de Maipo una vez consumado el golpe de Estado de 1973, la ministra en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, ordenó la reclusión de los ex uniformados en el penal de Colina I.

Se trata de los ex uniformados David Coliqueo Fuentealba, Justo Ignacio Romo Peralta, Félix Héctor Sagredo Aravena, Jacinto Torres González y Juan José Villegas Navarro, quienes el 7 octubre de 1973 detuvieron a 15 campesinos en Isla de Maipo, a quienes encerraron en un cuartel, los interrogaron y los sometieron a torturas.

Al día siguiente, los detenidos -cuyas edades fluctuaban entre los 17 y 51 años- fueron llevados hasta unos antiguos hornos de una fábrica de ladrillos abandonada, cerca de la localidad de Lonquén, donde los mencionados carabineros los asesinaron a tiros, metiendo posteriormente los cadáveres dentro de los hornos, los cuales finalmente sellaron con cemento.

Posteriormente, el año 1978, el hallazgo de los cadáveres estremeció a la opinión pública nacional y marcó un doloroso hito para los familiares de los detenidos desaparecidos, pues confirmó la sospecha de que sus parientes estaban definitivamente muertos.

Asimismo, el régimen de Pinochet y sus aliados de la Derecha política ya no pudieron continuar aseverando que «muchos de los presuntos desaparecidos no tienen existencia legal», tal como lo dijo el 7 de noviembre de 1975 el delegado de Chile ante las Naciones Unidas, Sergio Diez, en la Tercera Comisión de la Asamblea General de aquel organismo.

Así, los nombres de Sergio Maureira Lillo y sus cuatro hijos, Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y José Manuel; Oscar Hernández Flores y sus hermanos Carlos y Nelson; Enrique Astudillo Alvarez y sus dos hijos Omar y Ramón; y los cuatro jóvenes Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro, pasaron a la historia como la primera trágica evidencia de la masacre cometida por las Fuerzas Armadas de Chile contra su propio pueblo, tras el golpe de Estado de 1973.

Primera Comisión a Lonquén

Según consigna el sitio Memoria Viva, el 30 de noviembre de 1978, la Vicaría de la Solidaridad, en ese entonces bajo la dirección del sacerdote Cristián Precht, creó una Comisión encargada de verificar las declaraciones hechas por un anciano, quien aseguraba haber encontrado varias osamentas humanas en las minas abandonadas de Lonquén.

Ese día, partió rumbo a Lonquén la comisión integrada por Enrique Alvear, el obispo auxiliar de Santiago; el Vicario Precht y Javier Egaña, Secretario Ejecutivo de la Vicaría; el abogado jefe de la Vicaría, Alejandro González; el abogado Máximo Pacheco; el director de la revista Qué Pasa, Jaime Martínez, y el subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez.

Los hornos, ubicados al interior de la cooperativa agrícola El Triunfador, a unos 14 kilómetros de la ciudad de Talagante, eran dos viejas chimeneas de nueve metros de altura previamente utilizadas para la preparación de cal.

«Llegados allí, el abogado González removió los escombros y se introdujo por la bóveda. Comenzó a despejar el camino hacia arriba, partiendo de la base del horno a nivel de la tierra, y un tórax humano le cayó encima. Poco a poco fueron viendo que la chimenea del horno estaba tapada por un amasijo de fierros y enrejados que ocultaban una mezcla de huesos, ropa, cal y piedras», señala uno de los testimonios recogido por Memoria Viva.

La comisión regresó a Santiago y al día siguiente, el primero de diciembre, presentó una denuncia formal ante la Corte Suprema. El presidente de la Corte, Israel Bórquez, encargó a la jueza del crimen de Talagante, Juana Godoy, que confirmara el hallazgo e investigara el caso.

Godoy convocó a Investigaciones y antes de que estos llegaran al sitio, partió rumbo a Lonquén con un grupo de la Vicaría encabezado por el sacerdote Gonzalo Aguirre, y el cual además incluía al fotógrafo Luis Navarro. La Vicaría, mientras tanto, había contratado una empresa constructora para que iniciara las excavaciones. Así, dentro de tres días, el doloroso trabajo estaba listo y los restos de los quince cuerpos habían sido sacados del lugar donde fueron arrojados por sus verdugos, recientemente condenados por la justicia.