Chile Mejor Sin TLC advierte «grave renuncia» a la soberanía del país por el Tratado que se firmaría con Uruguay

Este martes se discutirá en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el Tratado de Libre Comercio con Uruguay, que ha pasado a segundo trámite constitucional luego de que el 19 de abril pasado fuera aprobado por la Cámara de Diputados con 79 votos a favor y dos en contra.

Este nuevo TLC fue suscrito en Montevideo el 4 de octubre del 2016, y desde entonces, ha debido enfrentar críticas de diversos actores y organizaciones sociales, tanto en Uruguay -donde fue rechazado por el conglomerado de gobierno, a la espera de un estudio sobre sus efectos-, como en Chile.

En nuestro país, la dirigente de la plataforma Chile Mejor Sin TLC, Camila Montecinos, rechazó la forma en que se ha tratado de imponer el TLC, y recordó que el acuerdo ha sido negociado «en secreto», privando de información a la población y a los propios legisladores que deben votar el acuerdo.

“El problema con respecto a la forma de este tratado, es que ha sido negociado en secreto, sin información incluso para los miembros del parlamento, y por otro lado, no ha habido ninguna discusión pública y realmente informada acerca de las implicaciones de este tratado, y eso nos parece una situación profundamente antidemocrática que hay que resolver antes de llegar a votación”, afirmó Montecinos en una entrevista con la Radio Universidad de Chile.

La dirigente explicó que entre los principales argumentos de los opositores a este tipo de iniciativas, se encuentran la pérdida de soberanía de los Estados que los firman, en beneficio de las empresas privadas y extranjeras que pueden, incluso, acudir a tribunales para demandar a un Estado si este no satisface sus pretensiones económicas.

“Chile, a través de este tratado, hace una renuncia bastante grave a su soberanía, porque permite que el país sea llevado a un sistema de resolución de diferencias que significa ir ante un tribunal privado y extranjero, y acepta que las resoluciones de esos tribunales sean vinculantes, es decir, Chile no tiene posibilidad de apelación una vez que ellos definan un veredicto”, detalló Montecinos, quien es especialista en temas agrícolas.

En ese sentido, existe otra forma en la que el Estado pierde soberanía producto del TLC con Uruguay: el artículo 16.2.32, en el que Chile se compromete a consultar cualquier iniciativa legislativa al Estado y las empresas de Uruguay.

“Una segunda forma de renunciar a la soberanía nacional es que todo proyecto de ley que pase por el parlamento debe ser consultado con el Estado uruguayo y con las empresas uruguayas en términos de cuál es la opinión que ellos tienen al respecto, y esas opiniones deben ser tomadas en cuenta, es decir, es un tratado que les está dando la posibilidad de participar en la definición de políticas nacionales a un gobierno extranjero, a empresas extranjeras, siendo que ese es un derecho que nosotros, como chilenos, no tenemos”, indicó Montecinos a la emisora universitaria.

Respecto a los TLC actuales, la dirigente de Chile Mejor Sin TLC afirmó que desde hace un tiempo traspasaron la barrera de lo meramente comercial y del intercambio que se proponían en un comienzo, para ser hoy, más que nada, tratados que protegen y dan garantía a los inversores extranjeros.

“Hoy, los tratados son tratados de garantía a la inversión, es decir, se garantiza a todo inversionista extranjero que va a tener todas las ventajas y privilegios posibles para que aumenten sus ganancias, y no solo eso, sino que, además, se les garantizan las ganancias, esto es, si un inversor no consigue las ganancias que pensaba conseguir, puede demandar al país por no darle todas las facilidades necesarias. Este es el centro del tratado: la garantía a la inversión, a las ganancias, a los inversores”, puntualizó Montecinos.

Por todo esto, desde la plataforma Chile Mejor sin TLC reiteraron el llamado a los parlamentarios a estudiar bien en qué consiste el acuerdo, para así votar a conciencia sobre una política estatal que influirá sí o sí en el devenir diario de la población de los dos países involucrados.

Fuente: Radio Universidad de Chile