La instalación de nuevos proyectos de gestión de residuos en el sector de Chaqueta Blanca, en Antofagasta, ha reabierto cuestionamientos sobre el cumplimiento de la normativa ambiental, los cambios de criterio institucional y los vínculos previos de actores públicos con empresas del rubro, en una zona clave para la disposición final de desechos en la comuna.
El sector de Chaqueta Blanca concentra infraestructura crítica para la disposición final de residuos en la comuna, incluyendo el relleno sanitario concesionado y proyectos asociados al manejo de desechos. Se trata de una zona donde confluyen inversiones públicas, concesiones de largo plazo y decisiones con impacto sanitario, ambiental y urbano para Antofagasta.
En abril del 2024, el Ministerio de Bienes Nacionales — mediante una concesión de uso oneroso — entregó un terreno fiscal de 64,83 hectáreas para la implementación de RESCON en Antofagasta, ubicado en la zona Chaqueta Blanca. Dicha concesión fue otorgada al Consorcio Santa Marta para el manejo de residuos de la construcción y demolición.
La eventual operación de un RESCON en las inmediaciones del relleno sanitario Chaqueta Blanca no solo plantea interrogantes sobre el uso del suelo y la zona de protección exigida por la normativa sanitaria, sino también sobre el uso de accesos viales diseñados y financiados exclusivamente para el funcionamiento del relleno sanitario concesionado,
considerando que en la consulta de pertinencia ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental – PERTI-2024-6154 – el proyecto declaró contar con acceso vial propio, balanza independiente, garita de control e instalaciones autónomas, infraestructura que, a la fecha, no se encuentra materializada en el terreno.
En ese entonces se señaló que la entrega de terreno surgió de la necesidad que tenía la comuna por disponer de un centro de residuos. Bajo ese contexto, Bienes Nacionales entregó al Consorcio Santa Marta mediante decreto del inmueble que se encuentra en el sector Chaqueta Blanca con el fin de llevar a cabo la iniciativa “Manejo de Residuos Sólidos de la Construcción”, que haría posible disponer cada año de cerca de 60 mil metros cúbicos de escombros generados en la ciudad.
La concesión fue entregada por un periodo de 25 años, renovables y la empresa contó con un plazo de 48 meses para ejecutar el proyecto.
En ese entonces, la seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta – Angelique Araya Hernández – señaló que la iniciativa buscaba contribuir a solucionar una problemática que la comuna cargaba por años y que generaba la existencia de vertederos clandestinos, micro basurales e incluso quemas e incendios que ponían en riesgo la salud y calidad de vida de los vecinas del sector.
Normativa sanitaria, accesos exclusivos y vacíos en la fiscalización
Sin embargo, cabe recordar que el Decreto Supremo N°189 del Ministerio de Salud, que regula el funcionamiento de los rellenos sanitarios, establece la obligación de mantener una zona de protección de 300 metros al interior del sitio, donde no se pueden emplazar edificaciones ni instalaciones de servicios durante la vida útil y el cierre de estas infraestructuras. El cumplimiento de esta norma no es discrecional y debe ser fiscalizado por las autoridades competentes.
«El proyecto del Relleno Sanitario deberá asegurar una zona de protección de 300 metros al interior del sitio, en la que durante la vida útil y el cierre de la instalación no se podrá construir edificios para uso habitacional ni de servicios, debiéndose establecer en el respectivo proyecto el uso que se dará al sector en donde se dispondrán los residuos y a la zona de protección, ello sin perjuicio de la norma vigente sobre urbanismo y construcción», señala textual el artículo 9 del citado decreto.
El cumplimiento de esta norma no es discrecional, ni dependiente de interpretaciones administrativas, y debe ser fiscalizado por los organismos competentes.
Antecedentes administrativos señalan que el acceso vial al relleno sanitario Chaqueta Blanca fue diseñado específicamente para el funcionamiento del Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Domiciliarios. Además, estudios técnicos mandatados por la Municipalidad de Antofagasta y ejecutados por organismos públicos y consultoras especializadas evaluaron alternativas de acceso considerando criterios de seguridad vial y uso exclusivo y limitaciones técnicas para dicho recinto.
En octubre de 2022, aquella definición fue reforzada al momento en que la Municipalidad de Antofagasta estableció expresamente que el camino de acceso desde la Ruta A-26 al relleno sanitario era de uso exclusivo para el centro de tratamiento, lo que descartó la posibilidad de utilizarlo por iniciativas privadas, incluyendo al Consorcio Santa Marta.
Todo lo anterior fundado en razones de seguridad vial, al considerar la ruta peligrosa; uso de suelo, por falta de rentabilidad de nuevas obras y por cumplimiento normativo, ya que existe la prohibición expresa de compartir infraestructura financiada con fondos públicos con empresas como Consorcio Santa Marta.
«Las consideraciones que se han dado a conocer por la Municipalidad de Antofagasta, tienen el propósito de declarar que el camino de responsabilidad municipal, correspondiente al acceso desde la Ruta A-26 al Centro de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables, es exclusivo para este fin, por tanto, no se autorizará permiso de uso de paso o accesibilidad a través de este camino a ninguna otra iniciativa o propuesta privada que la considere, inclusive del Consorcio Santa Marta», se declaró en el documento firmado por el entonces alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez.
