Columna de Luis Mesina: ¿Quiénes son los responsables de la dispersión?

¿Era posible haber unificado a las fuerzas de oposición para enfrentar a la derecha? ¿Qué es lo que impide dicha unidad, o quiénes son los mayores responsables de que esto no ocurra?

Esta semana concluyó el proceso de inscripción de candidaturas para la Convención Constitucional. Como era predecible, la derecha enfrentará el proceso unida y la oposición dividida. ¿Cuáles son las razones que explican esta situación? ¿Era posible haber unificado a las fuerzas de oposición para enfrentar a la derecha? ¿Qué es lo que impide dicha unidad, o quiénes son los mayores responsables de que esto no ocurra?

Para responder veamos el escenario en que se desarrolla todo este proceso. El 18 de octubre de 2019 se produce el estallido social, la revuelta popular adquiere un nivel de intensidad pocas veces visto en la historia de nuestro país. No es solo la capital la que se vuelca a las calles a exigir el fin al abuso, a la corrupción, a la desigualdad; es todo Chile, desde Arica a Magallanes que cuestiona al sistema político, económico y social de los últimos 30 años.

El despertar del pueblo chileno concitó la atención de todo el mundo, y claro, cómo no, se desmoronaba el “modelito chileno” que tanto habían difundido y promovido al exterior los gobernantes desde los 90 en adelante. El modelo privado de pensiones que administraban las AFP era presentado en los foros internacionales con orgullo por los mandatarios y ministros, que recibían cientos de halagos del FMI, del Banco Mundial y de empresarios que, de alguna forma, envidiaban no poder disponer de una inyección permanente de recursos al mercado de capitales como sí Chile lo tenía.

Nuestro país se había mostrado al mundo con cierto exitismo. Un país bien administrado, ordenado, responsable en el manejo de las cuentas fiscales, el más aplicado en adoptar las directrices recomendadas por el “Consenso de Washington”.

Chile se había privatizado. Era un país dirigido oblicuamente por las grandes compañías nacionales e internacionales. Ellas definían la agenda pública. La privatización del país abarcaba todo, la salud, la educación, la vivienda, el agua, las carreteras, todo. Chile se había convertido en 30 años en un gran supermercado, donde el precio de los bienes transables -incluido los derechos sociales-, supuestamente estaría determinado por la oferta y la demanda, sin embargo, tampoco era así, se cometía una trampa al modelo de “economía social de mercado”, que era la grosera concentración económica.

La desregulación acelerada en el país, justificada para favorecer la inversión extranjera, dio nacimiento a los oligopolios, los cuales, al poco andar, comenzaron a instalar el abuso como forma permanente de rentabilizar su capital y de relacionarse con los ciudadanos comunes. Las colusiones, hasta donde sabemos, abarcan industrias esenciales para la vida y la economía de un país, las farmacias, la industria de los pollos, supermercados, pañales, navieras, etc.

Esa realidad provocó luego de 30 años una desigualdad brutal que ubica a nuestro país como uno de los peores del mundo. Todos lo vieron venir. Menos los gobernantes, los partidos políticos del orden y también, una parte considerable de los actuales congresistas no percibieron que las demandas de años, tarde o temprano terminarían golpeando a las instituciones decadentes del Estado chileno.

Fue y es tal el nivel de alejamiento y conocimiento de quienes han dirigido el Estado con los hombres y mujeres sencillas de nuestro pueblo, que aún, después de un año de la revuelta, después de un plebiscito en donde el 80% dijo claro y fuerte no queremos a los “políticos” tradicionales redactando la nueva Constitución, aun así, se empeñan en escamotear la voluntad popular y ser ellos quienes dirijan y controlen el proceso constituyente abierto por la inmensa mayoría de quienes se movilizaron a lo largo del país.

Entonces, responder las interrogantes legítimas que las mayorías formulan en orden a que se enfrentará en listas separadas a la derecha y que esta desunión puede evitar que los cambios reales que se demandan no se concreten, es pertinente. ¿Cuál es la razón? No escucharon. No es solo ahora, hace 30 años que no escuchan. Las direcciones de los partidos del orden han cometido barbaridades. En este último año han dejado que el gobierno con menos de un 5% de legitimidad lleve adelante iniciativas legales abiertamente atentatorias a los derechos de las mayorías. El solo intento de reponer y votar el TPP-11 y la reforma de pensiones que promueven Heraldo Muñoz y Juan Pablo Letelier con Carolina Goic, respectivamente, muestra lo indecoroso que hubiese sido pactar con ellos para conformar listas de unidad.

Los responsables de que el proceso constituyente se enfrente fragmentado -eventualmente con ello favoreciendo a la derecha- es única y exclusivamente responsabilidad de aquellos que teniendo parte del poder se resisten a compartirlo con el pueblo y prefieren continuar con su vieja, fracasada y repudiada forma de hacer política, eligiendo a dedo a quienes ellos consideran los mejores para escribir la nueva Constitución. Les importa poco si estas caras bonitas, rostros de la TV o de la farándula hayan o no aportado efectivamente al cambio que las mayorías lograron con la movilización en las calles y con un alto costo en vidas humanas, prisiones abusivas e injustas, perdidas de ojos y violaciones permanentes a los derechos humanos.

Una sola opción aún nos queda para cambiar las cosas. El pueblo ahora debe decidir, identificando claramente a quienes considera genuinos representantes para escribir la nueva Constitución, y elegir, jugando un rol de fiscalización sobre ellos, para que nunca más nuestros mandatos sean usados para fines distintos a los que el pueblo mandató.

Enero 15 de 2021.-

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