Con impuesto a los súper ricos incluido: Cámara aprueba financiamiento de la Pensión Garantizada Universal

El proyecto será votado ahora por el Senado. Desde el Gobierno, anunciaron que de aprobarse la iniciativa con el impuesto a los super ricos, recurrirán al Tribunal Constitucional.

Por Absalón Opazo

10/01/2022

Publicado en

Chile / Congreso / Economí­a / Portada / Trabajo

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La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes, en primer trámite, el proyecto que elimina o reduce exenciones tributarias para recaudar los recursos que permitan solventar la Pensión Garantizada Universal (PGU) impulsada por el Gobierno de Piñera.

La iniciativa fue aprobada incluyendo un impuesto a los súper ricos, el cual fue incorporado al proyecto a través de una indicación, en la Comisión de Hacienda de la Cámara. En específico, se trata de un impuesto anual sobre el patrimonio de las personas naturales con domicilio o residencia en Chile que superen los cinco millones de dólares o su equivalente en pesos al 31 de diciembre de cada año calendario.

Recordemos que el objetivo de la iniciativa, que viene complementar la ley corta que creó la PGU (en trámite en el Senado), considera recaudar en las arcas fiscales recursos por el 0,35 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual se destinará a completar el financiamiento total del proyecto de la PGU, que establece un aporte mensual de 185.000 pesos para todos los mayores de 65 años pertenecientes al 90 por ciento más vulnerable de la población y considera dineros equivalentes al 0,95 por ciento del PIB.

En ese sentido, no olvidemos que el mecanismo de financiamiento propuesto por Piñera había recibido recibido varias críticas de economistas, incluyendo las sugerencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), entidad que advirtió que los recursos para solventar la Pensión no estaban garantizados a largo plazo en la iniciativa de La Moneda.

El proyecto será votado ahora por el Senado. Desde el Gobierno, anunciaron que de aprobarse la iniciativa con el impuesto a los super ricos, recurrirán al Tribunal Constitucional.

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