Comisión revisora de acusación constitucional contra Piñera comienza a sesionar hoy: Diputado José Miguel Ortiz dice que toda la bancada DC votará a favor

Este martes, la comisión revisora de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera dará inicio a sus sesiones de trabajo donde analizarán el libelo impulsado por la oposición en el Parlamento sobre las irregularidades del caso de compraventa del proyecto minero Dominga que involucra a la familia de mandatario y que fue revelado por la investigación periodística internacional Pandora Papers.

De acuerdo con esta investigación realizada por 600 periodistas de todo el mundo incluyendo a Ciper y LaBot , Piñera concretó la venta de sus acciones en el proyecto al empresario Carlos Délano en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes y el contrato contenía una cláusula que dependía de la acción de su Gobierno.

La instancia será presidida por la diputada del Partido Socialista (PS), Maya Fernández y  está integrada además por los diputados Pepe Auth (ex PPD), Florcita Alarcón (ex PH), Virginia Troncoso (ex UDI), y Paulina Núñez (RN), quienes tendrán seis días luego de conocer la defensa para presentar su postura a la Cámara.

En la primera sesión, citada de 10:00 a 13:00 horas en la Sala de Conferencia Juan Bustos del Congreso Nacional, se recibirá en audiencia a Dominique Hervé, abogada ambientalista; a Enrique Aldunate Esquivel, abogado; a Marcelo Drago Aguirre, abogado; a Llankiray Sumac Díaz Díaz, abogada; y a Ezio Costa Cordellla, abogado medioambientalista.

En tanto, en la segunda sesión, programada de 15:00 a 18:00 horas, se recibirá a Jorge Abbott Charme, Fiscal Nacional del Ministerio Público; al periodista y editor de El Desconcierto, Sergio Jara Román; a Pedro Ramírez Pinto, director de CIPER Chile; y a Francisca Skoknic Galdames, editora de LaBot, quienes destaparon el caso

Además, en el hemiciclo estará presente la defensa que representará al mandatario, aunque no tendrá voz en las primeras sesiones a la espera a que el presidente entregue sus descargos a la acusación.  En ese sentido, el Presidente tiene plazo hasta el 28 de octubre para entregar su respuesta a la comisión.

Los parlamentarios tendrán hasta noviembre para dar luz verde al informe final de la comisión antes de iniciar con la acusación constitucional en la sala de la Cámara Baja.

El pasado sábado, el presidente Sebastián Piñera fue notificado de la acusación constitucional que la Cámara de Diputadas y Diputados decidió iniciar en su contra, la cual es parte del protocolo que responde a la actual Constitución y que estipula que el aviso debe llegar tres días después de haberse iniciado el proceso.

Tras la notificación, el jefe de Estado tiene 10 días para presentar su defensa, la cual podrá realizarse hasta el próximo 28 de octubre, pues el plazo no contempla domingos ni festivos.

Bancada DC votará a favor

La oposición buscará conseguir los 78 votos requeridos en la Cámara de Diputadas y Diputados, para que el texto avance al Senado.

Al repecto, el diputado y candidato a Senador por el Bío Bío, José Miguel Ortiz, afirmó que existe un acuerdo en la bancada de la DC en la Cámara de Diputados para votar a favor la acusación constitucional contra Piñera.

Según indicó el parlamentario, se han producido reuniones entre los diputados de la DC y por lo mismo se decidió que fuera el jefe de la Bancada, Gabriel Ascencio, quien firmara el libelo acusatorio.

«Voy a ser muy claro, te lo puedo decir oficial, toda la bancada completa que somos once diputados y una diputada vamos a votar favor de la acusación constitucional, ya lo decidimos ya la semana pasada, por eso es que es el jefe de la bancada; Gabriel Ascencio, firmó la acusación, si no no la hubiera firmado», explicó Ortiz, en declaraciones a Radio Bío Bio.

Sin embargo, el diputado, también de la DC y candidato a senador por Ñuble, Jorge Sabag, no ha confrmado si votará a favor. Cabe recordar que en la primera acusación contra Piñera en 2019, Sabag votó en contra.

El parlamentario plantea que tiene que evaluar en consciencia su voto en esta oportunidad, asegurando que se encuentra en una etapa de reflexión al respecto.

Compraventa de la Minera Dominga

En la investigación de los Pandora Papers se revela que Piñera y su familia estuvieron involucrados con la iniciativa a través de la empresa gestionada por Administradora Bancorp, que controlaba un tercio de la propiedad de Minera Activa Uno Spa, dueña de Minera Dominga.

La operación, se concretó en Chile, con un acta de 14 millones de dólares, mientras que otra operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares.

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Las huellas de la operación, que involucra los negocios de la familia del Presidente de la República y del empresario Carlos Délano, condenado por evasión fiscal y cuestionado por el financiamiento ilegal de la política en el Caso Penta, se encuentran entre los más de 11,9 millones de documentos de Pandora Papers, revelado este fin de semana.

En los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ),se detalla que en diciembre de 2010 en las Islas Vírgenes Británicas, Délano compró la participación de todos los otros socios en Minera Dominga, que incluía a la familia presidencial Piñera-Morel, por un monto total de US$ 152 millones. 

Durante la transacción se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas, cuyo último habría estado condicionado a que el sector no se declarara zona de exclusión. Además, los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses.

En las declaraciones que ofreció Piñera la semana pasada, el mandatario negó que tanto él como su familia cuenten con sociedades de inversión en el extranjero.

«Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero. En el pasado las empresas domiciliadas en Chile que pertenecen a la familia Piñera fueron accionistas de sociedades constituidas en el exterior, pero la existencia y participación en esas sociedades se hizo cumpliendo estrictamente con la ley y se pagaron todos y cada uno de los impuestos que por dichas inversiones resultaban exigibles en Chile», dijo.

Al referirse a la posibilidad de que se presentar una acusación constitucional en su contra, señaló que el libelo “no tiene ningún fundamento”.