CIDH manifiesta su preocupación por libertad a violadores de derechos humanos: «Se debe asegurar el cumplimiento efectivo de la sanción»

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este viernes su preocupación frente al dictamen de la Corte Suprema que concedió la libertad condicional a siete asesinos violadores de derechos humanos, que se encontraban recluidos en el «penal» de Punta Peuco condenados por sus crímenes de lesa humanidad.

El organismo emitió un comunicado público desde Washington, en el que recordaron que «la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido al deber estatal de abstenerse de recurrir a figuras que pretendan suprimir los efectos de la sentencia», apuntando a que «la obligación internacional de sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos no puede verse afectada indebidamente o volverse ilusoria durante la ejecución de la sentencia que impuso la sanción, en apego al principio de proporcionalidad».

En este sentido, la nota de la CIDH enfatiza que, según el sistema interamericano de derechos humanos, las medidas «que le resten sentido o eficacia a las penas impuestas en dichos tipos de crímenes pueden llevar a la impunidad de conductas que los Estados están obligados a prevenir, erradicar y sancionar. Para graves violaciones a los derechos humanos los Estados deben asegurar el cumplimiento efectivo de la sanción que adopten los tribunales internos, considerando que la imposición de las penas debe contribuir verdaderamente a prevenir la impunidad como mecanismo que impida la repetición de los ilícitos».

La nota también incluye algunas expresiones del relator de la CIDH para Chile, el comisionado Luis Vargas, quien advirtió que «el Estado chileno tiene la obligación internacional de no dejar impunes estos tipos de crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena, absteniéndose de aplicar beneficios típicos de crímenes menos graves que puedan desvirtuar los efectos de las sentencias condenatorias para los crímenes de lesa humanidad».

El comunicado insiste que al tomar una decisión de este tipo, además de sustentarla en convenciones nacionales que permiten que los ex internos se reincorporen a la sociedad, debe tomarse en consideración «la afectación que ocasione a los derechos de las víctimas y sus familiares», por lo que, para la comisión, hay que revisar otros factores «más exigentes», como que los inculpados hayan cumplido una parte considerable de la condena, que se considere saldada la reparación civil impuesta, además de que se reconozca la gravedad de los delitos de lesa humanidad.

Finalmente, desde la CIDH realizaron un emplazamiento a la Corte Suprema a realizar el «control de convencionalidad que está llamada a hacer», tomando en consideración los altos estándares locales en relación a violaciones a los derechos humanos.