Ante los hechos de tortura cometidos contra un funcionario del Hospital Base de Osorno por parte de sus ‘compañeros’ de trabajo, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) condenó categóricamente la situación y recordó que el Estado es responsable de proteger a las personas bajo su custodia y cuidado.
«El CPT recuerda que la responsabilidad del Estado no solo reside en proteger a las personas bajo su custodia y cuidado, sino también en garantizar la integridad y dignidad de los propios funcionarios públicos, asegurando que los espacios laborales sean seguros, inclusivos y respetuosos de los derechos humanos», señalaron en una declaración pública.
Desde la entidad recordaron que a través de la Ley N° 21.154, se designó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), el cual ejerce su mandato de manera exclusiva a través del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), órgano especializado, autónomo e independiente creado para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, conforme al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT).
En ese marco, el CPT condenó «de manera categórica los hechos denunciados en el Hospital Base de Osorno, que revelan actos de vejación, maltrato y tortura contra un funcionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA)».
«Estos hechos demuestran cómo los prejuicios, la estigmatización y la discriminación estructural hacia personas neurodivergentes generan entornos institucionales de riesgo que favorecen la violencia», agregaron.
«Los hechos ocurridos en Osorno evidencian la urgencia de enfrentar de manera estructural los prejuicios sociales que generan discriminación y violencia, promoviendo una cultura de respeto y dignidad hacia todas las personas», concluyeron desde el Comité.
Contraloría ordena control de legalidad a sumario
En tanto, la Contraloría General de la República ordenó someter «extraordinariamente» a control de legalidad la resolución del Hospital con la que se ponga a término al sumario, «para verificar que el procedimiento se ajustó a derecho», indicaron desde la entidad en un breve comunicado.
«Adicionalmente, indagaremos si existen hechos que configuren eventuales responsabilidades administrativas de las jefaturas del centro asistencial», agregaron desde la Contraloría.
Al cierre de esta nota, se informó además que la Fiscalía de Osorno inició una investigación de oficio sobre estos hechos. La fiscal María Angélica de Miguel anunció que se instruyó a la PDI (Policía de Investigaciones) realizar diligencias para determinar eventuales responsabilidades, incluyendo a las jefaturas del recinto.
«Se ha abierto una investigación de oficio a raíz de haber tomado conocimiento el día de ayer de los videos difundidos a través de redes sociales y que dan cuenta de hechos constitutivos de delitos ocurridos al interior del Hospital Base de Osorno», dijo la persecutora, quien detalló que una de las principales acciones será establecer contacto con el afectado a través de la unidad de víctimas y testigos.
Finalmente, se informó también que los sujetos involucrados en las torturas tiene otra denuncia en su contra, por parte de una funcionaria del hospital, que los acusó de discriminación de género, lo que fue confirmado por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) de Osorno.
«Existe una denuncia hecha por una joven trabajadora y en todos estos años no se han tomado medidas concretas y proporcionales a la gravedad de los hechos», manifestó el dirigente Franco Julián. Seguiremos informando.
El Ciudadano