Chile: El urgente llamado desde la vida rural en La Araucanía ante la emergencia sanitaria

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Si bien los focos iniciales de los contagios fueron urbanos y de selectos grupos vinculados a viajeros turísticos e instituciones públicas, como ha sido el caso de numerosos funcionarios y autoridades del gobierno regional, quienes se convirtieron en agentes propagadores del Covid 19, hoy, la Región de La Araucanía vive una situación crítica cuya expansión se ha arrastrado a diversos sectores populares y rurales campesinos, donde existen preocupantes condiciones ante la emergencia sanitaria.

El descabezamiento de autoridades de instituciones públicas a causa de los contagios y cuarentenas por el Covid-19, ha contribuido a que la región de La Araucanía, la quinta en números de habitantes a nivel país, se convierta, luego de la Metropolitana, en la con mayor número de infectados y muertes, con un Temuco liderando entre todas las comunas de Chile en cantidad de afectados por la propagación, llamando la atención que la delegada presidencial designada recientemente para coordinar las políticas del ejecutivo, Andrea Balladares, sea de Santiago y su especialidad sea “seguridad interior” por su desempeño en el Ministerio del Interior y no de contingencia sanitaria epidemiológica, considerando además que esta comuna vive un toque de queda militar y una cuarentena total sanitaria la que se ha extendido a una segunda semana.

El llamado desde la vida rural en la comuna de Temuco

Un amplio sector rural de esta comuna es el sector Boyeco, territorio con una alta población de comunidades Mapuche y que se vio afectada gravemente por más de 24 años en su calidad de vida a causa de un mega basural municipal -que lograron cerrar-, el que afectó toda la vida social, cultural, económica, sanitaria y ambiental del territorio, quienes además debieron soportar la existencia de una serie de micro basurales ilegales en el sector, la contaminación de los esteros y pozos de agua, y además enfrentar una progresiva sequía, situación que generó un radical cambio negativo en la vida de sus habitantes por el daño a las actividades económicas de numerosas familias, como la agricultura.

Desde Tromen-Boyeco, la dirigenta que ha sido impulsora de la Mesa de Salud Mapuche del territorio, Angélica Catrileo, hace un urgente llamado ante la emergencia sanitaria que se vive por el Covid 19: «La verdad es que esto se les ha ido de las manos a la autoridad local ya que no sólo están afectados y abandonados los Lof del territorio de Boyeko, sino que es en todo el sector rural de la comuna de Temuco, que estamos en una situación de grave riesgo, principalmente para aquellas comunidades que no contamos con los servicios básicos mínimos, como es el agua y en algunos casos luz».

«Se jactan de cantidades de millones aprobados por el Core lo cuál tardará una enormidad en tiempo para implementarse y poder atender en primera instancia a nuestros ancianos y ancianas del cual ya sabemos que en su gran mayoría es de origen Mapuche, sumado a eso la cuarentena sin acceso a movilización para llegar a la ciudad en busca de provisiones, sin internet para los permisos virtuales de cuatro horas, sin los recursos económicos necesarios para provisionarnos», agregó Catrileo.

En esa línea, la dirigente mapuche recordó que «se ha insistido desde el comienzo de esta situación a los servicios de salud para que asistan a los domicilios de nuestros adultos mayores para vacunar contra la influenza, entendiendo que esto no detiene el COVID 19, sin embargo ellos tienen la esperanza de que estarán menos propensos. Creo que en esto último se ha avanzado, pero un poco tarde a mi juicio».

«Por otro lado se ha propuesto aumentar las atenciones principalmente en Boyeko (Cesfam) ya que cuenta con una gran infraestructura y en dónde se debiera extender la atención hasta las 12 de la noche. Se ha propuesto entregar medicamentos a domicilio a los crónicos, siempre con ese criterio de priorización, y de paso los alimentos a nuestros viejitos ya que muchos de nosotros no podemos salir de casa por el tema de locomoción y resguardo del virus. Por primera vez creo en que las cajas de alimentación hoy son necesarias», añadió Catrileo, emplazando a los legisladores a que destinen parte de sus dietas parlamentarias ante las emergencias que están viviendo los sectores vulnerables.

