miércoles, febrero 26, 2020

Clientes de las empresas eléctricas deberán pagar el cambio de medidores

De aquí al año 2025, las empresas distribuidoras de energía remplazarán por «dispositivos inteligentes» todos los medidores de consumo eléctrico que actualmente son propiedad de los clientes, lo que costará mil millones de dólares (660 mil millones de pesos) los cuales deberán ser pagados por los mismos usuarios.

De acuerdo a una investigación de Ciper, el costo calculado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) tendrá que ser asumido por los clientes pese a que el nuevo medidor será propiedad de la compañía eléctrica. Asimismo, los dispositivos no requerirán el trabajo de la persona que mide el consumo en terreno y tampoco de las cuadrillas que cortan y reponen la energía, ya que todo se hará de manera remota.

Con esto, detalla la investigación, las empresas ganarán no solo con el recorte de personal, sino también porque el nuevo medidor registrará hasta el más mínimo consumo, lo que provocará un aumento en las cuentas de electricidad. Además, las compañías tampoco asumirán el costo de la gran inversión, pues ya desde septiembre de 2018 empezaron a incluir en las boletas el cobro por estos nuevos aparatos.

En ese sentido, para calcular cuánto se debía cobrar en las tarifas por el cambio, la Comisión Nacional de Energía encargó un estudio en octubre de 2017 al consultor externo Inecon, el cual se hizo en base a las proyecciones de inversión entregadas por las propias distribuidoras eléctricas.

Así, en septiembre del año pasado, cuando se publicaron las nuevas fórmulas tarifarias, el Gobierno celebró la baja de un siete por ciento en las cuentas en la Región Metropolitana, mientras que en el resto de las regiones aumentaba.

La Comisión Nacional de Energía definió que la propiedad de los medidores debía pasar a las distribuidoras eléctricas y determinó que estos nuevos aparatos tenían que cumplir ciertos requisitos y tener las mismas características a lo largo del país.

En ese sentido, el Congreso -señala la investigación de Ciper– tuvo un rol «clave» con la aprobación de la Ley 21.076 en enero del año pasado, estableciendo que los medidores y empalmes pasan a ser propiedad de las empresas y que los usuarios deberán pagar por los dispositivos a través de tarifas. Esta ley permitió en definitiva la expropiación de los medidores masivamente sin indemnizar a los clientes.

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«Pero esto no es una expropiación, porque tú te vas a quedar con el medidor antiguo. Ahora, que el medidor no te sirva para nada, ya es problema tuyo», dijo a Ciper el ex secretario ejecutivo de la CNE Andrés Romero.

Otro dato entregado por la publicación establece que a fines de 2017, la CNE definió el precio a pagar por el medidor inteligente: 132 dólares, es decir unos 87.500 pesos. Esta cifra no corresponde con lo que el mismo Romero informó a la Comisión de Minería y Energía del Senado, cuando dijo que el valor del medidor «no debería superar los 100 dólares» y agregó que probablemente llegaría al 50 por ciento de ese monto.

«Yo corté ese comité, porque se empezó a generar todo un lío. Es una discusión de mil millones de dólares. Eso es lo que se va a gastar en medidores más o menos. Entonces, hay mucho interés y el proceso no arrojó un resultado que fuera fiable, por así decirlo», aseguró Romero.

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Finalmente, la investigación informa que con el cambio legal, el Estado está legalizando el monopolio de medidores y empalmes en manos de las empresas distribuidoras. En este punto, se detectó a varios actores de la industria realizando presiones para imponer su propia tecnología: Los principales fueron ENEL -que tiene su propio medidor- y Aclara -proveedor de Estados Unidos-.

Y pese a que aún no se ha publicado una norma técnica que defina sus características, la empresa Santiago ENEL Distribución ya ha instalado más de 250 mil nuevos medidores en la capital.

Fuente: Ciper 

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