Caso Penta: Fiscalía acusa a 22 personas y pide que Piñera declare como testigo

La Fiscalía presentó una acusación contra 22 personas en el marco del caso Penta, causa que investiga el financiamiento ilegal de la política por parte del grupo empresarial controlado por Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano.

En la listado de personas apuntadas por el Ministerio Público, figuran las esposas de ambos especuladores, Verónica Méndez y María de la Luz Chadwick, respectivamente, ambas acusadas por delito tributario, por lo que arriesgan 4 años de presidio.

Pablo Zalaquett y Laurence Golborne

La acción de la Fiscalía también afecta a los ex candidatos al Senado, Laurence Golborne y Pablo Zalaquett, para quienes se pide la misma pena solicitada en el caso de Méndez y Chadwick; y a Felipe de Mussy (ex diputado UDI) y Carlos Bombal (ex senador UDI), quienes arriesgan 541 días.

Asimismo, otro de los acusados es Santiago Valdés, ex administrador electoral de la campaña de Sebastián Piñera. La Fiscalía también pide 4 años de presidio y una multa equivalente al 300% del monto de perjuicio fiscal. Con motivo de este caso, el órgano persecutor solicitó como testigo al mandatario chileno, para que responda además por las operaciones de Bancorp.

Pese a las numerosas acusaciones interpuestas ante el Octavo Juzgado de Garantía, Mauricio Daza, uno de los querellantes en el caso Penta, manifestó su descontento con el accionar del fiscal Manuel Guerra.

“Estamos frente a un caso el cual fue desmantelado por parte del fiscal Guerra y, por lo tanto, lo que queda son solamente aquellos restos que se han pretendido mantener y que no corresponden a lo central de este caso, el cual es uno de los de corrupción más importantes que se hayan conocido por parte de nuestra justicia”, comentó el abogado, según consigna Biobiochile.cl.

Carlos Lavín (izquierda) y Carlos Délano (derecha)

Los que zafaron

Meses atrás, los controladores de Penta accedieron a una salida alternativa para evitar un juicio oral. En este acuerdo con la Fiscalía, Manuel Guerra resolvió recalificar los delitos, por lo que ambos empresarios fueron condenados a cuatro años de libertad vigilada por delitos tributarios, al pago de 1.700 millones de pesos y al cumplimiento de un programa formativo sobre ética en dirección de empresas.

Otro que zafó fue el ex subsecretario de Minería del primer gobierno piñerista, Pablo Wagner. Si bien estaba acusado por delitos tributarios y recibir coimas, fue absuelto de los cargos por el delito de cohecho y declarado culpable de delitos tributarios y enriquecimiento ilícito.