La fiscalización del cumplimiento de estas restricciones recae, dentro de sus respectivas competencias, en organismos como la Municipalidad de Antofagasta, la Seremi de Salud, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, sin que hasta ahora exista un pronunciamiento público que aclare cómo se está resguardando la normativa en este sector.
A pesar de lo anterior, en el último periodo alcaldicio se habrían adoptado decisiones que permiten el tránsito de camiones asociados a iniciativas privadas por el mismo acceso definido como exclusivo y construido con fondos públicos provenientes de un FNDR del Gobierno Regional de Antofagasta. Este cambio de criterio ha reabierto interrogantes sobre la coherencia de las decisiones administrativas y sobre qué organismos debían fiscalizar el cumplimiento de las restricciones previamente establecidas.
En este escenario, surge una pregunta central que hoy no tiene una respuesta pública clara: si la normativa vigente impide la instalación de proyectos dentro de la zona de protección del relleno sanitario y restringe el uso de sus accesos, ¿bajo qué criterios se han permitido iniciativas privadas en el sector Chaqueta Blanca?
A estas interrogantes de carácter normativo y administrativo se suman antecedentes vinculados a estándares de probidad y prevención de conflictos de interés en el propio Gobierno Regional de Antofagasta.
Vínculos previos y eventuales conflictos de interés
Por otro lado, antecedentes públicos podrían abrir cuestionamientos por un eventual conflicto de interés en el Gobierno Regional de Antofagasta, luego de que se conocieran vínculos previos del ex intendente Arturo Molina Henríquez con empresas del rubro de gestión de residuos, antes de asumir como asesor del GORE.
Según antecedentes disponibles en el Portal de Transparencia, Arturo Molina Henríquez se desempeñó como asesor a honorario del Gobierno Regional de Antofagasta entre el 8 de septiembre de 2025 y el 31 de diciembre del mismo año, con una remuneración bruta de 3 millones de pesos.
De acuerdo a la información obtenida en el portal, sus funciones estuvieron orientadas al seguimiento de proyectos energéticos, electromovilidad, coordinación interinstitucional con la Seremi de Energía y desarrollo de infraestructura de carga pública.
Según los antecedentes contractuales disponibles, las funciones asignadas a Molina no incluían atribuciones ni responsabilidades vinculadas al manejo de residuos, licitaciones ni contratos de ese rubro
Sin embargo, antecedentes muestran que Molina habría estado relacionado con la empresa Dimensión, vinculada al rubro de manejo de residuos domiciliarios y que actualmente mantiene la concesión del relleno sanitario Chaqueta Blanca, instalación estratégica para el tratamiento y destino final de los residuos de la comuna.
Según antecedentes disponibles, en enero de 2026 Molina habría firmado un acta de visita a terreno en representación de la empresa Dimensión, en el marco de una licitación de la Municipalidad de Antofagasta destinada al servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios.
En esa línea, los antecedentes señalan que su vínculo con la empresa se habría extendido a meses previos a su incorporación al Gobierno Regional, ya que en abril y mayo de 2025 Molina habría participado como representante de Dimensión en visitas a terreno asociadas a licitaciones del propio GORE Antofagasta, relacionadas con la remoción de microbasurales en La Chimba y la limpieza de líneas de agua y quebradas en sectores urbanos.
El cruce entre estas gestiones privadas previas y su posterior desempeño como asesor del Gobierno Regional abre cuestionamientos respecto a la eventual existencia de conflictos de interés, considerando la cercanía temporal entre ambos roles y el carácter estratégico que tiene el rubro de residuos en la región.
Asimismo, registros oficiales consignan gestiones de lobby realizadas por Arturo Molina Henríquez en representación del Consorcio Santa Marta, antecedente que refuerza la necesidad de que las decisiones administrativas en este ámbito se adopten con máxima transparencia y estricto apego a la normativa vigente.
El caso se da en un contexto donde el manejo de residuos ha cobrado especial relevancia en la región, con proyectos de alto impacto ambiental y financiero. Este medio intentó contactar a Arturo Molina Henríquez para conocer su versión respecto a estos antecedentes, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.
Estándares de probidad y prevención de conflictos de interés
Especialistas en probidad administrativa señalan que situaciones de este tipo deben analizarse bajo el principio de prevención de conflictos de interés y el deber de abstención, especialmente cuando involucran a ex autoridades o asesores con vínculos previos con empresas que participan en contratos con el Estado.
Hasta el cierre de este reportaje, no existía un pronunciamiento público claro y coordinado por parte de las autoridades competentes respecto al cumplimiento de la normativa sanitaria, la legalidad del uso compartido de accesos exclusivos y su correcta fiscalización, y las eventuales medidas de resguardo frente a posibles conflictos de interés en el sector.
En una materia de alto impacto ambiental, sanitario y financiero, el silencio institucional no despeja dudas: las profundiza.
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