Comisión de Mujeres de la Cámara aprobó en general proyecto que protege a familias víctimas de femicidio

Propuesta tiene como objetivo fortalecer la atención, protección y reparación integral para las familias de victimas y sobrevivientes de femicidios, ya sea en grado de consumación, frustración o tentativa, de conformidad con las normativas y obligaciones internacionales de Derechos Humanos.

Por Opazo

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Chile / Congreso / Género / Justicia y DD.HH

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Con un amplio respaldo, fue aprobado en general en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias (boletín 14013).

La propuesta tiene como objetivo fortalecer la atención, protección y reparación integral para las familias de victimas y sobrevivientes de femicidios, ya sea en grado de consumación, frustración o tentativa, de conformidad con las normativas y obligaciones internacionales de Derechos Humanos.

En la sesión, la diputada Karol Cariola (PC), coautora del texto, enfatizó la urgencia que se le debe dar al trámite de esta norma: “Es un proyecto que contribuye a que las instituciones asuman a tiempo y no se cometan injusticias”, argumentó. En esa línea, solicitó el patrocino del Gobierno.

Ahora, la Comisión comenzará el análisis en particular de la propuesta, etapa en la cual se presentarán indicaciones al texto para perfeccionar su contenido.

Previo a la votación, se escuchó la exposición Leonardo Moreno, representante de la Defensoría Penal Pública, quien valoró en su intervención los objetivos de la propuesta, y planteó algunas observaciones, tales como la necesidad de establecer una coordinación con el contenido del proyecto que garantiza una vida libre de violencia para las mujeres, propuesta que -recordemos- se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado desde enero de 2019.

Luego, Moreno alertó que tal como se encuentra la norma, podría verse afectado el derecho a defensa efectiva, esto, porque se prohíbe la participación de instituciones del Estado en la defensa de agresores. En ese sentido, también alertó sobre la suspensión de labores de los funcionarios públicos que tengan el carácter de imputados por femicidio, ya que podría considerarse una pena anticipada, por lo que recomendó perfeccionar la redacción del texto.

Finalmente, Paulina Ballesteros, jefa de Unidad de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), compartió algunas preocupaciones de la Defensoría Penal Pública, sobre todo en torno a que se garantice el derecho a un debido proceso. Además, sugirió la necesidad de considerar una perspectiva de “justicia restaurativa” de los agresores como se aplica en otras legislaciones.

Junto a esto, también destacó la importancia de considerar un pronunciamiento sobre los alcances del proyecto por parte de la Defensoría de la Niñez. Las parlamentarias acogieron esta última propuesta y acordaron solicitar por oficio el pronunciamiento del organismo, a lo que se suma solicitar la opinión de la Corte Suprema.


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