Angélica Catrileo

Estado debe asegurar abastecimiento de alimentos desde producción campesina

Sobre el tema, el Equipo de Trabajo de Derechos Colectivos aseguró que no existe ninguna medida especial desde las instituciones del Estado para asegurar abastecimientos a través de la adquisición directa a agricultores tradicionales de pequeña escala, muchos de los cuales viven la desesperación ante la imposibilidad de vender sus productos.

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Para el Equipo, hay familias en los campos que viven el día a día con ventas a los sectores urbanos, y hoy es imposible trasladar los productos, sin que tampoco exista la disposición desde el Estado para asegurar su traslado y vincularlo a cadenas de abastecimiento y distribución. «Es inaudita la ausencia en estas materias de instituciones como Indap, Conadi y Desarrollo Social, quienes mantienen los registros de todos los sectores productivos en los sectores campesinos», señaló el Equipo de Trabajo.

En este punto, criticaron a Junaeb: «Este año 2020, tiene la obligación de incorporar en una cobertura total, 100 % en todo el país, de que se asegure la compra de productores locales campesinos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para acceder a alimentos más frescos, nutritivos y saludables. Sin embargo, el organismo ante la emergencia sanitaria no aseguró tal medida y las canastas que entregó por medio de las empresas licitadoras en las diferentes regiones durante marzo, impresentablemente, fue únicamente con productos procesados industrialmente, sin que se esté contribuyendo a las economías de los territorios ni a mejorar la alimentación de los escolares y sus familias».

Cabe señalar que Junaeb, por medio de 27 empresas prestadoras de servicios, hizo entrega en el marco de la suspensión de clases ante la imposibilidad de cumplir con el servicio de alimentación escolar, de 1.517.734 canastas individuales de alimentación, reconociendo el propio director de la institución, Jaime Tohá, que a lo menos seis empresas prestadoras en la Región Metropolitana no habrían cumplido con la totalidad del contenido de las canastas entregadas a los estudiantes que pertenecen al Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Para el Equipo de Trabajo de Derechos Colectivos, los problemas no son sólo la falta de productos en esa canasta, lo que también afectó a regiones, sino además el incumplimiento de Junaeb en las políticas de compra en el país, como fue fijado el 2017, cuya norma indica que «se establece una cuota mínima de las compras de materias primas o insumos alimenticios necesarios para la elaboración de las raciones, a pequeños productores locales y/o situados en zonas rezagadas del país», la que a lo menos debe ser el 15 % de las compras totales, en todas las regiones del país este 2020.

El equipo conmina por la emergencia que viven miles de productores campesinos, a que se cumpla esta política pública y aumentar considerablemente las compras directas, sin discriminación, indicando que Juaneb en sus propias directrices establece que «corresponde a las compras efectuadas a proveedores locales, entendiendo por ellos a los que realizan sus actividades primarias en la región en que se entregarán las raciones alimenticias».

«En caso de materias primas de origen agrícola utilizadas para cumplir con la cuota mínima exigida, deberán provenir prioritariamente de agricultores familiares u organizaciones compuestas mayoritariamente por éstos. La condición de pequeño productor agrícola o agricultor familiar deberá ser certificada por INDAP», existiendo para este año 2020 un potencial de inversión de $11.000.000.000 y una cobertura de hasta más de un millón setecientos mil estudiantes.

El equipo destaca que el cumplimiento de esta medida contribuiría efectivamente a fortalecer sus procesos productivos campesinos; potenciar los emprendimientos; organizar los procesos de producción para cumplir con estándares y volúmenes demandados de manera asociativa y colaborativa; y asegurar abastecimientos.

Asimismo, hacen un llamado a los legisladores a fiscalizar el cumplimiento de esta política pública en el programa de alimentación escolar, porque a juicio de este, no es concebible que un derecho y beneficio tan esencial como la alimentación escolar quede entrampado en intereses lucrativos de empresas licitadoras que adquieren productos a sectores industriales, desplazando a miles de productores campesinos.

Finalmente, el equipo de trabajo señaló que otra prioridad que se debe asumir es que se establezcan protocolos sanitarios a los trabajadores y trabajadoras del campo, para prevenir la propagación del covid 19, considerando que amplios sectores rurales, de comunidades rurales de diversos pueblos originarios en todo el país y sectores campesinos chilenos, viven condiciones de vulnerabilidad y falta de acceso a coberturas oportunas de salud pública.