Cohecho agravado, soborno y lavado de activos: Justicia declara admisible querella de Codelco contra exjueza Vivanco y demás involucrados en trama «Muñeca Bielorrusa»

En el marco del denominado caso «Muñeca Bielorrusa», el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella criminal presentada por Codelco en contra de la exjueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y los otros involucrados, quienes son acusados por «cohecho agravado, soborno y lavado de activos».

En específico, la querella criminal apunta a la exministra de la Corte Suprema Ángela Francisca Vivanco Martínez y Víctor Gonzalo Migueles Oteiza, en calidad de autores de los delitos de cohecho agravado y lavado de activos; contra los abogados Carlos Eduardo Lagos Herrera y Mario Andrés Vargas Cociña, en calidad de autores de los delitos de soborno y lavado de activos; contra el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Rodrigo Yáber Lozano; el conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Abraham Anton Najle Alee; y el dueño de una casa de cambios Harold Pizarro Iturrieta, en calidad de autores del delito de lavado de activos en su modalidad culposa.

«La acción se funda en la exposición de antecedentes contundentes por parte del Ministerio Público en la formalización de los abogados Vargas y Lagos, y del contador Migueles Oteiza. El relato de la Fiscalía en esa audiencia confirmó las sospechas que Codelco mantuvo desde el inicio respecto de la tramitación irregular de su demanda presentada contra el Consorcio Belaz Movitec (CBM)», señalaron desde Codelco en un comunicado.

Desde la cuprífera nacional advirtieron que dichas irregularidades resultaron en sentencias que obligaron a pagar más de $17 mil millones a CBM.

«La querella describe lo ocurrido como un ‘patrón de comportamiento’, en el que la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, habría intervenido reiteradamente para acelerar resoluciones y favorecer los intereses de CBM», se lee en el comunicado de Codelco.

Asimismo, se resaltó que la exministra «efectuó gestiones para que la sala conociera de la orden de no innovar y del fondo del recurso (…) sin que el presidente de la Corte Suprema hubiese dictado la resolución respectiva», y que incluso ordenó «la dictación de una resolución intentando validar el conocimiento del fondo del asunto sin el previo decreto que ordenaba dar cuenta».

Para la empresa estatal, estas actuaciones de la exministra Vivanco constituyen «infracciones a los deberes de su cargo ejecutadas a cambio de beneficios económicos entregados a ella y/o a su pareja», según la evidencia expuesta en la formalización. Lee el comunicado completo aquí.

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