Comisiones de Constitución y Pesca de la Cámara aprueban anular la corrupta Ley Longueira, mientras Gobierno irá al TC para defender intereses de las 7 familias

Este martes, las Comisiones unidas de Constitución y Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobaron por 13 votos a favor, 4 en contra- por parte de la UDI- y una abstención el proyecto que declara la nulidad de la Ley de Pesca, conocida como «Ley Longueira».

De ese modo, la iniciativa que busca anular esta ley, concebida a través del cohecho e ilegítima en su origen, fue despachada a la Sala de la Cámara.

El presidente de la Comisión de Pesca, Jorge Brito (RD), indicó que con el proyecto que declara la nulidad de la ley, se busca poner freno a la corrupción, y tramitar una nueva Ley de Pesca justa y sustentable.

«Un paso inédito ¡Logramos aprobar la nulidad de la Ley de Pesca Corrupta en comisiones unidas de Constitución y Pesca! Pronto pasará a la sala. ¡Vamos por una nueva Ley de Pesca justa y sustentable, hechas con las manos limpias!», afirmó en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

Luego de la votación en las comisiones unidas de Constitución y Pesca, el diputado Daniel Nuñez (PC), indicó que el resultado representa un «golpe inédito a la redacción de leyes corruptas», ya que por primera vez en la historia estamos anulado una Ley, en este caso la Ley Longueira, que fue hecha con coimas de las 7 familias y por la que están condenados 2 parlamentarios UDI».

«Acá lo que se está haciendo es que se está anulando una ley que nace de un acto corrupto y que por lo tanto carece de legitimidad para poder ser ley de la República», dijo.

Reserva de constitucionalidad

En tanto, desde el gobierno, el ministro de Economía, Lucas Palacios, anunció que el gobierno hizo uso de la reserva de constitucionalidad, es decir, acudirá al Tribunal Constitucional. Lo anterior debido a que consideran que «el Congreso no tiene la facultad para anular una ley».

Al respecto, la diputada Camila Vallejo (PC) indicó que «si este Gobierno relativiza la corrupción así, es porque la avala».

«El ministro Lucas Palacios anuncia reserva de constitucionalidad del Gobierno al proyecto que anula la ley de pesca. «El congreso no tiene la facultad para anular una ley», dice. ¿Cómo este Congreso va a avalar una ley nacida de puro cohecho?», planteó por su parte la diputada del Frente Amplio, Camila Rojas Valderrama.

Por su parte, el diputado Boris Barrera (PC) indicó que el régimen de Piñera acudirá al TC en defensa de las 7 familias de la pesca industrial que han resultado beneficiadas por la Ley Longueira, entre las que se encuentran las familias Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz, quienes en el último tiempo se han fusionado en tres grandes conglomerados que controlan nada  más  y nada menos  que el 76% de  la  capacidad pesquera industrial del país

La corrupta Ley Longueira

La Ley Longueira o Ley 20.657, fue publicada el 9 de febrero de 2013, durante la administración de Sebastián Piñera, bajo la promesa de solucionar positivamente la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos del país, regular mejor el acceso de los operadores a la actividad pesquera industrial y artesanal, generar normas para fomentar la investigación y aumentar la fiscalización en las pesquerías nacionales.

Sin embargo, el resultado fue todo lo contrario, ya que se transformó uno de los mayores escándalos de corrupción política en la historia del país, con parlamentarios acusados de cohecho, importantes ejecutivos, empresarios y asesores legislativos condenados por ese delito.

Basta recordar el caso del ex senador UDI, Jaime Orpis, acusado de recibir pagos de más de $233 millones por parte de la pesquera Corpesca para beneficiar sus intereses en la discusión de la Ley de Pesca y de irregularidades en el pago de sus asesores, por lo que fue formalizado por los delitos de cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios, que se realizaron de forma reiterada. 

Así como también el de la ex diputada, Marta Isasi, quien está formalizada por delitos reiterados y consumados de cohecho y facilitación de documentos tributarios falsos. Según la Fiscalía habría recibido $40 millones para actuar como representante de los intereses de Corpesca en el Congreso.

Incluso el ex ministro de Economía Pablo Longueira y que le dio el apelativo a la ley, está fuera del ruedo público, formalizado y acusado por el Ministerio Público por cohecho y múltiples delitos tributarios

Todos estos factores le otorgaron una percepción de completa ilegitimidad de origen a la normativa pesquera que se busca anular.

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